La audiencia celebrada el 14 de
octubre en el Palacio Real de Rabat confirma el papel del soberano como garante
de la continuidad constitucional y de la estabilidad institucional del Reino.
Tras la victoria electoral del Partido Autenticidad y Modernidad y la
constitución de una mayoría parlamentaria de cuatro formaciones, la futura jefa
del Ejecutivo afronta el desafío de trasformar un nombramiento histórico en
reformas, empleo y mejores servicios públicos.
Contenido:
Buenos
Aires - La política marroquí ha entrado en una nueva etapa. La recepción que el
rey Mohammed VI concedió el miércoles 14 de octubre a Fatima Ezzahra El
Mansouri, encargada de formar el próximo Gobierno, constituye un momento
relevante en la transición entre dos legislaturas y en la consolidación de un
modelo de monarquía constitucional cuya estabilidad descansa en la articulación
entre la Corona, las instituciones representativas y las fuerzas políticas. La
audiencia, celebrada en el Palacio Real de Rabat, no fue un mero acto
protocolario: permitió al soberano conocer los avances de las negociaciones
para constituir el Ejecutivo y transmitir las prioridades que deberán orientar
su actuación.
El
comunicado del Gabinete Real precisó que El Mansouri informó al monarca sobre
las distintas etapas superadas en el proceso de formación gubernamental.
Mohammed VI le expresó sus deseos de éxito y acierto y subrayó que la nueva
etapa exige «una movilización global, una acción gubernamental seria y
responsable», en atención a la magnitud de los retos, los desafíos y las
expectativas existentes en los distintos ámbitos. El comunicado oficial añadió
que la recepción se inscribe en las atribuciones constitucionales del rey y en
su determinación de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones.
La
sobriedad del comunicado no disminuye la relevancia política del encuentro. En
el sistema marroquí, la formación de un Gobierno es un procedimiento
constitucional, pero también una negociación que exige conciliar la
representación parlamentaria, la capacidad de gestión y la continuidad de las
grandes orientaciones estratégicas del Estado. La intervención del soberano
expresa precisamente esa doble dimensión: respeto a los resultados electorales
y responsabilidad institucional ante una coyuntura que demanda eficacia.
La
Corona como garantía de continuidad constitucional
La
Constitución marroquí de 2011 establece, en su artículo 47, que el rey nombra
al jefe del Gobierno entre los miembros del partido que obtiene el primer
puesto en las elecciones a la Cámara de Representantes, atendiendo a sus
resultados. Corresponde después al jefe del Ejecutivo proponer los integrantes
del gabinete, cuyo nombramiento compete al monarca. El procedimiento combina,
por tanto, legitimidad electoral, iniciativa política del Gobierno y
prerrogativas constitucionales de la Corona.
Mohammed
VI aplicó ese principio el 29 de septiembre, seis días después de las
elecciones legislativas del día 23, cuando recibió a El Mansouri y le confió la
formación del nuevo Ejecutivo. El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), cuya
dirección colegiada coordina la dirigente, había obtenido la mayor
representación parlamentaria, con 97 de los 395 escaños de la Cámara. La
designación de la dirigente no fue, en consecuencia, una decisión desvinculada
de las urnas, sino la aplicación de la regla constitucional que determina quién
debe encabezar las negociaciones para formar Gobierno.
La
audiencia del 14 de octubre se inscribe en esa misma lógica. El rey no
sustituye a las fuerzas parlamentarias en la negociación de la mayoría, pero su
posición constitucional resulta decisiva en la configuración final del gabinete
y en el funcionamiento de las instituciones. La monarquía conserva, además,
competencias y responsabilidades relevantes en ámbitos estratégicos, como la
defensa, la política exterior y la presidencia del Consejo de Ministros. El
equilibrio marroquí no responde, por ello, al esquema de una monarquía
exclusivamente ceremonial: articula un Gobierno surgido de la representación
parlamentaria con una Corona que ejerce funciones constitucionales propias y
constituye uno de los principales centros de continuidad del Estado.
Una
mayoría de cuatro partidos para gobernar
El
resultado electoral obligó al PAM a buscar aliados. Sus 97 diputados lo
convirtieron en la primera fuerza de la Cámara, pero estaban lejos de los 198
escaños necesarios para disponer de mayoría absoluta. La Agrupación Nacional de
Independientes (RNI), que había encabezado el Gobierno saliente de Aziz
Akhannouch, obtuvo 66 escaños; el histórico Partido del Istiqlal alcanzó 65,
mientras que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), de orientación
islamista, reunió 54.
La
solución llegó mediante una coalición de cuatro formaciones: el PAM, el
Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26 diputados, y
el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS), con 19. En conjunto, los socios
suman 207 escaños, nueve por encima del umbral de la mayoría absoluta. El
acuerdo, anunciado el 12 de octubre después de las consultas políticas,
proporciona a El Mansouri una base parlamentaria suficiente para avanzar hacia
la constitución del Ejecutivo.
La
composición de la alianza tiene un significado que excede la aritmética
parlamentaria. Reúne a una formación centrista y modernizadora como el PAM, a
la tradición nacionalista del Istiqlal y a dos partidos vinculados a la
izquierda marroquí, la USFP y el PPS. La convergencia no elimina las
diferencias ideológicas ni garantiza por sí misma la cohesión gubernamental,
pero revela una voluntad de articular una mayoría alrededor de prioridades
compartidas y de evitar que la fragmentación parlamentaria paralice la acción
del Estado.
La
nueva coalición también marca una distancia respecto de la fórmula
gubernamental saliente, en la que el RNI desempeñaba el papel central. La
exclusión de esa formación de la mayoría entrante evidencia que las elecciones
han modificado la distribución del poder entre los partidos, aun cuando
persista una importante continuidad en las orientaciones estratégicas del
Reino. La estabilidad del futuro Gobierno dependerá ahora de que los acuerdos
entre las direcciones partidarias se traduzcan en compromisos programáticos
verificables y en una distribución de responsabilidades ministeriales que no
convierta cada decisión en una negociación interminable.
La
audiencia real permitió examinar el avance de este proceso, pero no debe
confundirse con la presentación definitiva del gabinete. Una vez acordada la
composición ministerial, El Mansouri deberá someterla al nombramiento real.
Después, conforme al procedimiento constitucional, el Gobierno habrá de
presentar su programa ante el Parlamento y obtener la confianza de la Cámara de
Representantes. La formación de la mayoría es un paso sustancial, no el final
del proceso institucional.
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