La decisión presidencial de expropiar
ilegalmente por un decreto de necesidad y urgencia el holding Vicentín SAIC ha
provocado una innecesaria confrontación entre el gobierno y el campo que
amenaza la gobernabilidad del país en medio de una pandemia.
LA
OLIGARQUÍA, SIEMPRE “LA PUTA OLIGARQUÍA”
El
peronismo siempre ha tenido una relación difícil con el campo. Posiblemente
debido a que llegó al gobierno, en 1946, después de construir una heterogénea
coalición entre fuerzas armadas, la
Iglesia Católica, la burguesía que impulsaba la industrialización por
sustitución de importaciones y los sindicatos obreros.
Perón
era un militar que entendía a la política como un combate y todo combate
requiere de un enemigo. Entonces, Perón eligió como enemigo a “la
oligarquía”, una entelequia que nunca definió claramente.
Quien
si la definió fue la vehemente Eva Perón, que depositó sus odios en las
familias del patriciado terrateniente que para ella formaban parte de “la
puta oligarquía” encarnada en la Sociedad Rural Argentina.
El
peronismo, en su afán por controlarlo todo, estableció una economía estatista y
dirigista que recortó los márgenes de ganancia de los productores agrícolas
obligándolos a vender su cosechas al Estado a través del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio (IAPI) que luego vendía estos productos (cereales,
carnes, oleaginosas, yerba mate, algodón, etc.) en el exterior.
También
reguló el trabajo rural a través del Estatuto de Peón (Ley 12.921/47) que
terminó con algunas prácticas laborales abusivas aunque, lamentablemente, no
con todas.
Los
productores rurales respondieron a la hostilidad del peronismo financiando a la
Unión Democrática que compitió y perdió frente a Perón en las elecciones
presidenciales del 24 de febrero de 1946.
Durante
la primera década de gobierno peronista (1946 – 1955) los propietarios rurales
se situaron en la oposición refugiándose en los partidos tradicionales de
oposición: la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido
Demócrata Progresista, el Partido Socialista, etc.) y apoyo todas las
intentonas golpistas hasta el derrocamiento del general Perón en septiembre de
1955.
Cuando
retornó el peronismo al gobierno con Héctor J. Cámpora, el 25 de mayo de 1973,
la hostilidad hacia los propietarios rurales identificados como “la
oligarquía” resurgió.
La
Tendencia Revolucionaria del peronismo -el sector juvenil donde militaban
Néstor Kirchner y Cristina Fernández- impulsaba una “reforma agraria”
basada en la expropiación de lo que calificaban como “grandes latifundios improductivos”
para poner la tierra en manos de quien la trabaja a través de granjas
colectivas.
El
grupo terrorista Montoneros -que actuaba como una suerte de brazo armado de la
Tendencia Revolucionaria-, incluso atacó al principal conglomerado agroindustrial
del país: Bunge & Born S. A.
El 19
de septiembre de 1974, una treintena de terroristas montoneros secuestraron a
los empresario Jorge y Juan Born. En el operativo asesinaron a Alberto Bosch,
gerente de Molinos Río de la Plata y al chofer Juan Carlos Pérez.
El Operativo
Mellizas permitió a los montoneros obtener un fabuloso rescate de sesenta
millones de dólares. Aunque poco pudieron disfrutar del botín, el banquero
David Graiver les estafó trece millones de dólares antes de desaparecer en un
misterioso accidente aéreo cuando su avión volaba sobre el desierto de Arizona.
También
Fidel Castro se quedó con otra sustanciosa parte del rescate pagado por los
Born que los confiados guerrilleros depositaron en la Isla.
Carlos
Menem fue el único presidente peronista que mantuvo buenas relaciones con el
campo, con la Sociedad Rural Argentina y hasta con la empresa Bunge & Born.
El
presidente Eduardo Duhalde al asumir su cargo en medio de la crisis económica
de 2001 impuso “retenciones”, es decir, un impuesto adicional del 20% a
las exportaciones agrícolas (soja y girasol) para otorgar subsidios a los
sectores populares más afectados por el derrumbe de la economía, en abril de
2002.
Su
sucesor, Néstor Kirchner aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre
de 2007, alcanzando un porcentaje de 35% para la soja en bruto, 32% para el
aceite de soja, 28% para el trigo y 25% para el maíz.
