Cacerolazos, motines en las cárceles,
saqueos en el Gran Buenos Aires y desobediencia empresaria destruyen el relato
oficial de que la crisis del coronavirus se encuentra bajo control.
Los afectados
por el Covid-19 en Argentina se acercan dramáticamente a los mil infectados y
los muertos a veintisiete, mientras el presidente haciendo gala de un insólito
optimismo declaró en una entrevista: “los primeros resultados dicen que
estamos dominando al virus... Muchos países de Europa, Estados Unidos también,
impusieron la cuarentena tardíamente cuando el virus se había propagado mucho.
Nosotros lo estamos controlando.”
En sintonía con esa visión optimista, el médico infectólogo Gustavo
Lopardo, integrante del Comité de Crisis que realiza el seguimiento del avance
de la pandemia en el país, propuso que los medios de comunicación cesen de
informar sobre el número de afectados para no generar miedo.
“Contar los muertos e infectados es el rol de la Organización Mundial de
la Salud, no de los medios”, concluyó el asesor presidencial.
Como si para bajar la fiebre de un enfermo fuera suficiente con romper el
termómetro.
Al mismo tiempo los medios de prensa controlados por el gobierno y los
encuestadores afines al kirchnerismo insisten en tratar de instalar la idea de
que el presidente tiene un nivel de aprobación superior al 90% cuando diversos acontecimientos
indican que eso no es así.
El
lunes 30 de marzo, entre las 21.00 y 21.30 hs., se produjo un cacerolazo masivo
en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba capital -la segunda en importancia
del país- pidiendo que ante la crisis del coronavirus los políticos se bajen
los sueldos.
La
protesta surgió en las redes sociales y se expandió a través de las cadenas de
WhatsApp, un medio que el gobierno no puede controlar pese a contar con un
numeroso “ejército de trolls”.
El
sector de la sociedad que tiene un trabajo formal, una vivienda propia y paga
impuestos esta cansada de que el gobierno le imponga una “solidaridad
forzada” con los sectores populares dependientes de la ayuda financiera
estatal mientras con los políticos se fijan altísimos salarios y se otorgan suculentos
beneficios -pasajes de avión gratuitos, chofer y automóvil oficial, numerosos asesores
bien remunerados, excepciones impositivas, etc.- con recursos provenientes de
los impuestos pagados por los contribuyentes.
En la
provincia de Tucumán, una de las más pobres del país, por ejemplo, cada uno de
sus 49 legisladores provinciales le cuesta cada año al erario local $85.716.327
pesos argentinos, que equivalen a 5.042 salarios mínimos vitales y móviles (de
aproximadamente $17.000.-) o U$S 1.026.543 dólares estadounidenses al cambio
oficial.
El
ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá recibe un salario mensual de
$628.991 pesos argentinos, que equivalen a 37 salarios mínimos vitales y
móviles o unos U$S 10.000 dólares estadounidenses. No es una cifra demasiado
alta para un funcionario de esa jerarquía. Además, cada vez que el ministro sale
del país, como cualquier otro miembro del gabinete, percibe “viáticos”
diarios en dólares por cada día que permanece en el extranjero y cuyo monto
varían según el país de destino y que no debe justificar si los gasto o no, son
para él. También recibe un monto considerable y variable en concepto de “gastos
eventuales”. Esos fondos si debe justificarlos con boletas y reintegrar el
sobrante si no los emplease.
Los
interesante es que el Canciller paga impuesto a las ganancias por su salario y
no por los “viáticos o los gastos eventuales” que se abonan por boleta
separada en efectivo previamente al inicio de su viaje. Como encargado de las
Relaciones Exteriores del país el Canciller debe viajar con frecuencia por lo
que en algunos meses sus ingresos por concepto de “viáticos” pueden superar sus
haberes.
En
Argentina, la política no conoce de ajustes ni solidaridades. Pero, la gota que
colmó el vaso de la paciencia colectiva fue la decisión del gobierno de
contratar a algunos artistas que se identifican públicamente con el
kirchnerismo -como el músico Fito Páez- para que realicen desde sus domicilios
funciones para “alegrar” a la población a través de las redes sociales. Una
suerte de paliativo oficial para compensar a los artistas amigos por la
suspensión de los espectáculos debido a la cuarentena.
Es que
los gobiernos populistas se especializan en hacer solidaridad y apoyar a la “cultura”
con el dinero de los otros.
La
imposición de la cuarentena con congelamiento de despidos, de incrementos en
los alquileres y el cese de actividad económica ha erosionado considerablemente
el apoyo que el gobierno recibía de un sector del empresariado.
Eso se
hizo evidente cuando la empresa ítalo-argentina Techint, una de las principales
contratistas de la obras pública, despidió, pese a la prohibición gubernamental
de efectuar despidos, suspensiones o reducciones de sueldos a los empleados; a
1.450 de sus trabajadores.
Aunque
por el momento el gobierno logró que la prensa ocultara estos hechos, en las
redes sociales circularon filmaciones caseras efectuadas por ciudadanos
particulares -y en algunos casos por el propio personal de seguridad- de
motines en las cárceles de Batán -provincia de Buenos Aires- y Coronda
-provincia de Corrientes-, protagonizados por presos que demandaban
medicamentos y alimentos. Saqueos a comercios en la localidades bonaerenses de
La Plata, Tigre y Pergamino.
Curiosamente,
estos saqueos no se produjeron contra locales de grandes cadenas de
supermercados que cuentan con guardias de seguridad y seguros por vandalismo,
sino contra pequeños comercios locales, en especial verdulerías. Parece que, al
menos en esta ocasión, para los saqueadores es más importantes hacerse con una bolsa
de papas que robar un electrodoméstico o una botella de bebida alcohólica. Por
algo, los productos de la huerta subieron entre un 100 y un 200% desde el
establecimiento de la cuarentena.
Por
último, el fin de semana pasado circuló por las redes sociales y hasta se
comentaron en los medios de prensa tradicionales -aunque sin proyectarlos-
videos grabados por un ciudadano mientras recorría las calles del municipio
bonaerense de La Matanza donde era posible observar apretadas colas de varias
cuadras de extensión de gente que pretendía acceder a un cajero automático para
sacar dinero, también se veían vendedores callejeros y personas que transitaban
tranquilamente por las calles sin emplear barbijos ni ninguna otra medida de
protección. La filmación no mostraba ninguna presencia policial ni de autoridad
municipal o provincial alguna.
Otro
vídeo revelaba la circulación de buses -llamados en Argentina “colectivos”-
“truchos” -es decir falsos o ilegales-. Por lo general se trata de
unidades de transporte dejadas fuera de servicio por su deterioro y antigüedad
que circulan en forma clandestina evitando los cruces de calles controlados por
la policía. Los pasajeros pagan un boleto o tique mínimo y a cambio viajan
hacinados, apretados unos contra otros, solo los afortunados consiguen un
asiento. Allí tampoco nadie emplea barbijos pese a viajar en un espacio cerrado
y falto de ventilación.
Es que
el conurbano bonaerense profundo nunca sale en los noticiarios televisivos.
Resulta
evidente que pese a las optimistas afirmaciones del presidente Fernández, la
situación epidemiológica en Argentina dista mucho de estar bajo control y que
finalmente esta negligencia oficial luego se saldará inevitablemente en un
número mayor de víctimas que hoy se podrían evitar. Pero, el relato y la
incapacidad de las autoridades de todos los niveles lo impide.
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