Perú en la encrucijada: el país que nadie desea heredar

En vísperas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, Perú se encuentra ante un umbral delicado. El próximo presidente no recibirá un país en ruinas, pero tampoco uno en paz.

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Buenos Aires — El próximo presidente peruano heredará una nación suspendida en una tensión crónica: por un lado, la solidez macroeconómica que ha resistido turbulencias regionales; por el otro, un sistema político erosionado por una década de inestabilidad, con ocho jefes de Estado en diez años y una ciudadanía profundamente desconfiada. Quien asuma el mando en Palacio de Gobierno enfrentará un Estado con legitimidad debilitada, urgencias acumuladas y un margen de maniobra cada vez más estrecho.

Durante los últimos años, Perú ha vivido una crisis política casi permanente. Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022 hasta la presidencia de transición de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de protestas masivas, episodios de violencia y un Congreso ampliamente cuestionado por su fragmentación y su distancia de las demandas ciudadanas. La desconfianza hacia las instituciones se ha convertido en un rasgo estructural de la vida pública, alimentada por la percepción de corrupción endémica, la desconexión de las élites limeñas y la ausencia de resultados palpables en la vida cotidiana de millones de peruanos. Como advierte el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, esta inestabilidad no es un episodio pasajero, sino el resultado de un ciclo que se inició en 2016 con el rechazo a los resultados electorales y que ha dejado al país sin un sistema de partidos consolidado ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Sin embargo, en el terreno económico, Perú sigue exhibiendo algunos de los fundamentos más robustos de América Latina. La disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y el peso estratégico de la minería han permitido esquivar desbordes inflacionarios o crisis de deuda como las que han golpeado a otros países de la región. Proyecciones recientes del Banco Mundial estiman un crecimiento moderado del 2,7 % para 2026, impulsado principalmente por la inversión minera y la cartera de infraestructura, aunque con riesgos asociados a cuellos de botella estructurales.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, es más optimista y proyecta un promedio anual del 3,2 % entre 2026 y 2029, sustentado en grandes proyectos mineros y asociaciones público-privadas. No obstante, esa estabilidad macroeconómica convive con realidades menos alentadoras: un crecimiento todavía débil para generar empleo de calidad, una informalidad que sigue afectando a más del 70 % de la fuerza laboral y una pobreza que, aunque reducida en la última década, ha repuntado tras la pandemia y sigue dejando brechas profundas en salud, educación e infraestructura.

El próximo presidente deberá gobernar, además, un territorio socialmente fragmentado. Las regiones andinas y amazónicas continúan denunciando un abandono estatal histórico, mientras que en Lima se concentran las decisiones políticas y económicas. Este desequilibrio territorial ha sido uno de los motores principales de las protestas más intensas de los últimos años, que dejaron decenas de muertos y heridas abiertas entre el Estado y amplios sectores de la población. Informes recientes del Observatorio de Conflictos Sociales registran hasta 257 protestas en un solo mes, lo que refleja una conflictividad que no cesa y que exige respuestas urgentes más allá de la mera contención.

Las urgencias de un país en tensión

La primera tarea del nuevo Gobierno será reconstruir la legitimidad del poder político. Sin una base mínima de confianza ciudadana, cualquier reforma estará condenada al bloqueo o al rechazo frontal. Para ello, expertos como la politóloga Milagros Campos Ramos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coinciden en la necesidad imperiosa de impulsar una reforma institucional profunda que redefina el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, reduzca la fragmentación partidaria —evidenciada en los 35 candidatos que compiten en estos comicios— y establezca reglas claras para evitar la reiterada crisis de gobernabilidad que ha marcado la última década.

En paralelo, la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. El avance del crimen organizado, especialmente vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, ha erosionado la sensación de orden en varias regiones del interior del país. El próximo presidente deberá fortalecer a la Policía Nacional y al sistema judicial, pero también atacar las raíces económicas de estas actividades ilícitas, que se alimentan precisamente de la informalidad y la falta de oportunidades formales.

