La rebelión de los jóvenes: el futuro que las democracias ya no saben garantizar

 

Las protestas estudiantiles que recorren Europa y América Latina expresan mucho más que el rechazo a los recortes educativos o al encarecimiento de la vida. La inflación energética, la crisis de la vivienda, la incertidumbre laboral provocada por la inteligencia artificial y la creciente competencia entre el gasto social y las nuevas exigencias militares están erosionando el contrato entre generaciones. Sin embargo, detrás de unas consignas compartidas existen diferencias históricas profundas entre las movilizaciones europeas y las latinoamericanas.

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Buenos Aires - Las calles han vuelto a convertirse en el lugar donde una generación intenta hacer visible aquello que las instituciones políticas parecen incapaces de resolver. En octubre de 2026, las protestas estudiantiles y las movilizaciones sociales se han extendido por Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal y Albania, mientras Argentina y Chile vuelven a situar la defensa de la educación pública en el centro de la confrontación política. Los motivos inmediatos varían, desde las condiciones de las aulas hasta los alquileres, los salarios y los presupuestos universitarios. Pero una misma pregunta atraviesa las manifestaciones: ¿qué posibilidades reales tiene la juventud de construir una vida mejor que la de sus padres?

La coincidencia temporal no significa que exista un movimiento mundial unificado, dirigido por una organización común o inspirado en una ideología homogénea. Lo que se observa es algo más complejo: una sincronización de conflictos nacionales que comparten problemas estructurales y encuentran en las redes sociales un mecanismo de difusión, coordinación y reconocimiento mutuo. Las investigaciones sobre las movilizaciones juveniles internacionales han señalado reiteradamente la convergencia de tres factores: dificultades económicas, desconfianza hacia las instituciones y percepción de que las decisiones públicas se adoptan sin escuchar a quienes sufrirán sus consecuencias.

El material reunido sobre las protestas de 2026 muestra precisamente esa combinación. Los estudiantes franceses reclaman docentes, instalaciones adecuadas y mejores perspectivas educativas; los belgas denuncian las restricciones presupuestarias; los portugueses y españoles sitúan la vivienda en primer plano; los italianos vinculan los salarios y el coste de la vida con el incremento del gasto militar. En Argentina, la controversia gira alrededor de la financiación de las universidades públicas, mientras que en Chile las movilizaciones responden a los recortes previstos en determinadas partidas educativas. La diversidad de demandas no impide reconocer un denominador común: la creciente distancia entre las expectativas que acompañaron a la expansión educativa y las oportunidades que ofrece la economía contemporánea.

La economía cotidiana detrás de la protesta

La explicación más sencilla atribuye estas manifestaciones a la inflación, los recortes presupuestarios o el malestar contra determinados gobiernos. Son causas importantes, pero insuficientes. Para comprender la amplitud del fenómeno hay que distinguir entre las circunstancias que deterioran las condiciones de vida, los acontecimientos que desencadenan las movilizaciones y la crisis de confianza que permite que una reivindicación sectorial se transforme en una protesta política general.

La inflación constituye una de las primeras piezas de esta cadena. El encarecimiento de los combustibles repercute en el transporte, la distribución de alimentos, los costes industriales y numerosos servicios. El petróleo alcanzó el 20 de octubre un máximo de cinco meses, con el barril de Brent en torno a los 111 dólares, impulsado por la tensión en Oriente Próximo, los ataques contra infraestructuras energéticas y las amenazas a la navegación comercial. La incertidumbre geopolítica añade una prima de riesgo a los mercados y encarece las decisiones de consumo y producción.

El problema no termina cuando los precios dejan de subir. Una vez que la energía y los alimentos se encarecen, los hogares necesitan más ingresos para conservar su nivel de vida, mientras que las empresas afrontan mayores costes y pueden trasladarlos al consumidor, reducir contrataciones o contener los salarios. Aunque la inflación se modere posteriormente, el nivel de precios puede permanecer elevado. La pérdida acumulada de poder adquisitivo se convierte así en una experiencia duradera, especialmente para quienes comienzan su vida laboral con remuneraciones modestas y deben afrontar alquileres, transporte y gastos educativos.

La presión es particularmente intensa en las grandes ciudades europeas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. El aumento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y la competencia por los inmuebles más accesibles dificultan que incluso quienes tienen empleo estable puedan independizarse. La educación superior ya no garantiza por sí sola una posición económica suficientemente sólida para acceder a una vivienda. El ascenso social, que durante décadas legitimó el esfuerzo académico, pierde credibilidad cuando un título universitario no permite asegurar condiciones materiales básicas.

