Buenos
Aires, 7 de julio de 2019
Desde el 22 de febrero, Argelia se debate
en una crisis institucional, con continuas protestas callejeras y un gobierno
ilegítimo, que no parece encontrar solución.
La
república Democrática Popular de Argelia ha perdido toda forma de legalidad
institucional. El pasado 22 de febrero comenzaron las protestas callejeras
contra una nueva reelección del presidente Abdelaziz Bouteflika. El anciano
mandatario, de 82 años, prostrado en una silla de ruedas, sin poder hablar, y
con veinte años en el poder. El 2 de abril el presidente desistió de una nueva
candidatura y renuncio a su cargo. Lo reemplazó, según establecía la
constitución argelina, el presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, un
notable miembro del régimen de Bouteflika.
Sin
embargo, el texto constitucional otorga un plazo para la convocatoria a
elecciones presidenciales y la normalización institucional del país.
En un
principio, las elecciones fueron programadas para efectuarse el 4 de julio.
Pero, luego el presidente provisional las suspendió sin fecha. Como el plazo
para duración del gobierno previsional vence hoy domingo 7 de julio y la
Constitución no esclarece cual es el siguiente paso en caso de que los comicios
no se realicen.
El
verdadero poder en el país es el Ejército y lo ejerce su Jefe de Estado Mayor y
ministro de Defensa, mayor general Ahmed Gaïd Salah (74).
Estos
cambios cosméticos no han sido suficientes para conformar a los jóvenes manifestantes
que todos los viernes recorren las calles céntricas de Argel y otras ciudades
al grito de “yatnahaw ga” (que se vayan todos) y demandan que, en un plazo de
seis meses, autoridades realmente independientes convoquen a elecciones libres
que permitan la formación de un gobierno auténticamente democrático.
Jaqueado
por la “hirak” de los jóvenes en las calles, Bensalah, anunció el 4 de julio,
el lanzamiento de un diálogo liderado por personalidades independientes sin la
participación del gobierno o del Ejército para debatir sobre la forma de
implementar las próximas elecciones presidenciales.
El
principal obstáculo para la concreción de una salida electoral a la crisis es
la incapacidad de la élite dirigente de encontrar un reemplazo a Bouteflika que
contemple los intereses de los cuatro sectores que se reparten el poder en
Argelia: el Ejército, los servicios de inteligencia y seguridad, los “hombres
de negocios” cuya influencia se incrementó notablemente durante los últimos
veinte años en que gobernó el anciano dictador; y los socios extranjeros
occidentales, en especial, Francia, España e Italia.
Además,
el candidato elegido debería ser aceptable al menos para un sector de la
población que demanda cambios: menos corrupción, más democracia y mayores libertades.
Por el
momento, el general Salah y la cúpula gobernante han optado por desprenderse de
las figuras más desgastadas e impopulares del régimen de Bouteflika.
Comenzando
por el encarcelamiento del hermano menor del depuesto presidente, Said
Bouteflika (61), el ex ministro de Defensa Khalde Nazer, el antecesor de
Bouteflika y fundador del partido oficialista Reagrupación Nacional para la
Democracia, Liamine Zeroual, los antaño todo poderosos jefes de los servicios
de inteligencia generales Athman Tartag, alias “Bachir”, y Mohamed Medienne, alias “Tawfik”, director del DRS, el ex primer ministro Ahmed Ouyahia, el
ex gobernador del Banco Central y ministro de Finanzas, Mohamed Loukal y el
empresario Ali Haddad, director ejecutivo de la empresa constructora ETRHB,
principal concesionaria de obra pública del país, y director de la central
patronal argelina.
El 5
de julio le llegó el turno de responder ante la justicia al mayor general en
retiro Abdelghani Hamel (64), antiguo jefe de la todopoderosa DGSN -Dirección
General de Seguridad Nacional-, el organismo de policial y de inteligencia
interior de Argelia, entre 2010 y 2018.
El 26
de junio de 2018, después de la incautación de un gran embarque de 710
kilogramos de cocaína frente a las costas de Orán, el general Hamel fue
destituido en medio del escándalo por un decreto presidencial firmado por
Bouteflika. Pero no se tomaron otras medidas contra él. Hamel responsabilizó
del hecho a su propio chofer, un miembro de bajo rango de la DGSN.
Ahora,
Hamel, dos de sus hijos varones y otras nueve personas fueron arrestados con
relación a este caso y con cargos de enriquecimiento ilícito, actividades
ilegales y tráfico de influencias. Los detenidos se encuentran procesados por
el tribunal de Sidi M’hamed y encarcelados en la prisión de El Harrach.
Este
último caso, es de particular interés para Argentina. El embajador de Argelia
en Buenos Aires, Benouda Hamel, decano del cuerpo diplomático africano en el
país, es hermano del general encarcelado quien era también su principal aval
político en Argel. En consecuencia, no resultaría extraño que se produzcan
cambios en la representación diplomática argelina en el país.
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