Otro frente ineludible será la reactivación económica con inclusión social. No bastará con mantener los equilibrios macroeconómicos: será necesario generar empleo formal, mejorar la productividad y cerrar brechas históricas en educación, salud e infraestructura. La inversión pública, largamente rezagada por la inestabilidad política, deberá convertirse en un motor real de desarrollo, especialmente en las zonas más postergadas del país.

Asimismo, el país enfrenta el desafío de redefinir su modelo de desarrollo en torno a sus recursos naturales. La minería seguirá siendo clave —con una cartera de proyectos que promete dinamizar la economía en los próximos años—, pero las tensiones socioambientales exigen nuevas formas de diálogo con las comunidades, mayor transparencia en la distribución de beneficios y una gestión más equitativa de los impactos.

Un margen de error reducido

El próximo presidente no tendrá el lujo del tiempo. La impaciencia social, acumulada tras años de promesas incumplidas y gobiernos efímeros, reducirá rápidamente el capital político inicial. Cualquier señal de continuidad con las prácticas cuestionadas del pasado podría reactivar de inmediato la conflictividad latente. A ello se suma un escenario internacional incierto, con riesgos de desaceleración global y volatilidad en los precios de los minerales, que siguen siendo el pilar de las exportaciones peruanas. La capacidad del nuevo Gobierno para navegar ese contexto dependerá tanto de su pericia técnica como de su habilidad para construir consensos en un Congreso fragmentado, donde, según el analista Paolo Sosa, es probable que el Legislativo mantenga un rol dominante y complique aún más la gobernabilidad.

Gobernar bajo la sombra de los tribunales

Pero hay un factor adicional que convierte la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo político y personal: la suerte judicial de quienes han ocupado el poder. En las últimas décadas, varios expresidentes han sido investigados, procesados o encarcelados por causas de corrupción, en particular a raíz del escándalo de Odebrecht, que atravesó transversalmente al sistema político.

Casos como los de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción; Alejandro Toledo, extraditado y procesado; Ollanta Humala, investigado por financiamiento ilícito; o Pedro Pablo Kuczynski, bajo arresto domiciliario, han configurado una imagen inquietante: la presidencia como antesala de los tribunales. Incluso el suicidio de Alan García en 2019, cuando iba a ser detenido, marcó un punto de inflexión simbólico en la relación entre política y justicia. Desde entonces, el poder en Perú no solo se mide en términos de capacidad de gobernar, sino también en la exposición permanente al escrutinio judicial.

Este escenario tiene efectos ambivalentes. Por un lado, refleja un sistema judicial más activo y una sociedad menos tolerante con la corrupción. Por otro, introduce incentivos perversos: decisiones de gobierno condicionadas por el temor a futuras investigaciones, parálisis administrativa ante el riesgo de sanciones y, en algunos casos, el uso político de la justicia como herramienta de disputa. Asumir la presidencia en un país con tantos expresidentes presos o procesados implica un riesgo personal y político sin precedentes: el nuevo mandatario no solo heredará un Estado frágil, sino que se convertirá en blanco potencial de una justicia que, aunque necesaria para combatir la impunidad, puede convertirse en un instrumento de desgaste o venganza. Analistas coinciden en que este “efecto disuasivo” ahuyenta a perfiles técnicos y reformistas, favorece candidaturas populistas y condiciona la toma de decisiones, ya que cada acto de gobierno debe blindarse contra posibles futuras investigaciones. El resultado es una gobernabilidad aún más precaria, donde la audacia reformista choca con la prudencia defensiva.

Entre la oportunidad y el desgaste

Perú ha demostrado, a lo largo de su historia reciente, una notable capacidad de resistencia. Pero esa resiliencia tiene límites. Las elecciones de 2026 no solo definirán un nuevo liderazgo, sino que pondrán a prueba la posibilidad de encauzar institucionalmente un malestar profundo que ya no admite más prórrogas.

El próximo presidente no partirá de cero: heredará un país con fortalezas indudables —desde su potencial minero hasta su estabilidad macroeconómica— pero también con fracturas evidentes que demandan acción inmediata. Su desafío será convertir esa tensión persistente en un punto de inflexión hacia la estabilidad y no en el preludio de una nueva crisis. En ese delicado equilibrio se jugará no solo el éxito de su mandato, sino el rumbo mismo del Perú en los años por venir.