El país se encuentra en la encrucijada,
por un lado lo acecha la pandemia y por el otro la economía, asfixiada por la
deuda externa, se hunde en la mayor recesión de su historia, sin que el
gobierno del Frente de Todos encuentre la luz al final del túnel.
LA EMERGENCIA
SANITARIA
El
gobierno argentino se encontró frente a la pandemia con el 40% de la población
por debajo de la línea de la pobreza, con un sistema sanitario muy precario,
con escasas camas de terapia intensiva (al punto tal que cada año en temporada
invernal el sistema se saturaba con los enfermos de gripe común que derivaban
en neumonía u otras patologías graves), sin trajes aislantes para el personal
sanitario o de seguridad, con instalaciones precarias y escaso personal médico
especializado en este tipo de terapia. En el momento inicial aún escaseaban los
insumos básicos, no solo para el tratamiento médico sino también para la
prevención primaria de la población. Era difícil adquirir barbijos, guantes
quirúrgicos, batas para enfermos y trabajadores de la salud, alcohol en gel y
sustancias desinfectantes. Únicamente se los conseguía en poca cantidad, casi
de favor y con precios muy superiores a los que tenían antes de la pandemia.
Frente
a la crisis que se avecinaba el gobierno no tenía muchas alternativas y
posiblemente eligió la mejor de ellas. Recurrió a aplicar, a partir del 20 de
marzo, una cerrada cuarentena o “aislamiento social” para reducir el
ritmo de los contagios mientras que aceleradamente se adoptaban medidas para
superar las carencias sanitarias existentes, es decir, se adaptaron
instalaciones edilicias, se fabricaron los insumos faltantes o se importaron
los reactivos y equipos que no podían fabricarse en el país.
El
problema fue que no todos los gobiernos provinciales o municipales aprovecharon
el tiempo y los escasos recursos existentes con diligencia y eficacia. En
algunos casos se perdió tiempo con medidas superficiales, en gran medida
propagandísticas, improvisaciones y hasta con hechos de corrupción. A los pocos
días, el presidente debió despedir a quince funcionarios del ministerio de
Desarrollo por comprar alimentos con abultados sobre precios. Los alimentos
estaban destinados a ser distribuidos entre la población más carenciada y
necesitada.
Después
de cien días de sacrificios, cuando los contagios comenzaron a acelerarse, la
población comenzó a percibir que el gobierno había desaprovechado el tiempo o
no había acertado en la estrategia para enfrentar con eficacia la pandemia, al
economía estaba seriamente afectada y la gente sufría los efectos combinados de
la parálisis económica y el encierro domiciliario.
La
población comenzó a hacerse la idea de que el gobierno se aferraba a la
cuarentena y no contaba con planes alternativos para hacer frente a la pandemia
ni para encauzar la economía.
LA
CRISIS ECONÓMICA
El
gobierno argentino niega toda responsabilidad en la grave crisis económica que vive
el país adjudicando la culpa a la herencia del gobierno de Mauricio Macri y a
los efectos de la pandemia. Pero los números indican otra cosa y la gente lo
sabe.
Tras
siete meses de negociaciones y gestiones de todo tipo el ministro de Economía
Martín Guzmán ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con los bonistas y los
organismos internacionales tenedores de la deuda pública de Argentina por lo
cual, aunque el gobierno insiste en negarlo, el país se encuentra virtualmente
en default.
Argentina
es hoy un país en default, endeudado, sin crédito internacional, que no recibe
ningún tipo de inversiones productivas y donde el déficit fiscal es infinito,
existe una brecha cambiaria enorme. El “dólar oficial” cotiza a 70,16
pesos, pero los argentinos solo pueden adquirir U$S 200 por mes, para adquirir
montos superiores deben recurrir al mercado paralelo e ilegal. Allí el
denominado “dólar blue”, cotiza a 129 pesos. En la práctica, la emisión
monetaria es lo único que mantiene en funcionamiento la economía.
