LOS INDIGNADOS LLEGAN AL CONO SUR DE AMÉRICA

LOS INDIGNADOS LLEGAN AL CONO SUR DE AMÉRICA

Por el Dr. Adalberto C. Agozino[i]

1.    EL PROTAGONISMO DE LAS PROTESTAS SOCIALES

            Las protestas sociales se extienden y dominan el mundo. Las plazas y calles de la Europa en recesión se pueblan con los reclamos de los “indignados”. Recientemente miles de personas protestan en las calles de Italia y Portugal contra las políticas de ajuste y las consecuencias de la crisis económica. En Asia, el pasado mes de julio más de cien mil personas recorrieron las calles de la ex colonia británica de Hong Kong reclamando al gobierno chino el sufragio universal directo, bajo el lema de “una persona, un voto”. El gobernador designado por Pekín, frente a la magnitud de la protesta, declaró que el gobierno chino está dispuesto a aceptar un  referéndum sobre el tema, pero recién en 2017. La población de Hong Kong asciende a siete millones de personas. Los expertos temen    que las protestas pueden extenderse, a través de las redes sociales, a los mil trescientos millones de chinos.

            Desde el año 2010 las principales ciudades del Norte de África y Medio Oriente son periódicamente por protestas callejeras que derriban gobiernos y que en algunos casos son sólo el preludio de guerras civiles que terminan por propiciar la intervención de potencias extranjeras. Hace unos meses fue Turquía en las últimas semanas la salvaje represión a las protestas en Egipto y hoy el mundo se horroriza ante el empleo de armas químicas contra la población civil en la lenta agonía que sufre Siria.

            Algo similar ocurre en América Latina. Chile soporta desde hace tres años protestas intermitentes de estudiantes que reclaman la educación universitaria pública gratuita. En Brasil las protestas tienen varios móviles desde la corrupción hasta los aumentos en las tarifas del transporte pasando por los gastos en el Mundial de futbol que tendrá lugar en 2014 obligando a la presidenta Dima Rousseff a apelar al Ejército para controlar huelgas y protestas.

            Para no hablar de Argentina donde el descontento social y la protesta callejera se han hecho endémicos desde el año 2001. Recientemente – en septiembre de 2012 y en abril y agosto de 2013- tuvieron lugar multitudinarias protestas en las principales ciudades del país convocadas por jóvenes pertenecientes a los estratos medios urbanos desde las redes sociales. Éstas llegaron en algunos casos a reunir más de un millón de personas, afortunadamente sin que se registren hechos de violencia física. Pero fueron lo suficientemente importantes como para poner fin a las aspiraciones del gobierno de Cristina Kirchner de reformar la Constitución Nacional para habilitar un tercer mandato de la actual primera mandataria.

            Desde 19 de agosto de 2013, Colombia enfrentó masivas marchas y concentraciones de campesinos que demandan cambios en la política pública del sector agropecuario afectado por el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Las protestas campesinas sumaron el apoyo de los camioneros –que reclaman por el aumento de combustibles-; mineros -que piden el fin del trabajo informal precarizado- y de los partidos de izquierda. El jueves 29 de agosto confluyeron sobre Bogota siete marchas de apoyo a los campesinos, hubo actos de vandalismo y enfrentamientos con la policía que culminaron con la muerte de dos manifestantes, 147 heridos y medio centenar de detenidos. El gobierno de Juan Manuel Santos respondió desplegando 50.000 hombres de las fuerzas armadas para “blindar” las calles de la capital colombiana y frenar las protestas.

2.    LAS CAUSAS DEL DESCONTENTO

            Frente a este fenómeno cabe preguntarse: ¿Qué elementos comunes presentan estas protestas? En ese sentido podríamos comenzar señalando que en la medida en que estas protestas se producen en geografías y culturas muy diversas los móviles de cada una de ella son propios y diferentes de otras. No obstante, en todos los casos expresan el descontento de los estratos medios con sus gobiernos en particular y con la clase dirigente en su conjunto. Aunque sus reclamos o propuestas suelen conformar un programa que combina, en diverso orden, los reclamos por mejores oportunidades laborales, mejoras en la economía en su conjunto, denuncias ante la corrupción gubernamental y lo que consideran el derroche de los fondos públicos o los reclamos de mayores espacios de participación o el respeto de las libertades individuales.

 

            La población suele apelar a este tipo de acciones cuando interpreta que el sistema de participación política institucionalizado – a través de la Constitución, las leyes y las instituciones que de ellas surgen- resulta ineficaz para satisfacer sus problemas y expectativas. En este sentido la aparición de protestas sociales indica el fracaso del sistema institucionalizado de representación democrática y el fracaso de los liderazgos políticos existentes hasta ese momento.

