Desde hace décadas el Frente Polisario y
Argelia saquean sistemáticamente la ayuda humanitaria que organizaciones
internacionales envían para la población de los campamentos de Tindouf. Al
menos cien millones de euros han sido desviados clandestinamente para financiar
actividades políticas y el lujoso tren de vida de los altos mandos
involucrados.
En las
últimas dos décadas diversas organizaciones humanitarias y la prensa
internacional (entre las que se cuentan Agence France Press -AFP-, la web
EUtoday.net y la propia Alternative Press Agency) han estado denunciando los
delitos de lesa humanidad vinculados al sistemático robo de ayuda humanitaria
que lleva a cabo el Frente Polisario con la participación y complicidad del
gobierno de Argelia.
A
estas denuncias se han sumado organizaciones como la ONG Organización Acción
Internacional para el Desarrollo en la Región de los Grandes Lagos (AIPD), con
sede en Ginebra, la European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC)
y personalidades destacadas como Kristalina Georgieva, ex Comisaria Europea de
Cooperación Internacional, la eurodiputada del partido democristiano alemán
Ingeborg Grassie, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Parlamento
Europeo, el eurodiputado francés Nicolas Bay, el experto sueco Bjorn Hultin,
asesor del Parlamento Europeo y Fateh Ahmed Ould Mohamed Fadel Ould Ali Salem,
quien fuera conocido con el alias de “Ahmed Felipe”, antiguo miembro de la
Dirección de Seguridad del Frente Polisario, entre otros.
Desde
que se conocen las pruebas documentales recopiladas desde 2003 por la Oficina
Antifraude de la Unión Europea (OLAF) y que tomaron forma en un informe fechado
en 2007 y que misteriosamente se mantuvo ocultó hasta 2015, se sabe con certeza
que los altos mandos del Frente Polisario con el apoyo de funcionarios
argelinos desvían parte de los productos alimenticios y sanitarios enviados a
cubrir las necesidades de la población marroquí retenida, desde hace más de
cuarenta años, en los campamentos de Tindouf, en el sur de Argelia.
El
procedimiento por el cual se apropiaban indebidamente de la ayuda humanitaria y
su posterior comercialización por parte del Polisario y los responsables argelinos
se implementaba de manera sistemática, organizada y de carácter mafioso durante
años. El ilícito se iniciaba en el puerto de Orán, al norte de Argelia, donde
desembarcaba la carga procedente del puerto español de Alicante. Allí la carga
debía pagar un arancel aduanero del 5% que iba a parar al fisco argelino.
El
trayecto entre el puerto de Orán y el campamento de Rabuni, al sur de Tindouf,
que opera como centro de distribución, es efectuado exclusivamente por dos
empresas de transporte argelinas que son las únicas autorizadas a ingresar a
los campamentos. Los embarques son trasladados sin manifiestos de carga y en
camiones que no están precintados. El traslado de las mercancías, que como
máximo puede demandar cinco días, suele demorar hasta 48 días. Una vez en los
campamentos, los habitantes no cuentan con “tarjetas de racionamiento”
ni firman recibo alguno de ninguna forma por los productos efectivamente
recibidos. Con lo cual resulta imposible saber, cuanta ayuda llega y que
destino recibe en los campamentos.
Buena
parte de la carga recibida en Rabuni termina en depósitos clandestinos en El
Rachid, El Jazhouani, El Hafed, Tijara, en Khila y Mijik. Estos almacenes
clandestinos se emplean también para ocultar parte de las mercancías extraídas
de los almacenes oficiales a los efectos de luego solicitar a los donantes
extranjeros una asistencia suplementaria.
Recordemos
que tanto Argelia como el Frente Polisario impiden la visita de funcionarios de
ACNUR -la Oficina de Naciones Unidas para los refugiados- y de miembros de las
ongs humanitarias que donan ayuda a los campamentos, sin previo aviso.
Estos
productos, que en general están envasados y etiquetados como “ayuda humanitaria
no comercializable” son ilegalmente comercializados más tarde, a través de las
mafias internacionales que controlan los tráficos ilícitos en el Sahel, en los
mercados informales de Mauritania, Mali, Chad y Nigeria.
El
desvío de ayuda humanitaria es posible porque los administradores de los
campos, es decir, el frente Polisario y el Ejército de Argelia, informan de la
existencia de un número mayor de pobladores de los que realmente existen para
recibir un mayor volumen de productos de los que realmente necesitan.
