La ofensiva en los complejos de
Alemão y Penha movilizó a 2.500 agentes y paralizó la ciudad. El Gobierno de
Lula y el gobernador Claudio Castro se acusan mutuamente tras la jornada más
letal de la historia carioca.
Contenido
Río
de Janeiro amaneció el martes bajo un cielo atravesado por helicópteros y el
eco de los fusiles. Desde la madrugada, más de 2.500 agentes de las policías
Civil y Militar lanzaron la llamada Operación Contención en los
complejos de favelas de Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad. El
objetivo era capturar a Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso,
jefe regional del Comando Vermelho (CV), y desarticular una red criminal que
extendía su control sobre decenas de barrios. Al caer la noche, el balance era
estremecedor: 64 muertos, de los cuales 60 eran sospechosos y cuatro
policías, incluido un comisario.
Los
enfrentamientos, que comenzaron a las cinco de la mañana, pronto adquirieron
dimensiones de combate urbano. Los narcotraficantes levantaron barricadas con
autobuses incendiados, emplearon drones para arrojar granadas y se
atrincheraron con fusiles automáticos. Testigos describen ráfagas de más de 200
disparos por minuto. Las escenas, retransmitidas en directo por las redes
sociales, mostraban a vecinos aterrados escondidos bajo sus camas mientras los
helicópteros artillados sobrevolaban los techos de chapa. Por lo cual, el
analista argentino Jorge Castro no duda en hablar de “guerra de baja intensidad”
en Brasil.
La
ciudad quedó prácticamente paralizada: 45 escuelas cerradas, hospitales
sin servicio, el tráfico interrumpido en la Linha Vermelha —vía que conecta
con el aeropuerto internacional de Galeão— y un éxodo improvisado de
trabajadores que abandonaron antes de tiempo sus puestos ante el temor de
quedar atrapados en la zona de fuego. “Fue una jornada de guerra”,
resumió el periodista carioca Ancelmo Gois.
Choque
político entre Río y Brasilia
El
gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal y aliado de Jair Bolsonaro,
calificó los hechos como un acto de “narcoterrorismo” y lamentó que Río “lucha
sola” frente a las facciones criminales. Denunció que el Gobierno federal
había rechazado tres veces el envío de vehículos blindados de las Fuerzas
Armadas para reforzar el operativo.
Desde
Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió con dureza:
aseguró que su despacho “no recibió ninguna solicitud formal” de apoyo y
recordó que la Fuerza Nacional y la Policía Federal han realizado 178
operaciones en Río solo en 2025. El Planalto convocó una reunión de
emergencia tras los enfrentamientos, mientras la oposición bolsonarista acusaba
a Lula de “abandonar” al Estado fluminense.
La
controversia revela el trasfondo político de la seguridad en Brasil. Río de
Janeiro, gobernada por un aliado del expresidente Bolsonaro, se ha convertido
en el epicentro de la disputa política e ideológica sobre cómo enfrentar al
crimen organizado: represión militarizada o intervención social y comunitaria.
Tres de las operaciones más letales en la historia reciente —Jacarezinho
(2021), Vila Cruzeiro (2022) y la de Alemão-Penha (2025)— ocurrieron bajo el
mandato de Castro.
El
Comando Vermelho: de la Revolución a la economía del crimen
El
CV, el grupo criminal más antiguo de Brasil, nació en los años setenta en la
cárcel de Ilha Grande, donde presos comunes convivían con militantes de
izquierda de la Falange Vermelha, encarcelados por la dictadura militar
(1964–1985). De aquella convivencia surgió una organización híbrida que,
pronto, abandonó la ideología revolucionaria para dedicarse al asalto a bancos
y al narcotráfico.
Durante
los años ochenta, el CV estableció vínculos con los carteles colombianos y
dominó la distribución de cocaína en Río. A diferencia de su rival paulista, el
Primer Comando da Capital (PCC), el CV carece de una jerarquía única:
funciona como una red de franquicias criminales, con líderes
encarcelados que controlan, a distancia, territorios y negocios. Su poder se
basa tanto en las armas como en la capacidad de ofrecer servicios —seguridad,
alimentos, empleo— en comunidades históricamente abandonadas por el Estado.
