Diversas organizaciones humanitarias y los
particulares afectados por el terrorismo polisario temen que el gobierno de
Pedro Sánchez permita la fuga del criminal de guerra Brahim Gali de España
eludiendo los requerimientos de la Audiencia Nacional.
Después
de las declaraciones del dirigente N° 2 del Frente Polisario, Salem Lebsir al
periodista Alejandro Entramabasaguas del OKDIARIO, donde no dudó en afirmar que
el Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, no acudiría a
declarar ante el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de
Instrucción N° 5, de la Audiencia Nacional, se ha desatado entre diversas
organizaciones humanitarias el temor de que el gobierno español, quien ingreso
al criminal de guerra clandestinamente a España recurra al mismo procedimiento
para sacarlo del país.
La
sospecha nace de las afirmaciones de Lebsir que dijo: “En cuanto se recupere
(Ghali), que será en diez días saldrá del país. No se presentará ante el juez”.
Durante
la entrevista con Entramabasaguas, Lebsir negó que Ghali haya ingresado a
España con documentación falsificada a pesar de que accedió al hospital
bajo la identidad de “Mohamed Benbatouch” y en los informes médicos
figura como “Mohamed Abdellah”.
Recodemos que el líder del Frente Polisario no sólo
es un notorio terrorista sino un criminal al que se atribuyen delitos de lesa
humanidad y hasta crímenes de orden común, por lo cual diversas organizaciones
defensoras de los derechos humanos y ciudadanos corrientes comenzaron a exigir
que Ghali sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional de España para
responder por los delitos que se le imputan.
LAS ACUSACIONES CONTRA GHALI
La Asociación
Canaria de Víctimas del Terrorismo del Polisario (ACAVITE), por
ejemplo, reclama por los trescientos españoles muertos o seriamente heridos
entre 1986 y 1987. Victimas de los ataques cometidos por las bandas de sicarios
comandados por Brahim Ghali cuando se atribuía el cargo de “Ministro de
Defensa” de esa entidad inexistente que los separatistas insisten en
denominar República Árabe Saharaui Democrática.
Estas víctimas se
originaron en los ataques a 34 barcos pesqueros españoles y el atentado con
explosivos a la cinta transportadora de fosfatos de Bucraa donde murió un
trabajador español Raimundo Peñalver y resultaron gravemente heridos otros
tres, uno de ellos Francisco Jiménez que quedó ciego y sordo de por vida y cuya
hija Lucía Jiménez es las presidenta de ACAVITE.
Cabe destacar que
estos atentados constituyen delitos tipificados en el derecho internacional y
por el Código Penal de la mayoría de los países. En especial están contemplados
en el artículo 573 del Código Penal de España y revisten carácter de
imprescriptibles.
En tanto que otra
organización humanitaria, la Asociación Saharaui para la Defensa de los
Derechos Humanos (ASADEH) reclama la detención de Brahim Ghali por los delitos
de genocidio, asesinato, aplicación de tormentos, desaparición forzada de
personas y terrorismo cometidos contra la población marroquí de origen saharaui
retenida contra su voluntad en los campamentos argelinos de Tinduf
administrados por el Frente Polisario.
Recordemos también
que, Brahim Ghali fue imputado en 2016 por el juez de la Audiencia Nacional,
José de la Mata, que admitió una denuncia por estos delitos a tramite en
noviembre de 2012 y que fue interpuesta por la ASADEH y tres víctimas contra 28
miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.
Entre los
querellantes que han recurrido a la Audiencia Nacional en busca de justicia se
encuentra Saadini Malainine, una mujer cuyo padre fue torturado hasta morir en
las cárceles del Polisario y ella, con tan sólo ocho años, fue arrancada del
seno de su familia y enviada a Cuba para ser adoctrinada con la excusa de su “educación”
como revolucionaria.
A estos reclamos
por delitos de lesa humanidad se suma la denuncia por violación presentada por
Jediyetu Mahmud Mohamed Zubair, quien siendo una adolescente, en 2010, Brahim
Ghali violó en la supuesta “embajada” del Polisario en Argel con la
ayuda de Abderkader Luely Talomar y otro empleado de esa legación.
Jediyetu con el
patrocinio del abogado Agustín de la Cruz Fernández denunció el hecho ante la
Audiencia Nacional de España y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
EL CASO FADEL BREICA
El caso que más
complica la situación de Brahim Ghali ante la justicia española es la denuncia
presentada por el ciudadano español de origen saharaui Bua Da Mohamed Fadel
Breica.
Fadel, que era
miembro del grupo disidente “Iniciativa Saharaui por el Cambio”,
creada en 2017, retornó desde España a los campamentos de Tinduf, como en otras
ocasiones, para visitar a su familia. El 18 de junio de 2019 fue detenido fuera
de todo marco legal por agentes del aparato de seguridad del Frente Polisario,
empleando fuerza extrema para meterlo en un vehículo. Algo similar ocurrió
simultáneamente con otro miembro del grupo disidente Iniciativa Saharaui para
el Cambio, Mulay Abba Buzeid y Mahmud Zeidan, un experiodista de RASD-TV
vinculado a otro grupo disidente el “Foro de Jóvenes Saharauis para una
Solución”. Ambos grupos disidentes tienen su sede en España y desafían el
liderazgo del Frente Polisario y se inclinan por explorar nuevas formas de
superar el conflicto artificial que desde hace más de cuatro décadas afecta al
Sáhara marroquí.
En el caso de Fadel
permaneció incomunicado durante diez días, sin ningún acceso al mundo exterior
o que sus familiares supieran que había sido de él, fue privado de la
protección de la ley y con su integridad física y psicológica en serio riesgo.
Según él pudo
entender durante los interrogatorios, la causa principal de su detención ilegal
y de las torturas que le fueron aplicadas era su lucha por los derechos de los
disidentes que eran víctimas de violaciones a los derechos humanos a manos del
Frente Polisario. En especial su participación en una sentada de protesta
frente a la embajada de Argelia en Madrid. La misma era una forma de reclamo
para saber cuál había sido la suerte sufrida por un miembro de su tribu, el
exsecretario general del Polisario, Ahmed Khalil Braih, su primo, que fue
raptado en enero de 2009 en la ciudad de Argel. Ahmed Khalili Braih había
expresado públicamente sus diferencias por los actos de corrupción en el seno
de la dirección del Polisario, en particular el robo de la ayuda humanitaria
para su posterior comercialización ilegal en mercados informales del Sahel.
Fadel permaneció como
prisionero, sin nombre en una celda sin número, del “gulag” polisario
durante cuatro meses hasta que fue liberado el 10 de noviembre de 2019 y
expulsado de Tinduf debido a la presión internacional y al hecho de que contaba
con nacionalidad española.
Afortunadamente, el
martirio al que fue sometido Fadel Breica no ha permanecido oculto. Ahora el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 87° Sesión (27 de abril
al 1° de mayo de 2020), emitió el dictamen N°7/2020 respecto al caso de El
Fadel Breica instando al Gobierno de Argelia a garantizar que se lleve a cabo
una investigación profunda e independiente sobre las circunstancias de los
hechos citados y a tomar las medidas necesarias contra los responsables de la
violación de sus derechos.
Que se proceda a la
indemnización por los daños sufridos, en particular y en la forma de
conformidad con el derecho internacional. Que el gobierno utilice todos los
medios a su alcance para difundir este dictamen lo más ampliamente posible. Y
que comunique las informaciones requeridas dentro de los seis meses que siguen
a la transmisión de este dictamen. Se reserva, sin embargo, el
derecho de tomar medidas de seguimiento si nuevas informaciones preocupantes
sobre el asunto atraen su atención.
Eso le permitía a
Fadel informar al Consejo de los Derechos Humanos acerca de los progresos
logrados en el marco de la aplicación de sus recomendaciones o, si por el
contrario, no se hizo nada en este sentido, como finalmente ocurrió.
En abril de 2021, Fadel
denunció su caso a la Audiencia Nacional de España por lo cual el juez Santiago
Pedraz citó al Secretario General del Frente Polisario para que el miércoles 5 de mayo declarase como imputado
por el delito de “secuestro y torturas”.
En el
momento en que varios agentes de la Policía Nacional se personaron en el centro
hospitalario para notificar a Ghali la citación judicial, el líder del Frente
Polisario se negó a aceptar el documento alegando que tenía que consultarlo
antes con la Embajada de Argelia y con algunas personas de su confianza.
La
presencia clandestina e inconsulta de Brahim Ghali en España abrió la mayor
crisis diplomática con Marruecos desde los tiempos de la Marcha Verde en 1975
que ha desestabilizado al gobierno de Pedro Sánchez.
Sin
embargo, el gobierno español hasta el momento no ha informado ni a los
españoles ni al gobierno marroquí en que carácter permanece internado el
dirigente polisario, si le ha otorgado algún tipo de inmunidad frente a los
reclamos de la Audiencia Nacional y que ocurrirá con él cuando los facultativos
que lo atienden le den el alta médica.
Como puede apreciarse
el caso Brahim Ghali se está convirtiendo en un problema sin solución para el
gobierno de Pedro Sánchez, que recibe el fuego cruzado de los reclamos de las
asociaciones humanitarias, los pedidos de explicaciones del partido Popular y
Vox y el justificado enojo del gobierno marroquí. Todo esto se agravará si el
Jefe de Gobierno español autoriza la salida clandestina de Ghali o le otorga
algún tipo de asilo político.
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