En
marzo de 2008, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y su
ministro de Economía, Martín Lousteau, castigaron una vez más al agro argentino
a través de la Resolución 125/2008 que estableció
un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas.
A raíz
de esta medida se produjo un paro agropecuario que se extendió por 129 días e
incluyó medidas tales como bloqueo de rutas y desabastecimiento en las
ciudades. Finalmente, el Congreso Nacional resolvió el conflicto al rechazar
convertir en ley la Resolución 125 cuando la presidenta envió el proyecto al
Poder Legislativo. El conflicto con el campo le costó el cargo al ministro de
Economía Lousteau (hoy senador nacional del opositor Juntos por el Cambio) y al
entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández (precisamente el actual
presidente).
El
presidente Macri, en 2015, eliminó las retenciones para el trigo, maíz, carne y
productos regionales y redujo las retenciones a la soja en un 5%. Aunque la
crisis cambiaria de 2018 lo obligo a aumentar nuevamente las retenciones al
12%. La medida le hizo perder el voto del campo y contribuyó a su derrota en
las elecciones de 2019.
Con el
retorno del peronismo al gobierno, pese a que el país se encontraba bajo una
cuarentena social y existía una feria judicial debido a la pandemia del Covid
19, el lunes 8 de junio, el presidente Alberto Fernández abrió un nuevo
conflicto con el campo al impulsar la expropiación ilegal de uno de los mayores
conglomerados agroalimentarios del país el holding Vicentín S.A.I.C. una firma
que se inició como empresa familiar en 1922.
La
expropiación que viola las prescripciones del artículo 17 de la Constitución
Nacional se realizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el N°
522/2020 y se disfrazó como una “intervención transitoria” y
“ocupación temporaria anormal” basada en los artículos 57, 59 y 60 de la
Ley de Expropiaciones.
Curiosamente
la Ley 21.499, de enero de 1977, es una norma sancionada por el gobierno de
facto de Jorge R. Videla y el kirchnerismo se ha caracterizado en todos sus
gobierno por perseguir encarnizadamente a todas las personas vinculadas con la
dictadura militar y suprimir todo el marco jurídico e institucional creado en
ese período.
En
este caso ha hecho todo lo contrario. Al kirchnerismo no le importó aprovechar
una legislación proveniente de la Dictadura cuando servía a sus fines. No
obstante, el decreto presidencial pasó por alto que la mencionada ley en su
artículo 61, establece sin ambigüedad alguna que “por razones normales,
previa declaración legal de utilidad pública podrá establecerse por
advenimiento, de lo contrario podrá ser dispuesta por la autoridad judicial
(no por el Poder Ejecutivo), a requerimiento de la Administración Pública”.
En el
mismo sentido se expide el Artículo 17 de la Constitución Nacional: “La
propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de
utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”
Precisamente,
para justificar la “utilidad pública” el gobierno esgrimió el argumento
de la “soberanía alimentaria”. El mismo argumento empleado por el
bolivariano Hugo Chávez Frías para estatizar decenas de empresas (entre ellas
la firma Polar, la mayor empresa privada de producción y privatización de
alimentos) productoras de maíz, café, ingenios azucareros, firmas lácteas, con
un resultado conocido: la caída drástica de la producción, una mayor dependencia
de alimentos importados, góndolas vacías y una cada vez más necesaria
asistencia de bolsas de comida a los más vulnerables. Y a los no tan vulnerables, pero en camino de
serlo, con una caída de los niveles nutricionales de los años previos al chavismo.
La “soberanía
alimentaria” era un argumento muy discutible en Venezuela, pero
absolutamente inaceptable en Argentina, un país que tiene una población de 44
millones de habitantes y produce anualmente alimentos para cubrir las
necesidades alimenticias básicas de 400 millones de personas.
Además,
si algo ocurrió en los más de noventa días del aislamiento social fue que nunca
faltó comida, que la producción del campo siguió fluyendo a fábricas y puertos,
y que el ingreso de divisas se mantuvo en niveles normales. Aunque la
normalidad no es suficiente para arreglar los disparates macroeconómicos, lo
cierto es que el único ingreso de divisas reales provino, en lo que va del año,
de las exportaciones soberanas de alimentos.