 

            Por lo tanto, no es inusual que las protestas sociales demanden una renovación total de los elencos políticos. Más que el descontento hacia un gobierno en particular, las protestas sociales suelen expresar la disconformidad y el hartazgo hacia un determinado orden social y político por lo tanto ponen en serio riesgo la gobernabilidad de los países afectados.

 

            En muchos casos las protestas sociales también suelen indicar la existencia de vastos sectores sociales que se sienten ofuscados ante el descenso de su nivel de ingresos o la frustración de sus expectativas de mayor bienestar y/o de mejores posibilidades de movilidad social ascendente. Estos sectores se ven tentados de responsabilizar a los grupos dirigentes por las restricciones económicas que los afectan.

 

            Según el Dr. Jorge Castro[ii] en Chile y Brasil, por ejemplo ha surgido en los últimos diez años una poderosa clase media cuyas expectativas están por encima de la realidad económica de sus respectivos países. No se pueden sostener en el tiempo salarios promedios de 1.400 a 1.600 dólares mensuales con economías poco diversificadas y no competitivas.

 

            Esta nueva clase media se expresa a través de movimientos profundamente vinculados a las nuevas tecnologías de la comunicación y la imagen, en especial Internet y las redes sociales –Blackberry, Facebook, Twitter, etc.- De allí que su integración con el sistema mundial es inmediata y que asuma como propios los valores y expectativas de los países más avanzados del planeta. El marco de lo posible se ha ampliado para ellos y se ha colocado al alcance de la mano, en un sentido estricto y no metafórico del término. Algo similar ocurre en la Argentina.

 

3.    LA ARGENTINA INDIGNADA (1980 – 2012)

 

            Según un datos provenientes de un estudio realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, efectuado empleando información periodística –que siempre en estos temas es muy incompleta porque no dispone de la totalidad de los datos y sólo registra los hechos más relevantes- que mide la conflictividad social a través de tan sólo cinco indicadores sociales encontramos que en este período en Argentina se produjeron los siguientes conflictos:

CONFLICTOS OCURRIDOS ENTRE 1980 Y 2012

TIPO DE HECHO	CANTIDAD DE HECHOS	MEDIA ANUAL
Conflictos laborales	13.896	421
Huelgas generales	35	1,16
Saqueos (robos colectivos)	2.090	87
Cortes de rutas y calles (1997 – 2012)	19.811	1.238
Cacerolazos (2001- 2012)	2.495	208
Total de incidentes	38.527	1.197

 

            Si pretendemos analizar los hechos más recientes, sería conveniente reducir el análisis al período 2003 / 2012, la etapa de gobierno del matrimonio Kirchner (2003 – 2007 Néstor Kirchner; 2007 – 2011 y desde 2011 Cristina Kirchner) y en esta forma tendríamos el siguiente cuadro:

 

CONFLICTOS OCURRIDOS ENTRE 2003 Y 2012

TIPO DE HECHO	CANTIDAD DE HECHOS	MEDIA ANUAL	% Del total
Conflictos laborales	4.559	506	32,80
Huelgas generales	2	0,2	5,71
Saqueos (robos colectivos)	293	32	14
Cortes de rutas y calles (1997 – 2012)	15.135	1.681	76,89
Cacerolazos (2001 – 2012)	463	52	18
Total de incidentes	20.452	3.128	53,36

 

            Al mismo tiempo, en este período, es decir  durante los últimos treinta años de vida democrática, tres presidentes constitucionales debieron renunciar o acortar su mandato significativamente como resultado de protestas sociales significativas que ocasionaron víctimas fatales.

 

·         9 de Julio de 1989

            El presidente Raúl R. Alfonsín renuncia después de soportar trece huelgas generales y se vio obligado a entregar el gobierno (su mandato finalizaba el 10 de diciembre de 1989) a Carlos S. Menem después de saqueos y protestas que generaron 14 muertos y decenas de heridos en todo el país. Durante el último mes de su gobierno el índice inflacionario alcanzó el 200%.

 

·         20 de Diciembre de 2001

El presidente Fernando De la Rúa renunció a la mitad de su mandato (faltaban dos años para el 10 de diciembre de 2003 en que concluía su mandato) tras soportar nueve huelgas generales, es decir una cada tres meses de gobierno, y 875 saqueos en los últimos veinte días de gobierno y protestas generalizadas que generaron 27 muertos y cientos de heridos y detenidos.

