El Gobierno interino de José Jerí
decreta el estado de emergencia en la capital y el Callao, suspendiendo
derechos fundamentales para diez millones de personas. La medida responde a una
ola de violencia sin precedentes, pero se produce en medio de masivas protestas
tras la destitución de Dina Boluarte, que ya han dejado un muerto.
Contenido:
Buenos
Aires. Perú se asoma de nuevo al abismo de su perpetua crisis institucional. El
flamante presidente interino, José Jerí, anunció este martes por la noche la
medida más drástica de su corto mandato: la declaración del estado de
emergencia en Lima Metropolitana y el puerto del Callao. La decisión, que
afecta a más de 10 millones de personas y tendrá una vigencia de treinta días,
supone la militarización de las calles y la suspensión de derechos
constitucionales clave, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del
domicilio.
Bajo
este decreto, las fuerzas de seguridad podrán ingresar a cualquier vivienda y
detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial. Quedan prohibidas
las reuniones masivas y las Fuerzas Armadas patrullarán junto a la policía en
zonas críticas. Entre las medidas más llamativas se encuentra la prohibición de
que dos personas viajen en una misma motocicleta, una modalidad frecuentemente
usada por los sicarios, y severas restricciones en las cárceles, que incluyen
apagones eléctricos y limitación de visitas.
La
justificación oficial es contundente. “La delincuencia ha crecido de manera
desmesurada, causando un enorme dolor. Pero esto ¡se acabó!”, proclamó Jerí
en un breve mensaje televisado. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la
lucha contra el crimen”, sentenció. Las cifras respaldan la alarma: las
denuncias por extorsión se dispararon de 2.396, en 2023, a más de 17.000, en
2024 , y solo entre enero y septiembre de 2025 ya suman 20.705. Además, 47
conductores de transporte han sido asesinados en lo que va de año.
Una
crisis de legitimidad
Sin
embargo, para millones de peruanos, la medida no busca solo frenar a los
criminales, sino también a los manifestantes. La declaración de emergencia
llega apenas una semana después de violentas protestas contra el nuevo Gobierno
y el Congreso.
Perú,
que ha tenido siete presidentes desde 2016, vive en una inestabilidad endémica.
La crisis actual estalló el 10 de octubre, cuando el Congreso destituyó a la
presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Boluarte,
quien enfrentaba un juicio por la muerte de cerca de 50 personas en protestas
anteriores, fue reemplazada por el entonces titular del Parlamento, José Jerí.
Lejos
de calmar la situación, la sucesión desató una nueva ola de indignación. El 15
de octubre, miles de personas, muchas de ellas jóvenes de la llamada “Generación
Z”, tomaron las calles en varias regiones.
La
Generación Z
La
denominada Generación Z —también conocida como centennials o zoomers—
es el grupo demográfico que sigue a la Generación Y o millennial. Está
compuesta por las personas nacidas aproximadamente entre 1995 y 2010. Es
la primera generación plenamente digital y globalizada. Crecieron en un
contexto de crisis económicas, redes sociales, cambio climático y
transformaciones culturales aceleradas, lo que los ha hecho más pragmáticos,
adaptables y conscientes del mundo que los rodea.
La
Generación Z ha tenido un papel notable en diversas movilizaciones
sociales y protestas durante los últimos años, muchas de las cuales han
impulsado cambios políticos concretos o transformaciones culturales
profundas. Aunque en algunos casos no lograron reformas estructurales
inmediatas, sí alteraron agendas políticas, derribaron gobiernos o modificaron
legislaciones. Entre las protestas más importantes protagonizadas por la
Generación Z cabe mencionar: Chile (2019–2022); Colombia (2021); México (2012)
y Perú (2020).
Un
presidente cuestionado
Los
jóvenes manifestantes de la Generción Z exigían la renuncia de Jerí, el cierre
del Congreso y una reforma política estructural. La jornada terminó en
tragedia: el manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años y cantante de
hip hop, murió tras recibir un disparo de un policía vestido de civil cerca del
Congreso. Más de 100 personas resultaron heridas.
La
respuesta de Jerí a la tragedia fue reafirmar su posición: “No voy a
renunciar. Mi responsabilidad es mantener la estabilidad”.
El
rechazo a Jerí no es gratuito. El abogado de 38 años es visto como la “continuidad
del modelo que la gente rechaza”, según el politólogo Alberto Vergara. El
nuevo presidente arrastra sus propias denuncias por presunto enriquecimiento
ilícito y desobediencia a la autoridad, además de una denuncia por presunta
violación sexual que fue archivada por la fiscalía en agosto. Su gabinete ha
sido criticado por incluir figuras con investigaciones penales.
El
Congreso que lo ungió es una de las instituciones más desprestigiadas del país.
El analista Augusto Grilli Fox recuerda que, bajo la presidencia de Martín
Vizcarra, 67 de los 130 congresistas estaban procesados por corrupción. Es este
mismo Congreso el que aprobó recientemente un paquete de leyes que, según
expertos, debilitan la lucha contra el crimen, las mismas que los manifestantes
exigen derogar.
Tres
escenarios para una salida
Con
la economía dando señales de volatilidad y la sociedad movilizada, el futuro de
Perú es incierto. Aunque Jerí ha prometido elecciones generales para abril de
2026, la ruta hasta esa fecha está plagada de obstáculos. Los analistas y los
propios actores sociales dibujan tres escenarios posibles:
La
huida hacia adelante: El Gobierno de Jerí utiliza
el estado de emergencia para reprimir con éxito la protesta social, al tiempo
que exhibe algunos éxitos en la lucha contra la delincuencia común. Aferrado a
su promesa de “estabilidad”, logra mantenerse en el poder con el apoyo
del Congreso y sectores conservadores, conduciendo al país a las elecciones de
2026 sin ninguna reforma política sustancial, lo que solo pospondría el
estallido.
El
colapso institucional: La represión policial y
militar fracasa en contener el descontento. El clamor de “Que se vayan todos”
se vuelve incontenible, forzando la renuncia de José Jerí y la disolución
del Congreso. Este escenario, el de la ruptura, sumiría al país en un vacío de
poder y una incertidumbre legal total, obligando a convocar elecciones
anticipadas en un clima de alta polarización.
La
reforma negociada: La presión de las calles,
sumada a la debilidad del propio Gobierno, obliga a Jerí a ceder. Este
escenario implicaría un diálogo nacional que podría llevar a la derogación de
las leyes más polémicas y, como exigen muchos colectivos, a abrir un camino
para una Asamblea Constituyente que rediseñe el sistema político antes de las
elecciones de 2026.
Perú
se encuentra en una “encrucijada histórica”. La ciudadanía exige cambios
profundos a una clase política que se
atrinchera en sus ideas y privilegios. El desenlace, advierten los sociólogos,
dependerá de la capacidad de las instituciones para escuchar y reformar, o de
su decisión de imponer el orden por la fuerza. El país, mientras tanto,
contiene la respiración.
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