El gobierno de Alberto Fernández ha
construido un “relato” afirmando que tiene la bajo control pero la realidad es
que la Argentina reaccionó tarde y mal frente a la pandemia de coronavirus.
Los
gobierno populistas del llamado socialismo del siglo XXI suelen reemplazar la
realidad que les es adversa por una fantasía bien construida. Una realidad
alternativa que el kirchnerismo ha bautizado como: “el relato”.
Así,
durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se
incrementó el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- respondió dejando de medir
el índice de pobreza. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, de cuya
área dependía ese organismo, justificó esta decisión afirmando que medir la
pobreza era “estigmatizar a los pobres”.
Así,
que por decisión gubernamental, en la Argentina kirchnerista, dejaron de
existir los pobres. En realidad, pobres había y en cantidad, todos los veían
pero nadie sabía con certeza cuantos eran y si su número crecía o disminuía.
Ahora
el gobierno de Alberto Fernández procede en forma similar con respecto a la
expansión del coronavirus tratando de instalar la idea de que ha actuado
correctamente y a tiempo para prevenir lo más posible la difusión de la
enfermedad.
Aunque
la situación es otra. El gobierno argentino adopta tarde las medidas necesarias
y las implementa mal. No obstante, difunde ante la población la idea de que
tiene todo bajo control y que se han adoptado todas las previsiones posibles.
Lo cual no es cierto.
Luego
de menos preciar la gravedad de la pandemia con las declaraciones triunfalistas
del ministro de Salud Ginés González García, un médico que llegó al cargo patrocinado
por la industria farmacéutica, el gobierno comprendió la gravedad de la amenaza
y los riesgos electorales que encerraba a futuro y decidió actuar con energía
pero el entramado de incapacidad e intereses políticos y económicos trabó la
adopción de las medidas de fondo.
El
gobierno inicialmente estableció un acuerdo con la oposición y los medios de
prensa para evitar las críticas a las medidas adoptadas para contener la
pandemia. Se trataba de suspender “la grieta” y la persecución a los
funcionarios y periodistas macristas en nombre de la unidad nacional frente a
la crisis y planteando la necesidad de impedir la propagación del pánico en la
población.
La
prensa comenzó a dedicar mucho espacio a las imágenes del presidente Fernández,
ataviado con un curioso casco blanco, recorriendo instalaciones sanitarias y realizando
declaraciones redundantes y poco concretas, como el anuncio de que destinaba
veinte millones de dólares a la lucha contra el coronavirus, mientras que otros
países como Marruecos destinaban 1.000 millones para paliar la emergencia.
Había
dado comienzo el relato sobre el coronavirus: el presidente Fernández se había
anticipado a la crisis, tenía la situación bajo control y no había nada de qué
preocuparse.
Algunos
periodistas y ciertos analistas que venden su imagen de “independientes”
comenzaron a difundir reiteradamente que la imagen positiva del presidente se
había incrementado notablemente. Como si frente a la pandemia del coronavirus
fuera importante la imagen del presidente. Lamentablemente, la realidad era
otra.
Mientras
tanto, comenzó el aprovechamiento político de la coyuntura con desprecio de las
urgencias que el momento imponía. El mejor ejemplo de ello fue la puja en torno
al inicio o no de las clases.
Durante
los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, los gremios docentes en manos
de dirigentes kirchneristas impidieron, con huelgas por reclamos salariales, el
normal inicio de las clases previsto en el calendario escolar.
Tanto
el presidente Alberto Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos
Aires Axel Kicillof, estaban interesados en instalar el mensaje en la población
de que con el kirchnerismo en el gobierno las clases comenzaban sin incidentes
en la fecha prevista.
El
calendario escolar establecía el inicio de las clases en la educación primaria
para el lunes 2 de marzo y una semana más tarde, el lunes 9 para los alumnos de
secundaria. El gobierno hizo que las clases comenzaran según ese calendario, aunque para ese entonces ya se habían
registrado los primeros casos de coronavirus, muchos alumnos regresaban de sus
vacaciones en el extranjero y en diversos países se habían interrumpido las
clases. La prudencia indicaba que lo correcto era no iniciar las clases pero
los intereses políticos prevalecieron.
Finalmente,
el viernes 13, es decir al fin de la segunda semana de clase para los alumnos
primarios y de la primera para los estudiantes de secundaria, se suspendieron
las clases después de exponer a docentes y alumnos al riesgo de contagio y a la
expansión de la pandemia.
Los
controles en aeropuertos y a los viajeros se manejaron la misma negligencia.
Quién
esto escribe partió desde Buenos Aires a Madrid el 1° de marzo y regresó a
Argentina desde esa ciudad el día 11. Para ese entonces el gobierno argentino
afirmaba que se realizaban controles de temperatura a los pasajeros. Pero no
era cierto. En ambas ocasiones este viajero no observó ningún tipo de controles
ni en el aeropuerto de Ezeiza ni en el de Barajas.
El 10
de marzo el gobierno argentino decretó que todos los viajeros que arribaran al
país provenientes de lugares con una alta tasa de casos de coronavirus, como
España, Estados Unidos o Italia, estaban obligados a realizar un aislamiento
preventivo de catorce días.
Sin
embargo, al arribar al aeropuerto de Ezeiza no había ningún tipo de control.
Solo se les pedía a los pasajeros que completara una supuesta declaración
jurada donde aseguraba no tener ninguno de los síntomas del covid-19, pero
nadie controlaba los datos consignados. Era muy sencillo mentir, incluso consignar
un nombre y domicilio falso. Una persona retiraba los formularios a medida que
los pasajeros descendían sin molestarse en leerlos, mucho menos en confrontar
los datos con los del pasaporte. Las declaraciones juradas eran un mero
formulismo para afirmar la existencia de controles.
Luego
los viajeros provenientes de varios vuelos -en este caso precisamente de España
e Italia- se hacinaron durante casi una hora en una amplia sala donde formaron
una apretada fila en zigzag para cumplir con el trámite migratorio habitual.
Pese a que muchas personas tosían y lucían sus ojos afiebrados a ninguna
autoridad aeroportuaria ni sanitaria se le ocurrió tomarles la temperatura o
sacarlos de la fila para verificar su estado.
Al
dejar las instalaciones del aeropuerto los viajeros se distribuyeron en
diversos medios de transporte público y privado rumbo a sus lugares de
alojamiento sin ningún tipo de control.
Durante
días, residentes en Argentina y turistas continuaron arribando al país sin que las
autoridades los obligaran a cumplir con el aislamiento obligatorio. Los
turistas se registraban en sus hoteles y luego salían alegremente a recorrer la
ciudad y a comer en restaurantes y bares llenos de gente. Incluso un crucero de
turismo repleto de pasajeros permitió su descenso en el puerto de Buenos Aires
y las autoridades tardaron dos días en obligarlo a zarpar.
En ese
momento, 11 de marzo, para un país de casi tres millones de kilómetros
cuadrados de extensión y cuarenta y cuatro millones de habitantes había un solo
laboratorio habilitado -el Instituto Malbrán- para efectuar los análisis sobre
la existencia o no de coronavirus. Hoy, con más de quinientos casos detectados
y nueve muertos, los laboratorios
habilitados son solo seis en todo el país y la cantidad de reactivos de prueba
es insuficiente para todos los pacientes sospechosos de haber contraído la
enfermedad. Esto significa que el número real de contagiados y de muertos por
coronavirus se ignora y que el gobierno no implementa los controles necesarios
para establecer un conteo confiable.
Finalmente,
el jueves 19 de marzo el gobierno decretó el cese total de actividades hasta el
31 de marzo y la obligatoriedad de permanecer en los domicilios para el grueso
de la población.
Sin
embargo, como había previsto un feriado de cuatro días hasta el 24 de marzo.
Los argentinos ignorando la prohibición oficial, alegremente partieron para
unas minivacaciones en la costa y otros destinos de turismo interno.
Nuevamente, el gobierno nacional no tomó ninguna medida para impedirlo. Tan
solo los intendentes y algunos vecinos de ciertas localidades evitaron la
llegada de turistas a sus ciudades.
Mientras
tanto, los primeros días del cese de actividades laborales y comerciales
comenzaron a golpear fuerte en la economía de los trabajadores por cuenta
propia (peluqueros, entrenadores físicos, taxistas, remiseros, vendedores
callejeros, jardineros, empleadas domésticas, masajistas, dentistas, abogados,
psicólogos, plomeros, albañiles, etc.) se quedaron de un día para otro sin ingresos
y sin fecha cierta de cuándo podrán trabajar nuevamente.
Estamos
hablando de entre el 35 y 45% de las familias argentinas, incluyendo gran parte
de la población con menores recursos que depende de los pagos que reciben del
gobierno: la asignación universal por hijo, planes sociales que se pagan por
tarjeta de débito, distribución gratuita de alimentos, y de la comida que
brindan los comedores comunitarios, etc.
La
aplicación de aislamiento social obligatorio detonó motines en algunas
cárceles. Los presos acusaron al personal penitenciario de no respetar la
cuarentena si habían viajado al exterior, se quejaban de que había disminuido
la comida y de que se suspendieran las visitas de familiares.
También
se registraron protestas en los barrios de emergencia donde la población más
carenciada se hacina en precarias viviendas. Allí en ocasiones viven tres o
cuatro personas en una pieza, sin agua corriente ni cloacas. Incluso hubo
saqueos a comercios y ataques a personal policial en algunas zonas marginales
del Gran Buenos Aires que el gobierno ha tratado de minimizar y ocultar
presionando a la prensa.
En las
“villas”, donde la policía rara vez entra, la gente se niega a cumplir
con el aislamiento y se reúne a conversar en los pasillos, jugar al futbol y
tomar cerveza o incluso mate…
Si el
coronavirus entra en alguno de estos asentamientos poblacionales, con 15 o
20.000 habitantes, las consecuencias serán letales.
Actualmente,
la situación en Argentina parece controlada. Pero es tan sólo la calma que
precede a la tormenta. Según los expertos esa tormenta puede llegar en la
primera quincena de abril con la aparición de los primeros fríos.
El
gobierno no está debidamente preparado para hacer frente a la expansión de la
pandemia. Además, la sociedad toda no parece comprender la gravedad de la
situación, casi 140.000 personas han sido detenidas y procesadas por violar la
cuarentena. La gente, sin distinción de niveles sociales, vulnera el
aislamiento social y menosprecia las medidas de prevención. En algunos casos,
incitados por el mal ejemplo de algunas autoridades nacionales y ciertos
comunicadores sociales.
Parece
que una vez más los argentinos insisten en bailar sobre la cubierta del
Titanic.
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