La reciente
destitución del presidente peruano Pedro Castillo, por parte del Congreso de su
país, es un nuevo ejemplo de la amenaza a la gobernabilidad que generan, en
América Latina, los gobiernos por procuración.
La gobernabilidad amenazada
Las democracias en América Latina se caracterizan
lamentablemente por una fuerte debilidad institucional que suele terminar en
interrupciones del orden constitucional.
En América Latina la gobernabilidad
se encuentra amenazada, entre otros factores, por la crisis fiscal de los
estados, la falta de institucionalización de las organizaciones y procesos
políticos, el colapso de los aparatos administrativos y la falta de
legitimación de las estructuras políticas.
Los problemas de gobernabilidad en la
región se han expresado a través de revoluciones, insurrecciones civiles y
golpes de Estado que han tenido lugar siempre en el marco de una crisis
económica provocada por una combinación de factores internacionales y domésticos
que generaron recesión, inflación, altos niveles de desocupación, pobreza, etc.
En las últimas décadas, en
particular, la amenaza más seria a la gobernabilidad democrática está
representada por la aparición de ciertos “movimientos sociales” que
someten al Estado a una sobrecarga de demandas que no se encuentra en capacidad
de satisfacer en tiempo y forma.
La incapacidad de los gobiernos para
responder a esas demandas incrementa el nivel de frustración y agresividad de
quienes integran estos movimientos hasta que la misma deriva en la apelación a
diversas formas de coacción violenta que pueden ser calificadas como “resistencia
civil”.
La metodología revolucionaria que, en
los países del Tercer Mundo, durante los años de la Guerra Fría apeló al “foquismo” y
a la guerrilla urbana como método para intentar llegar al poder, parece ser
cosa del pasado. No obstante, algunos grupos extremistas no han renunciado a la
violencia como método de lucha política. El Estado burgués ha aprendido a
enfrentar con éxito a la guerrilla. Existen sin embargo otros medios de
violencia política que se adaptan mejor a la actual coyuntura, como la resistencia
civil o resistencia social como prefieren denominarla
los grupos que la practican.
La mecánica
de los golpes blandos
En América Latina, una región
caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad política, los golpes
blandos parecen estar desempeñando, en el sistema político, el papel que antes
cumplían los golpes de Estado militares. De Puerto Príncipe a Buenos Aires, de
La Paz a Quito y a Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del
pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación de la totalidad de
la ciudadanía. En consecuencia, los estallidos sociales, protagonizados por
amplios sectores de la población, que expresan su descontento con violencia en
las calles, están reemplazando a las tradicionales asonadas militares.
La protesta social se ha convertido,
en la región, en un mecanismo utilizado con frecuencia para remover del poder a
gobiernos legítimos que, aunque elegidos democráticamente, pierden por alguna
causa el apoyo de su población.
Refiriéndose a esta circunstancia
señala el eminente politólogo argentino Natalio R. Botana: “El
principio de la democracia representativa, fundado en elecciones periódicas y
transparentes y en el papel mediador de los partidos, choca con otro principio,
ajeno a las disposiciones constitucionales que, con objeto de destituir a los
gobernantes, atribuye un valor preponderante a las movilizaciones populares en
calles, plazas y rutas públicas” ... “Esta lógica latinoamericana de la acción
colectiva impugna la legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las
convulsiones sociales de nuestros países y, al mismo tiempo, está forjando una
suerte de estrategia de asonadas populares tan tumultuaria como incierta”.
En América Latina, desde 1989,
veintidós presidentes no han podido cumplir con su periodo de mandato
constitucional
Considerando la historia reciente de
Latinoamérica es posible observar que, desde 1989 hasta la fecha, veintidós presidentes
constitucionales no han podido concluir su mandato por causas ajenas a su
voluntad. De ellos, catorce perdieron sus cargos debido al estallido de
violentas protestas sociales –piquetes, saqueos, cacerolazos, marchas, huelgas
de hambre, etc.- que derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad que a
su vez originaron importantes pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños
materiales. En todos los casos las protestas cesaron una vez que el primer
mandatario renunció.