La
maquinaria de la Casa de la Moneda funciona sin interrupción las 24 horas del
día en tres turnos. La necesidad de billetes es tan abrumadora que el gobierno
kirchnerista se dispone a lanzar un billete de $5.000 superando al billete de
mayor denominación de la actualidad que es de $1.000 pesos.
El 23
de junio, el Indec, a cargo de las estadísticas oficiales del país, anunció que
entre enero y marzo de 2020 el Producto Interno Bruto se contrajo 5,4% respecto
al mismo período del año pasado y una disminución de 4,8% en comparación con el
trimestre anterior.
Esta
caída del PBI no puede adjudicarse únicamente al cese de actividades provocado
por el aislamiento social porque este recién comenzó a regir el 20 de marzo. Es
decir, que afectó tan sólo a 11 de los 91 días del total evaluado.
Mientras
que organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estiman la caída del PBI
a lo largo de todo el 2020 será de aproximadamente el 10% con respecto al que
registraba en 2016. Más pesimista aún, Susan Segal, la Chairman del Council of
the Americas, da un descenso del 14% y los economistas argentinos aventuraron
incluso una reducción próxima al 20%.
Esos
mismos economistas estiman que unos cien mil negocios y empresas cerraran
definitivamente sus puertas, en 2020, en Argentina. En los últimos sesenta días
los bancos rechazaron ataques sin fondo por un total de 58.000 millones de
pesos
La
caída de la actividad económica (desde el inicio de la cuarentena la
construcción se desplomó 75%, la industria el 33% y la compraventa de inmuebles
en la provincia de Buenos Aires descendió un 94,7%), las restricciones al
comercio y a la circulación de personas impactaron directamente sobre el índice
de desempleo.
También
según el Indec, el desempleo en el país que se ubicara en 8.9% en el último
trimestre de 2019, hacia el fin del mandato de Mauricio Macri, durante los
primeros tres meses de este año se situó en 10,4%. Respecto al mismo período
del año pasado, durante el trimestre el desempleo aumentó un 0,3%.
De
esta manera, la desocupación en el país afecta a casi 1,4 millones de personas.
Es la peor cifra para este período desde el primer trimestre del año 2006. Los
datos oficiales detallan que entre enero y marzo la tasa de actividad se ubicó
en 47,1% y la tasa de empleo en el 42,7% de la población económicamente activa.
Según
el economista Martín Ghidini, gerente general de la consultora de recursos
humanos Ghidini-Rodil, probablemente el año 2020 termine con la tasa de
desocupación más alta de por lo menos los últimos quince años. Cabe recordar
que desde la crisis de 2001 ningún gobierno aplicó políticas de creación de
trabajo genuino de calidad capaz de acompañar el crecimiento vegetativo y la
prolongación de la vida laboral activa de la población.
Frente
a esta grave situación, el profesor adjunto interino de la Facultad de Derecho
de UBA que ocupa la presidencia ha demostrado una total carencia de ideas. En
sus últimas apariciones públicas exhibió aspecto de fatigado, cada vez con
ojeras más profundas, tono enfadado y cierto grado de autismo. Su única
respuesta ha consistido en endurecer la cuarentena frente a la expansión de los
contagios y las muertes, sin instrumentar medidas concretas para salvar lo poco
que queda de actividad económica aliviando la situación de las empresas y las
personas a las que la pandemia deja absolutamente sin ningún tipo de ingreso.
Parecía
que la única que tiene algún tipo de plan y trabaja incasablemente para
concretarlo es la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que, además de
impulsar una economía estatista y dirigista, emplea todos los medios a su alcance
para que el Estado se apropie de las grandes empresas agroalimentarias
endeudadas (Vicentín SAIC, Sancor, etc.) e intervenga directamente en el
comercio internacional de granos, carnes y derivados.
Su
objetivo parece orientado a controlar los resortes financieros y productivos
necesarios para garantizar que los principales socios comerciales e inversores
de Argentina sean China, Rusia, Cuba y Venezuela.
Mientras
tanto, el país se balance al borde del abismo siempre dispuesto a dar un gran
paso al frente.
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