Así,
el Frente Polisario solicita ayuda humanitaria para 170.000 residentes en los
campamentos, mientras que observadores independientes aseguran que la población
estable en el lugar no supera las 90.000 personas.
Recordemos
que el Frente Polisario se niega a la realización de un censo de la población
radicada en los campamentos a la cual mantiene en la condición de
“indocumentados”, condición que viene desde la ocupación colonial española. En
1974, los españoles realizaron un censo
muy precario y discutido, y se emitieron algunas tarjetas cartón blanco que
oficiaban de documentos de identidad españoles.
En
general se trata de miembros de tribus numerosas asentadas en una amplia zona
geográfica que comprende el Sur de Marruecos y Argelia, el Norte de Mauritania,
llegando incluso al Noreste de Mali. Es por ello, que Argelia intentó reforzar
la población de los campos con habitantes de Mauritania a los que prometía
dinero y ayuda si se trasladaban allí.
Las
autoridades del Frente Polisario impiden a los residentes hablar con el
personal de ACNUR o de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para la
Realización del Referéndum en el Sáhara Occidental) sin la presencia de un
funcionario de seguridad del grupo separatista.
Durante
años, tanto Naciones Unidas, Unicef, la Medialuna Roja, Human Rights Wacht, la
Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria y Protección Civil
(HECHO), , etc., se han negado a reducir sus embarques de ayuda humanitaria
bajo el argumento de que el Frente Polisario seguiría “desviando” el
mismo volumen de productos por lo cual la reducción solo afectaría a la
población retenida que vería seriamente disminuidas sus raciones alimenticias.
En
esta forma, estas organizaciones han financiado al Frente Polisario y a Argelia
en la última década con al menos cien millones de euros (a razón de diez millones
de euros por año) que contribuyeron a financiar las actividades internacionales
de “propaganda y activismo” en los foros internacionales.
Todo
ello sin contar con el robo de parte de estos embarques para beneficio personal
de miembros corruptos del Ejército argelino y de las milicias polisarias que se
enriquecen, al margen de la operación oficial de desvío de ayuda humanitaria,
con el robo para enriquecimiento personal.
Es así
como miembros corruptos del Frente Polisario han adquirido lujosas propiedades
en Europa, especialmente en el sur de España, Canarias y las Islas Baleares.
Funcionarios que solo pisan los campamentos de la hamada argelina para cumplir
con conmemoraciones oficiales que no pueden eludir.
Este
año, el problema se ha potenciado porque la parálisis de la economía mundial
también ha impactado en el Norte de África. El comercio internacional de Argelia
está en crisis por el descenso de los precios del petróleo y el gas. El Frente
Polisario también ha visto reducidos sus ingresos por la suspensión de muchas
de sus actividades internacionales de recaudación de fondos, como el turismo
revolucionario, los festivales de solidaridad, el programa Vacaciones en Paz,
etc.
Por lo
cual la pandemia ha convertido al Frente Polisario en más dependiente del
desvío de ayuda humanitaria al reducir o suprimir sus otras formas de
financiamiento. Debido a ello los separatistas llevan a cabo intensas campañas
de recaudación de fondos por internet y pedidos de insumos médicos para hacer
frente a los problemas sanitarios que el Covid 19 ocasiona en los campamentos.
Lo
cierto es que ningún observador internacional independiente ha podido constatar
cuál es la real situación sanitaria en Tindouf. La única información disponible
habla de al menos 250 casos confirmados y de que el Ejército argelino ha
reforzado las medidas de seguridad en torno a los campamentos para que nadie
salga o ingrese a los mismos. Incluso existen pruebas de que en algunos casos
los soldados dispararon contra algunos pobladores que ignorando las
advertencias intentaron dejar la zona.
Tampoco
se ha podido constatar si la ayuda sanitaria proveniente de Europa realmente
llegó a los campamentos y en qué porcentaje lo hizo.
El
próspero negocio ilícito de robar ayuda humanitaria es una de las causas
principales por las cuales el gobierno argelino y el Frente Polisario se oponen
sistemáticamente a la Propuesta para la Negociación de un Estatuto de Autonomía
de la Región del Sáhara presentado por el Reino de Marruecos como única
alternativa justa y posible al conflicto del Sáhara.
Si los
campamentos de Tindouf desaparecen, con ellos termina un próspero negocio
ilegal que financia la dispendiosa vida de los funcionarios corruptos
involucrados en el robo de ayuda humanitaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario