Después
de años de denuncias de fuentes independientes sobre la corrupción endémica en
las filas del Frente Polisario ahora son los propios dirigentes separatistas
quienes denuncian este problema.
Tras servir fielmente los intereses geopolíticos de Argelia
en el Magreb traicionando a la población que dicen representar y a la que
obligan a vivir de la caridad internacional, los dirigentes del Frente
Polisario han caído en una suerte de “separatismo delictivo” donde más que
servir a una causa justa lo que buscan es un enriquecimiento ilícito y
descarado.
Como han denunciado en
diversas ocasiones tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, como la
Cruz Roja Española y el Centro Europeo de Inteligencia Estratégica y Seguridad, los dirigentes
del Polisario, en colaboración con algunos funcionarios argelinos, han
establecido una estructura ilícita, cuyo propósito es sustraer la ayuda
asignada por la comunidad internacional a la población de Tinduf para su posterior
venta ilegal en los mercados africanos.
En una operación ilícita que deja una ganancia anual
de al menos diez millones de euros a tanto a los dirigentes separatistas del
Polisario como a sus socios argelinos.
Para llevar a cabo este delito doloso internacional de
robo y estafa, esta estructura mafiosa colabora estrechamente con las redes
criminales del norte de África, conocidas por sus conexiones con el terrorismo,
el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Son varias las entidades humanitarios y las organizaciones
no gubernamentales que han reiteradamente denunciado y suficientemente probado la
vergonzosa realidad de la existencia de esta red de corrupción que condena a
las mujeres y niños de los campamentos de Tinduf a la privación, la indigencia
y la desesperación.
Ante este fraude varias autoridades reconocidas por su
credibilidad han sido obligadas a suspender sus contribuciones, como es el caso
de las ONG estadounidenses “The
Association of the Bar of the City of New York”, “Teach the Children International” y la ONG española “Manos Limpias”.
Ahora se
suma un nuevo hecho que no deja lugar a duda del alto nivel que la corrupción ha
alcanzado en las filas del Frente Polisario. Recientemente el supuesto diputado
Dih Mohammed Noucha, integrante, en
representación del campamento de Smara, del pretendido “Consejo Nacional”, el órgano legislativo de ese imaginario Estado
que los separatistas creen haber creado en sus campamentos argelinos y que
nadie, salvo Argelia y sus amigos, reconoce, ha solicitado al cuerpo que
integra la investigación y esclarecimiento de una gigantesca malversación de
fondos.
Se trata,
según Noucha, del robo de más de 56.000 millones de dinares argelinos (unos 2,5
millones de dólares) pertenecientes al presupuesto de la inexistente República Árabe
Saharaui Democrática, por el personal encargado de las llamadas “representaciones del Frente Polisario en el
exterior”.
Para impulsar su denuncia el “diputado”
Noucha se encerró en las instalaciones del supuesto “Consejo Nacional” negándose a abandonarlas hasta el presidente del
cuerpo Khatri Addouh, un dirigente nombrado directamente por el líder del
Frente Polisario, Brahim Ghali sin intervención legislativa, se comprometió
personalmente a “ocuparse del tema”.
No obstante, en una corta sesión convocada al efecto el pasado 24 de
enero, “Consejo Nacional” rápidamente
rechazó la denuncia del “diputado”
Noucha y se negó a abrir una investigación.
Esta es la forma habitual que emplea el Frente Polisario para encubrir
los cada vez más frecuentes y graves hechos de corrupción que involucran a sus
más altos dirigentes.
Cabe recordar que, tal como denunciaron
diversos peticionarios ante la 4ta. Comisión de Naciones Unidas, los delitos
dolosos de malversación y estafa cometidos contra una población confinada en
campamentos constituyen delitos de lesa humanidad contemplados en el artículo
7°, del Estatuto de Roma, sancionado el 17 de julio de 1998, y el Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, es responsabilidad de la Corte Penal
Internacional (CPI), investigar estos delitos que entran en su
jurisdicción como “crímenes de lesa humanidad” y por tanto imprescriptibles, y determinar las
responsabilidades penales de todas las personas implicadas.
Algo que a la luz de las reiteradas denuncias existentes,
a las que ahora se suman las de Dih Mohammed Noucha desde los mismos
campamentos administrados por el Frente Polisario, la comunidad internacional
no puede seguir ignorando.
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