El resto sufrió destitución o se vio
forzado a renunciar para evitar su destitución por parte de los parlamentos.
Solo dos, el 10% del total, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, en 1989,
y el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, en 2000; fueron destituidos con
participación de las fuerzas armadas.
Los gobiernos por procuración
Pero recientemente, ha aparecido una
nueva amenaza a la gobernabilidad en la región y esta es la existencia de “gobiernos
por procuración”. Denominamos en esta forma a la situación que se genera a
partir de la existencia de un líder político hegemónico que por alguna razón
institucional no puede ejercer la presidencia (por impedirlo alguna cláusula
constitucional de no reelección, por impedimentos legales ligados a condenas
judiciales por corrupción u otros motivos) y entonces nomina a un candidato sin
real poder político para poder acceder al gobierno a través de él o para que
ocupe el poder hasta superar el período de veda constitucional (usualmente un
mandato) o solucionar sus problemas con la justicia.
Para expresarlo en sentido lato, uno
líder político posee los votos y el control del aparato partidario (poder real)
mientras que el candidato designado proporciona una buena imagen que permite
seducir al electorado moderado e independiente (este obtiene el poder formal).
Este tipo de gobierno son formas
democráticas distorsionadas propias de los sistemas presidencialistas que son
mayoritarios en América Latina.
Los gobiernos por procuración
terminan muchas veces en conflictos entre el delegado y titular del gobierno y
el líder político que realmente detenta el poder. Veamos algunos ejemplos.
En 2017, el presidente
Rafael Correa nominó a su antiguo vicepresidente Lenin Moreno como candidato
presidencial. Una vez presidente Moreno se enfocó en la lucha contra la corrupción creando el "Frente
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción", integrado por
personajes de la sociedad civil, privada y pública, para coordinar las
acciones, prevenir y combatir los casos de corrupción en la función pública,
buscando la fiscalización de lo ocurrido durante la gestión de Correa a través
de los poderes judicial y legislativo.
La política revisionista y
anticorrupción de Moreno pronto provocó choques con el expresidente Correa,
quien lo acusó de abandonar la línea ideológica de su partido Alianza País.
Poco tiempo después, Lenin
Moreno tomo distancia del vicepresidente, el correísta Jorge Glas a quién le retiró
todas las funciones a este en agosto del 2017. Jorge Glas finalizó en prisión a
causa de múltiples acusaciones de corrupción levantadas por la Contraloría y la
Fiscalía.
Moreno terminó denunciando la administración de Rafael Correa por autoritaria
y por haber llevado un mal manejo administrativo, permitiendo múltiples casos de
corrupción.
El presidente tomó distancia del llamado “socialismo del siglo XXI”
auspiciado por Correa, tratando de construir su propia versión de un socialismo
nuevo, moderno e inclusivo.
Rafael Correa terminó perdiendo el control de Alianza País, fue procesado
por corrupción y debió refugiarse en Bélgica para no ser extraditado y encarcelado
en Ecuador.
En este caso el testaferro terminó anulando a su patrocinador y
apropiándose de su caudal político.
Argentina también ha tenido experiencias traumáticas en materia de
gobiernos por procuración y todos terminaron en conflictos.
En 1886, el presidente Julio A. Roca nominó como candidato presidencial
al marido de la hermana de su mujer, Miguel Juárez Celman, pero cuando este
evidenció independencia, le soltó la mano y permitió que un golpe de Estado cívico
militar, que provocó un par de centenares de muertos en 1890, lo derrocase.
En 1922, Hipólito Yrigoyen nominó a su discípulo Marcelo T. de Alvear
como presidente. Cuatro años más tarde las diferencias políticas e ideológicas
entre ambos llevaron a una fractura en su partido, la Unión Cívica Radical, y
al nacimiento de la Unión Cívica Radical Antipersonalista.