Precisamente,
la forma de producir en el campo argentino despierta cada vez más interés en el
mundo, por el enfoque sustentable, el bajo impacto ambiental y la huella de
carbono de la agricultura pampeana. Por eso vienen cientos de expertos todos
los años a visitar Expoagro, una potente exhibición de la tecnología
sustentable en acción. La producción de granos pasó en treinta años de 40 a 150
millones de toneladas. Se cuadruplicó. Por eso la Argentina todavía es viable
pese a que el 40% de su población vive en la pobreza y frecuentemente se
acuesta con hambre una “deuda social” cuya existencia es responsabilidad
de todos los gobierno de la era democrática inaugurada en 1983.
EL HOLDING VICENTING S.A.I.C
La
firma Vicentin S.A.I.C. se encuentra en cesación de pagos desde diciembre de
2019 y se concurso en el juzgado Civil y Comercial N° 2 a cargo del juez Fabián
Lorenzini donde 2.638 empresas o personas reclaman deudas a esta empresa. Es
posible distinguir seis grupos bien definidos de acreedores a saber:
- Hay 1.895 acreedores que reclaman 25.656
millones de pesos porque le vendieron a Vicentín granos que no fueron pagados.
-
Otros 587 acreedores reclaman 2.292 millones de
pesos por haberles vendido algún bien o servicio que tampoco han pagado.
En
estos dos grupos podría decirse que está bien representada la llamada “pampa
gringa”, es decir centenas de proveedores de granos o servicios diseminados
mayormente por la zona de influencia de Vicentín, es decir las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos tal vez norte de la Provincia de Buenos Aires.
Hay
una gran diversidad en los montos reclamados. Así, entre quienes le vendieron
granos a Vicentín aparecen la poderosa Asociación de Cooperativas Argentinas
Cooperativa Limitada (ACA), que reclama 4.929 millones de pesos, hasta pequeños
productores o cooperativas que piden cobrar menos de un millón de pesos. De
hecho, hay 918 acreedores en el grupo (venta de granos) que reclaman menos de
un millón de pesos.
-
La deuda financiera es la más pesada y concentrada.
37 bancos locales y extranjeros, y además organismos financieros
internacionales inscribieron deudas a cobrar por 63.961 millones de pesos, es
decir, el 64% del total.
Aquí
aparece a la cabeza el Banco de la Nación Argentina, con 18.182 millones de
pesos. Y un poco más atrás la Corporación Financiera Internacional (Banco
Mundial) con 16.504 millones de pesos. En tercer lugar, otro acreedor
extranjero: el Banco de Fomento Holandés conocido por la sigla FMO, reclama
9.228 millones de pesos.
En los
casos de la CFI y el FMO las pérdidas que deberán asumir son monumentales,
porque otorgaron préstamos en dólares que el concurso de acreedores pesificó de
entrada. Es decir, que todos estos acreedores ya están asumiendo una pérdida
importante, más allá de que lleguen a cobrar algo, en algún momento.
De los
bancos que operan en el mercado local, luego del Nación aparecen el Banco
Provincia de Buenos Aires (1.814 millones de pesos); Hipotecario (758 millones
de pesos); el Macro (653 millones de pesos) ; Nuevo Banco de Entre Ríos (658
millones de pesos); Itaú (374 millones de pesos) Nuevo Banco de Santa Fe (372
millones de pesos); Banco Ciudad de Buenos Aires (318 millones de pesos); BICE
(313 millones de pesos); Santander (209 millones de pesos) e Industrial (125
millones de pesos).
La
deuda financiera se explica porque el negocio cerealero opera permanentemente
endeudado. El capital de trabajo, para comprar millones de toneladas, venderlas
y quedarse con un pequeño margen de cada venta, lo aporta el sistema financiero
global. Se calcula que las cerealeras locales toman deuda de corto plazo, la
volatilidad de precios es un riesgo altísimo. En los últimos años, los valores
de los commodities estuvieron particularmente volátiles, por la guerra
comercial entre Estados Unidos y China.
Los
préstamos, en su mayoría fueron otorgados bajo la categoría “prefinanciación
de exportaciones”, es decir que los bancos le dieron dólares a Vicentín.
Pero en el expediente la deuda aparece pesificada al tipo de cambio en el que
se sustancio el concurso.
-
Accionistas: un grupo llamativo es el de los
propios accionistas de Vicentín que reclaman cobrar dinero a la empresa. Esta
deuda puede surgir de dividendos u honorarios aprobados en asamblea de
accionistas pero no liquidados o préstamos que los propios accionistas le
hicieron a la compañía. Son un grupo de 97 accionistas que en total reclaman
351 millones de pesos.