Según
estimaciones del Instituto Igarapé, el CV contaba, en 2020, con más de
30.000 miembros y una estructura con ramificaciones en al menos 20
estados brasileños.
Una
red que cruza fronteras
La
influencia del Comando Vermelho trasciende Brasil. En la región amazónica,
controla rutas fluviales como el río Solimões, utilizadas para traficar cocaína
desde Colombia y Perú hacia los puertos del Atlántico. En Paraguay y Bolivia
mantiene bases logísticas para el acopio de cocaína y marihuana, y en Colombia
continúa la cooperación con grupos disidentes de las FARC.
En
Argentina, su presencia se ha detectado desde hace más de una década. La
operación Ciervo Blanco, de 2013, reveló la existencia de una red
criminal con participación del CV que arrojaba cargamentos de cocaína desde
avionetas sobre campos de Corrientes, mientras que investigaciones judiciales
de 2023 destaparon un sistema de lavado de activos mediante criptomonedas y
exportaciones ficticias de vino mendocino a Brasil.
Doca,
el fugitivo que humilla al Estado
El
gran objetivo de la operación era Edgar Alves de Andrade, alias Doca
o Urso, de 55 años. Nacido en Paraíba y criado en el complejo de Penha,
es considerado uno de los cerebros más fríos y calculadores del CV. Tiene más
de 20 órdenes de arresto, está acusado de más de un centenar de
homicidios y se le atribuye el asesinato de tres médicos en Barra da Tijuca,
en 2023, un crimen que conmocionó a Brasil. Según las investigaciones, al
descubrir que sus hombres habían confundido a las víctimas, Doca ordenó
ejecutar a los autores del error.
Las
autoridades ofrecen una recompensa récord de 100.000 reales (unos 17.500
dólares) por su captura, cifra equiparable a la que en su día se ofreció por Fernandinho
Beira-Mar, el histórico capo del Comando Vermeho. Hasta el momento, Doca
continúa prófugo.
Río
bajo asedio
Las
imágenes de familiares agolpados ante el hospital Getúlio Vargas para
identificar cuerpos devolvieron a Río su rostro más trágico. La Oficina de
Derechos Humanos de la ONU se declaró “profundamente consternada” y
reclamó una investigación independiente sobre las muertes. Organizaciones como
Human Rights Watch y Amnistía Internacional llevan años alertando sobre la letalidad
policial en Brasil, donde las operaciones de seguridad suelen degenerar en
ejecuciones extrajudiciales. En 2024, Río registró más de 1.200 muertes a
manos de las fuerzas del orden, una de las cifras más altas del mundo en
contexto no bélico.
Para
el analista Chris Dalby, de World of Crime, “el gobernador Castro usa
la narrativa del narcoterrorismo para justificar una política de fuerza que no
aborda las causas estructurales del crimen: pobreza, desigualdad y ausencia del
Estado”.
Los expertos advierten que la espiral de violencia tiende a reproducirse: las
muertes en los operativos alimentan la hostilidad de las comunidades hacia la
policía y facilitan el reclutamiento de nuevos soldados por parte del CV.
Un
ciclo sin fin
Río
de Janeiro repite un patrón conocido: cada gran operativo deja decenas de
muertos, una breve sensación de victoria y, poco después, el resurgir de los
mismos grupos. En palabras del sociólogo Ignácio Cano, “es la crónica de una
guerra que el Estado no puede ganar porque combate sus efectos y no sus
causas”.
La
operación de Alemão y Penha, la más sangrienta en la historia de la ciudad, no
ha debilitado al Comando Vermelho. Ha confirmado, más bien, que las favelas
de Río siguen siendo un campo de batalla donde la autoridad estatal se
disputa palmo a palmo, y donde la línea entre seguridad y guerra se desdibuja
cada día un poco más.
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