Cincuenta años más tarde, en 1973, Juan D. Perón, imposibilitado de
acceder a la presidencia por el veto de los militares, nominó como candidato presidencial
al dentista Héctor J. Cámpora.
Cámpora solo gobernó 49 catastróficos días en que hubo liberación
indiscriminada de presos y turbas de exaltados militantes ocuparon
instalaciones públicas. Perón retornó al país, lo forzó a renunciar a la
presidencia y luego convocó a nuevas elecciones que le permitieron convertirse
en presidente de Argentina por tercera vez.
En 2019, Cristina Fernández de Kirchner tratando de lograr el voto del
electorado moderado designó como presidente a Alberto Fernández y ella se
reservó la vicepresidencia. Después de tres años de un pésimo gobierno, con la
pobreza en el 40% y la inflación superando el 100% anual, las diferencias entre
ambos personajes son tantas que no se dirigen la palabra desde hace meses y
libran en sordina una auténtica guerra de desgaste con acusaciones cruzadas y
cuestionamientos a los funcionarios.
En las encuestas de opinión el presidente y su vicepresidenta tienen una
imagen negativa superior al 70% y el 80% de los argentinos desaprueban la
marcha de su gobierno.
Luiz Inacio “Lula” da Silva, en 2018, intentó desde la cárcel gobernar
por procuración nominando como candidato presidencial al ex alcalde de Sȃo
Paulo, Fernando Haddad. La experiencia se frustro porque el candidato de Lula
resultó derrotado en las elecciones por Jair Bolsonaro.
El último y más reciente ejemplo de un conflicto entre un presidente y
el auténtico líder político se ha producido en Perú.
En la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, el 6 de junio de 2021, el
maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko
Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la
primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los
votos.
Pedro Castillo
llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y
solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.
El partido que
impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como
marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la
conducción del neurocirujano graduado en Cuba, Vladimir Cerrón, quien no pudo
ser candidato por que pesaba sobre él una condena de tres años y nueve meses
por corrupción.
En una legislatura
fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de
los 130 diputados.
El gobierno de
Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de
gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban
los rudimentos del funcionamiento de la administración pública. Para colmo de
males, al poco de tiempo de asumir su cargo, Castillo se enfrentó con el jefe
su partido Vladimir Cerrón, perdiendo el apoyo de Perú libre
Pedro Castillo, un
maestro rural de 53 años y origen campesino, en un año y medio de gobierno
acumuló cinco investigaciones juridiciales en su contra, cuatro por presunta
corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría, una
década atrás.
Poco antes de su
destitución, en las encuestas de opinión, el gobierno de Castillo acumulaba 86%
de desaprobación y solo 10% de aprobación, en tanto que él como presidente
sumaba una imagen negativa del 61% y solo 31% de imagen positiva.
El 7 de diciembre
de 2022, el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado y tensionó aún
más la ya frágil crisis política de ese país tras anunciar en su mensaje
televisado a la nación que disolvía el Congreso y creaba un “gobierno de
excepción”. Pocas horas más tarde, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, y tras
la renuncia de varios ministros de su Gabinete, Castillo terminó destituido por
el Congreso con los votos de los legisladores de Perú Libre y fue reemplazado
por su vicepresidenta Dina Boluarte.
De los 130
legisladores que componen el Congreso unicameral del Perú, 101 votaron por la
destitución de Castillo, 10 se abstuvieron y solo 6 votaron en contra. Es
decir, que 30 de los 36 legisladores de Perú Libre votaron por la remoción del presidente
de su propio partido. Esto no hubiera ocurrido sin la aprobación de Vladimir
Cerrón.
Estos ejemplos
demuestran que los gobiernos por procuración, al propiciar un divorcio entre el
poder formal y el poder real, son una práctica nociva que termina por
convertirse en una fuente de inestabilidad política que atenta contra la vida
democrática en América Latina.