La
primera en esta lista es la señora Olga Rodríguez de Vicentín, con 65 millones
de pesos. Del total de accionistas, doce -entre ellos las familias Nardelli y
Padoán- tienen reclamos que superan los diez millones de pesos cada uno de
ellos.
También
tienen una porción importante del reclamo las denominadas empresas controladas
o asociadas a Vicentín. Son tres compañías: Vicentín Paraguay (4.079 millones
de pesos), Diferol (2,6 millones de pesos) y Renova (345 millones de pesos): en
total 5.428 millones de pesos. Renova es el joint Venture formado por
Oleaginosa Moreno Hnos. -perteneciente al Grupo Glencore-, y Vicentin.
-
Un último grupo lo representan las deudas
impositivas y aduaneras. Tanto la AFIP, como los fiscos provinciales u oficinas
de recaudación municipales inscribieron deudas por un total de 1.655 millones
de pesos. La Afip reclama 1.525 millones de pesos y Rentas de la Provincia de
Santa Fe, 104 millones de pesos. Luego aparece la Municipalidad de San Lorenzo
(donde operan las plantas de Vicentín) con 17 millones de pesos.
El
proceso concursal estaba en manos de un juez en la instancia en que el deudor
presentaba una oferta de pago para que los acreedores decidieran si la
aceptaban o no. De no aceptarla, el juez puede promover que otras empresas
privadas la adquieran haciéndose cargo de la deuda. En ese momento había más de
un interesado en adquirir la empresa (la firma Glencore, el empresario
menemista José Luis Manzano, etc.). En otras palabras, era un concurso que estaba
en un trámite normal.
Pero
el Poder Ejecutivo Nacional decidió repentinamente sobreponerse al juez, tomar
el control de la empresa y colocar un interventor para que la administre, hasta
tanto el Congreso decida expropiarla.
Lo más
interesante del caso Vicentín es que el Estado argentino también se encuentra
en concurso de acreedores -renegociando su deuda externa- y ahora decidió
incrementar su endeudamiento absorbiendo una empresa con un pasivo de
aproximadamente 1.350 millones de dólares y por la cual también tendrá que
indemnizar a los propietarios y enfrentar seguramente nuevos juicios.
Diversos
sectores sociales y políticos han reaccionado críticamente contra la decisión
del presidente Alberto Fernández. En las ciudades de Avellaneda y Reconquista,
en la provincia de Santa Fe, donde la vida económica se encuentra severamente
condicionada por la empresa Vicentín se produjeron marchas y protestas pese al
aislamiento social.
El
malestar se incremento con cacerolazos en las provincias de Córdoba y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Incluso el intendente de Avellaneda, el
radical Dionisio Scarpín, reclamó públicamente por la decisión, mientras que el
gobernador de la provincia, el peronista Omar Perotti, pasó de apoyar la medidas
a tomar distancia ante la reacción visceral de su electorado.
Pero
las críticas no se limitaron a la opinión pública y a la oposición. Dentro del
mismo peronismo se alzaron varias voces importantes en contra del proceso de
estatización de la empresa. La voz más moderada, y la que seguramente más
impactó al presidente Fernández, fue la del excandidato presidencial Roberto
Lavagna. El veterano economista aseguró que en el pasado se fracasó cuando se
recurrió a estatizaciones en nombre de la soberanía y recordó el caso de YPF,
que terminó costándole una fortuna al Estado argentino en las cortes
internacionales. “Espero que se haya aprendido la lección” concluyó
Lavagna.
Indiferente
ante las protestas, el gobierno nacional siguió de todas maneras adelante con
su decisión y anunció que enviaría al Congreso Nacional el proyecto de ley de expropiación.
En el
interior del país, especialmente en las zonas rurales, surgió entonces la idea
de que debían oponerse de forma activa a la expropiación de Vicentín. A los
directamente afectados por la expropiación se sumaron en la protesta otros
propietarios rurales temerosos de que se incrementasen las expropiaciones de
establecimientos rurales invocando la “soberanía alimentaria” y miembros de la
oposición.
Pese a
la vigencia de las normas para el aislamiento social, quienes se oponen a la
expropiación organizaron para el sábado 20 de junio (Día de la Bandera) a las
16.00 hs. concentraciones y asambleas en las plazas, rotondas y centros de las
principales provincias bajo el lema de: “Banderazo en defensa de la
propiedad privada” y “Hoy es Vicentín, mañana sos vos”.