La décima edición del estudio Junges Europa, publicada en junio de 2026 por la Fundación TUI a partir de 8.024 entrevistas a jóvenes de entre 16 y 26 años de siete países europeos, ofrece una medida de esa transformación. Solo el 25% de los encuestados cree que su generación vivirá mejor que la de sus padres, mientras que el 52% espera encontrarse en una situación peor. El optimismo sobre el futuro descendió del 70% en 2017 al 57% en 2026. No se trata de una generación completamente desprovista de iniciativa —el 55% contempla la posibilidad de crear su propia empresa—, sino de jóvenes que combinan aspiraciones personales con una creciente incertidumbre sobre las condiciones colectivas necesarias para realizarlas.

El deterioro de las expectativas también se refleja en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Global Employment Trends for Youth 2026, estimó que el desempleo mundial entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 12,4% en 2025, equivalente a unos 67 millones de personas. El organismo relaciona esta evolución con el crecimiento económico insuficiente, la debilidad de la creación de puestos de trabajo, las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos. La dificultad no consiste únicamente en conseguir una ocupación, sino en acceder a un empleo formal, productivo y suficientemente remunerado para sostener un proyecto de vida.

Cuando estudiar ya no parece garantizar trabajo, y trabajar tampoco permite independizarse, el malestar deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una crisis de expectativas y, finalmente, en una impugnación de la legitimidad de las instituciones que prometieron movilidad social.

Defensa, Ucrania y el dilema de los presupuestos

A esas tensiones se suma una transformación de las prioridades estratégicas de Occidente. Estados Unidos reclama desde hace años una distribución más equilibrada de las responsabilidades defensivas entre los miembros de la OTAN. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados acordaron avanzar hacia una inversión anual equivalente al 5% del producto interior bruto para 2035, de la cual al menos el 3,5% se destinaría a las necesidades esenciales de defensa y el resto a partidas relacionadas con la seguridad y la resiliencia. La OTAN informó de que el gasto de los aliados europeos y Canadá había aumentado casi un 20% en términos reales durante 2025 respecto del año anterior.

Este compromiso modifica el horizonte presupuestario de los Estados europeos. La guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado que la seguridad continental no puede darse por garantizada y que los ejércitos necesitan municiones, sistemas de defensa aérea, capacidades industriales y medios de disuasión que requieren inversiones sostenidas. El apoyo a Kiev responde, además, a una consideración estratégica: impedir que la agresión militar altere por la fuerza las fronteras europeas.

Sin embargo, las decisiones militares tienen consecuencias distributivas. Cada gobierno debe determinar cómo financiar sus compromisos: mediante mayores impuestos, endeudamiento, reasignación de partidas o una combinación de esas alternativas. Cuando se exige simultáneamente contener el déficit, aumentar la defensa y sostener sistemas de pensiones y sanidad sometidos a presiones demográficas, la educación y las políticas juveniles pueden terminar compitiendo por recursos escasos.

La afirmación de que cada euro destinado a defensa se resta automáticamente del gasto social sería, no obstante, una simplificación. Los presupuestos no funcionan como compartimentos estancos: también pueden modificarse los ingresos fiscales, el endeudamiento y las prioridades de inversión. Pero la competencia por el espacio fiscal es real, y se vuelve políticamente explosiva cuando los ciudadanos perciben que se les exige aceptar sacrificios sin una explicación convincente de sus beneficios ni un reparto equitativo de las cargas.

El sostenimiento de Ucrania añade otra dimensión. Las ayudas militares, financieras y humanitarias implican compromisos considerables, mientras la reconstrucción de las capacidades defensivas europeas demanda inversiones adicionales. La decisión de respaldar a Kiev puede justificarse por razones de seguridad colectiva, pero eso no elimina la obligación de explicar cómo se financiará sin deteriorar innecesariamente los servicios públicos. La discusión democrática no debería enfrentar de manera automática la defensa con la educación, sino exigir que los gobiernos hagan explícitos sus costes, objetivos y alternativas.

El incremento de los precios energéticos agrava el problema. Si los hogares deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al combustible, la calefacción y el transporte, disminuye su capacidad para afrontar otros gastos. Si, además, los Estados dedican recursos crecientes a defensa y deben pagar intereses más elevados por su deuda, el margen para ampliar becas, contratar profesores o financiar vivienda asequible se estrecha.

En Francia, donde las protestas educativas han coincidido con una profunda crisis política y dificultades presupuestarias, esa acumulación resulta especialmente visible. En Italia y Bélgica, las reivindicaciones sociales también se han vinculado con el coste de la vida y la orientación del gasto público. La cuestión decisiva no es si la seguridad nacional importa, sino quién soporta el coste de garantizarla y qué mecanismos permiten impedir que la generación más joven termine pagando una parte desproporcionada de la factura.