 

·         25 de Mayo de 2003

El presidente provisional Eduardo Duhalde que debía completar el mandato presidencial de renunciante Fernando De la Rúa, decidió el 27 de julio de 2002 convocar a elecciones y entregar el gobierno después de la muerte de dos manifestantes a manos de la policía.

 

            Como puede observarse, las protestas callejeras suelen afectar a la gobernabilidad de los Estados y preceder a grandes transformaciones políticas. Como prueba de ello veamos el siguiente cuadro:

 

Crisis de gobernabilidad en América Latina

 

AÑO	PAÍS	PRESIDENTE	CAUSA DE INTERRUPCIÓN	RESISTENCIA CIVIL	ACTIVISMO MILITAR
1989	Argentina	Raúl Alfonsín	Renuncia	Saqueos: 14 muertos	1987, 1988 y 1989
1993	Venezuela	Carlos Andrés Pérez	Destitución	Caracazo (1989) más de 300 muertos	1991 y 1992
1997	Ecuador	Abdalá Bucaram	Destitución	Protestas callejeras	No
1999	Paraguay	Raúl Cubas Grau	Renuncia	Magnicidio. Protestas callejeras: 7 muertos	Si
2000	Ecuador	Jamil Mahuad	Golpe de Estado	Protestas callejeras: 2 muertos	Si
2000	Perú	Alberto Fujimori	Renuncia	Protestas callejeras: 15 muertos	Si
2001	Argentina	Fernando de la Rúa	Renuncia	Protestas callejeras: 32 muertos	No
2003	Argentina	Eduardo Duhalde	Renuncia	Protestas callejeras: junio 2002 2 muertos	No
2003	Bolivia	Gonzalo Sánchez de Lozada	Renuncia	Protestas callejeras violentas: 70 muertos	No
2004	Haití	Jean Bertrand Arístide	Renuncia	Protestas callejeras: 50 muertos	No
2005	Ecuador	Lucio Gutiérrez	Destitución	Protestas callejeras: 3 muertos	No
2005	Bolivia	Carlos Mesa	Renuncia	Protestas callejeras: 1 muerto	No

 

4.    LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ANTE LAS PROTESTAS SOCIALES EN ARGENTINA

 

            Al ver la gran cantidad de hechos de protesta social que ocurren a diario en Argentina podría decirse que no ha existido una clara política pública destinada a poner fin a las continuas expresiones de protesta que han sacudido la vida del país en los últimos diez años.

 

            Tampoco podemos citar ningún documento oficial que exponga cual es la política pública en este campo. Sin embargo, resulta evidente que frente a los hechos de protesta social el gobierno argentino en manos del matrimonio Kirchner ha aplicado una serie de principios o postulados que han empleado las fuerzas de aplicación de la ley para formular sus “Reglas de Empeñamiento”. Ellos son los siguientes:

 

·         La legislación argentina (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley del Sistema Nacional de Inteligencia) prohíbe la participación de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia en actividades vinculadas con la seguridad interior o tareas relacionadas con el mantenimiento del orden público.

 

·         La protesta social no debe ser criminalizada. Es decir, la protesta social es un elemento básico del sistema democrático, por lo tanto no constituye un delito aún en los casos en que viola los derechos individuales de otros ciudadanos, daña la propiedad pública o privada o incluso incurre en actividades tipificadas como delictivas por el Código Penal de la Nación.

 

·         La sociedad y las autoridades deben “convivir” con las expresiones de protesta social, evitando que los conflictos se extiendan y en especial que la intervención del personal policial produzca víctimas fatales.

 

·         Al gobierno le ha preocupado siempre que las protestas se unifiquen en un programa político concreto o en una jefatura con representatividad política. En la medida en que ello no ocurre no presentan un serio problema de gobernabilidad.

 

·         Preferentemente el personal policial debe actuar sin portar armas letales. No sólo en el control de protestas sociales sino incluso cuando brinda servicios de seguridad a espectáculos públicos masivos, tales como encuentros de futbol (donde actúan las “barras bravas”)

 

·         El personal de las agencias de aplicación de la ley encargadas de dirigir el control de las protestas sociales recibe capacitación en “negociación” para tratar con los líderes de los movimientos sociales.

 

·         Las fuerzas de aplicación de la ley tienen vedado el empleo de armas no letales que puedan poner en peligro la salud de los manifestantes o sus derechos humanos: perros de seguridad, armas eléctricas, aerosoles de gas pimienta, etc.