Los
manifestantes que se convocan por las redes sociales han establecido más de
treinta puntos de concentración entre los que figuran las localidades de:
Rafaela, Rosario, Reconquista, Avellaneda, venado Tuerto, Rufino, Tostado,
Villa Ocampo, Esperanza, San Justo, San Jorge, Cañada de Gómez e incluso
Corrientes y Paso de los Libres, ya viralizaron entre sus habitantes la movida
que se multiplica con el paso de las horas
No
obstante, el viernes 19 de junio el juez Fabiani desplazó a los interventores
designados por el DNU presidencial y restituyó al directorio de cerealera en la
conducción de la empresa. Los interventores del Poder Ejecutivo fueron rebajados
por el magistrado a la condición de “veedores
controladores”. Ahora será la Cámara de Apelaciones quien deberá disponer si el
juez debe o no definir el tema, pero el trámite seguramente llevará tiempo.
¿QUÉ
HAY DETRÁS DE LA EXPROPIACIÓN DE VICENTÍN?
A esta
altura está muy claro que la expropiación de Vicentín responde a motivaciones
políticas más profundas que el mantener la fuente de trabajo para seis mil
personas o garantizar una soberanía alimentaria que nunca estuvo en riesgo.
¿Pero, cuáles son esas motivaciones?
La
primera que surge es la de contar con una empresa estatal para intervenir en el comercio
exterior de granos, a manera de una cuasi Junta Nacional de Granos, para
controlar precios de exportación, y extraer dólares a los productores locales,
más bien quitar mercado a competidoras internacionales, especialmente en los
negocios con China. Para cumplir con ese propósito, el gobierno kirchnerista
podría en el futuro obligar a los productores a vender un porcentaje o la
totalidad de sus cosechas al precio establecido por el Estado, a esa empresa
estatizada.
Además,
a través de Vicentín o de un fideicomiso con YPF Agro el gobierno argentino
podría vender en forma directa y a crédito los productos agrícolas que tanto necesitan
las destruidas economías de Venezuela y Cuba. Recordemos, por ejemplo que, en
1973, durante el gobierno del presidente Cámpora, Argentina vendió a crédito,
mediante un Convenio de Cooperación Económica firmado por el ministro José Ver
Gelbard, a Cuba productos argentinos -entre ellos automóviles Peugeot 404, Ford
Falcón y Torino- por valor de seiscientos millones de dólares.
Cuba
nunca pagó un centavo de esos créditos, que ahora constituyen una deuda, con
los intereses acumulados más de 2.300 millones de dólares. Ningún gobierno
peronista reclamó nunca a La Habana el pago de esa deuda.
Es
decir, que no hay ninguna certeza de que Cuba o Venezuela paguen nunca por los
productos agrícolas que reciban de Argentina a través de Vicentín, pero
Cristina Fernández de Kirchner habrá cumplido sus compromisos con los gobiernos
que le brindaron protección y apoyo, a ella y a su hija, en momentos que lo
necesitaron.
Además,
hay otras motivaciones menos ideológicas y más vinculadas con la corrupción. La
estatización podría ser una revancha política contra la empresa Vicentín por
haber sido el principal aportante de la última campaña presidencial de Mauricio
Macri, a través de tres empresas: Algodonera Avellaneda, Friar S.A. y
Oleaginosa San Lorenzo, que volcaron cada una 4,5 millones de pesos a la
coalición macrista Juntos por el Cambio.
Por
otra parte, una nueva empresa estatal es un buen albergue para “contener”
a los militantes oficialistas de “La Cámpora” siempre a la búsqueda de
empleos bien remunerados en el Estado.
Por
último, los productores agropecuarios que vendan parte o la totalidad de sus
cosechas a una Vicentín estatal luego deberán esperar a que el Estado decida
cuanto, cuando y en que forma va a pagar por sus cosechas. Seguramente, como
todo proveedor del Estado en Argentina, los productores agrícolas deberán “aceitar”
la cadena administrativa para poder cobrar rápidamente lo que la empresa les
adeuden.
Como
puede apreciarse el caso Vicentín no es más que un nuevo ataque del peronismo
al agro argentino y un atropello al orden constitucional.
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