 

·         La intervención de las fuerzas de seguridad deben limitarse a situaciones extremas tales como:

ü  Interrupciones totales del tránsito en rutas o calles.

ü  Destrucción de propiedad pública o privada (Incendios intencionales, rotura de vidrieras, etc.)

ü  Saqueos de comercios, oficinas o viviendas particulares.

ü  Violencia física extrema contra el personal policial.

 

            En todos los casos el empleo de los medios físicos (combate cuerpo a cuerpo, gases lacrimógenos, armas no letales (proyectiles de goma) debe constituir la última opción y limitarse al mínimo. Sólo puede llevarse a cabo después de que el personal policial sufra bajas o se haya producido la destrucción de propiedad privada.

 

5.    LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS FRENTE A LA PROTESTA SOCIAL

 

            El problema central para los gobiernos que deben enfrentar este tipo de protestas es que, por un lado, en muchos casos la evolución de la economía –tanto local como internacional- no permite a corto plazo introducir mejoras sustanciales que satisfagan las demandas de los sectores movilizados.

 

            Por otro lado, las protestas sociales no suelen llevarse a cabo en demanda de un programa de reformas claramente estructurado y definido. Dentro de los sectores sociales que alimentan la protesta suelen convivir distintos intereses con demandas muy diversas cuando no contradictorias entre sí. Es decir, que estos sectores pueden unirse en su rechazo a un gobierno o a un estado de cosas pero, en el mismo momento en que consiguen este objetivo primario entran en conflicto para decidir quiénes deben integrar el nuevo gobierno o cual es el programa de reformas que el mismo debe llevar a cabo.

 

            Por último, los sectores movilizados por la protesta también carecen de un liderazgo claramente diferenciado y aceptado por todos los grupos. Por lo general se trata de masas de población en estado deliberativo donde cada individuo define ante cada convocatoria u acción propuesta cual va a ser su grado de compromiso y participación. Es decir, que estas masas carecen de un encuadramiento, de disciplina, de mandos intermedios y de un staff dirigencial que fije los objetivos y la estrategia más adecuada para concretarlos.

 

            Es por ello, que en muchas ocasiones las protestas sociales solo expresan un determinado “humor social de descontento” en un momento específico y no son capaces de producir cambios políticos concretos cuya vigencia perdure en el tiempo.

 

            Al mismo tiempo, la falta de un liderazgo claro y con consenso impide a los gobiernos tener un interlocutor válido con quién negociar un programa de cambios que satisfaga los reclamos de los manifestantes y ponga fin a las protestas.

 

            Por otra parte, cualquier acción intempestiva –represiva- de las autoridades solo servirá para incrementar el malestar y provocar una escalada de la violencia.

 

            Por los motivos expuestos, resulta muy difícil determinar cuál es el mejor curso de acción que los gobiernos deben adoptar frente a este tipo de protestas. Posiblemente, las sociedades afectadas deban prepararse para un largo periodo de efervescencia social que sólo se verá atemperado en la medida en que la economía mejore llevando un mayor nivel de bienestar al conjunto de la población.

 

            Al mismo tiempo, los gobiernos también deberán aceptar convivir con la protesta social continua, elaborando mecanismos de control social que la contengan e impidan que la violencia se incremente y desborde.   

 

 6. CONCLUSIONES

- Las protestas callejeras son una forma de participación política violenta protagonizada especialmente por los sectores medios urbanos que se sienten frustrados porque ven desaparecer sus expectativas de una mejor calidad de vida y de una movilidad social ascendente.

- Las protestas callejeras, por muy intensas que sean, no suelen generar cambios políticos significativos en forma inmediata.

- Las protestas callejeras afectan la gobernabilidad de los Estados solo en la medida en que son capaces de formular un programa político concreto y consolidar un liderazgo unificado y de representatividad política.

- La mejor respuesta gubernamental ante la reiteración de las protestas sociales son la negociación, la introducción de reformas que atiendan al menos parcialmente algunos de los reclamos planteados y el control de las protestas sin apelar a la represión.

 

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[i] ADALBERTO C. AGOZINO: Posee títulos de profesor, licenciado y Doctor en Ciencia Política. Ha sido diplomático y Director de la Central Nacional de Inteligencia de Argentina. Actualmente es Director de la Maestría en Seguridad Pública y profesor de Antropología del Doctorado en Psicología Social de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Desde hace treinta años es profesor titular del Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional.

[ii] CASTRO, Jorge: “En Brasil y Chile se hace oír la nueva clase media”. Artículo publicado en el diario Clarín del 20/10/2013, p. 39