Tal como
anticipara TOTAL NEWS pasaportes venezolanos están siendo empleados por
terroristas, narcotraficantes y espías para circular por el mundo con falsas
identidades como ciudadanos venezolanos.
LA MISIÓN IDENTIDAD
Hace
unos días alertamos en una nota sobre el perfil político del nuevo
vicepresidente Tareck El Aissami. En esa ocasión dijimos que este funcionario y
político chavista era responsable de la entrega (o venta) de documentos
venezolanos auténticos (pasaportes y cédulas de identidad) a elementos
criminales y terroristas extranjeros.
Recordemos
que, en 2003, el entonces presidente comandante Hugo Chávez Frías creó la
llamada “Misión Identidad” para
reducir el número de venezolanos indocumentados.
El
encargado de conducir esa “Misión”
fue el joven abogado chavista Tareck El Aissami quien para cumplir con la orden
presidencial instaló puestos callejeros en diversas ciudades venezolanas.
La Misión Identidad confeccionó con
materiales de escasa calidad y sin mayores medidas de seguridad casi tres
millones de células de identidad que fueron entregadas sin mayor verificación
de los datos declarados por su titular.
El
Aissami era también el director de la entonces Oficina Nacional de
Identificación y Extranjería (ONIDEX), actualmente denominada Servicio
Administrativo de Identificación, Migración Y Extranjería (SAIME) que no sólo
otorgaba documentos domésticos (cédulas de identidad) sino también pasaportes.
Los
pasaportes venezolanos son particularmente valiosos para los elementos
criminales porque permiten viajar a 130 países sin necesidad de visa previa,
entre ellos la mayoría de las naciones latinoamericanas y 26 estados de la
Unión Europea.
El Aissami
no sólo contaba con la total confianza del presidente Chávez, sino que había
desarrollado fuertes vínculos con los órganos de inteligencia de Cuba e Irán y,
a través de ellos con diversos grupos terroristas como las FARC y los chiíes de
Hezbollah apoyados por Irán y Siria.
El
Aissami comenzó a suministrar pasaportes venezolanos absolutamente auténticos y
legales a terroristas colombianos y de Medio Oriente que permitían a estos
elementos criminales circular con identidades falsas por todo el mundo.
Además,
de esta red de intercambios oficiales clandestinos, El Aissami organizó, en
paralelo, un negocio particular de venta de pasaportes venezolanos a
narcotraficantes de diversos países (colombianos, mexicanos, paraguayos, etc.)
a cambio de ingentes sumas de dinero.
Entre
2005 y 2007, el gobierno venezolano firmó convenios con varias empresas
estatales cubanas para la compra e importación de la tecnología necesaria para
reformar los documentos emitidos por ONIDEX y crear la actual SAIME. Como en
muchos otros sectores donde Cuba no tiene un desarrollo tecnológico propio, la
Isla se beneficia al convertirse en intermediaria de las compras del gobierno
de Venezuela. La firma cubana Albet
Ingeniería y Sistemas, SRL, obtuvo la concesión para emitir cédulas y pasaportes
venezolanos.
A
partir de 2011, se comenzaron a elaborar los pasaportes diplomáticos
biométricos para la cancillería venezolana. El SAIME instaló una oficina en la
Casa Amarilla, sede del ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, aún los
diplomáticos venezolanos recelan de la intervención de funcionarios cubanos en
la expedición de los pasaportes diplomáticos venezolanos.
En
2014, según un informe elaborado por el Centro para una Sociedad Libre y Segura
(SFS), un think thank global basado
en Washington DC, y del Instituto de Análisis Social y Económico de Canadá,
Tareck El Aissami desarrolló una sofisticada red financiera que sirve de apoyo
a terroristas islámicos en Venezuela y en los países de la región. Esta
organización comprendería a 40 compañías, que poseen más de veinte propiedades
y 36 cuentas bancarias en Caracas, Panamá, Florida y Beirut entre otras
ciudades.
El
volumen de pasaportes entregados o vendidos por El Aissami y otros funcionarios
venezolanos fue tan grande que se convirtieron en una preocupación para los
organismos de seguridad de otros países y pronto comenzaron a aparecer en manos
de terroristas y delincuentes que eran detenidos.
Según
algunas fuentes, las autoridades venezolanas habrían emitido, tan solo entre
2008 y 2012, al menos 173 pasaportes, cédulas de identidad, certificados de
nacimiento, visas y otros documentos a islamistas radicales que buscaban entrar
sin despertar sospechas por los países del continente americano.
Por lo
general, cuando un pasaporte venezolano era empleado por un narcotraficante o
terrorista colombiano, o incluso de un agente de inteligencia cubano, era muy
difícil de detectar la falsa identidad del portador, pero esto no sucedía
cuando quién pretendía pasar por venezolano era un iraní o sirio que no hablaba
español.
Veamos
algunos antecedentes que nos permitirán comprender en toda su dimensión la
amenaza que representan estos documentos en las manos equivocadas.
El 10
de septiembre de 2004, las autoridades paraguayas detuvieron a diez ciudadanos
peruanos que intentaban hacerse pasar por integrantes de un equipo venezolano
de Bowling. Los pasaportes venezolanos que portaban eran auténticos, lo falso
eran las visas estadounidenses que tenían estampadas. Los peruanos pretendían
llegar a la ciudad mexicana de Cancún. Desde allí pensaban dirigirse hacia la
frontera de los Estados Unidos.
La detención de los peruanos se realizó debido
a una alerta emitida por la Interpol.
En
otro caso, el 13 de diciembre de 2005, agentes de inteligencia colombianos
detuvieron en Caracas, a través de una operación encubierta, a Rodrigo Granda
Escobar, un terrorista considerado el “Canciller
de las FARC”.
Rodrigo
Granda había concurrido a Venezuela para asistir al “Segundo Congreso de los Pueblos” organizado por el presidente Chávez.
En el
marco de este evento, Granda se entrevistó con diversos personajes, entre los
que se contaron el premio nobel de literatura portugués José Saramago y el
premio nobel de la paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, los sandinistas
nicaragüenses Tomás Borge y Daniel Ortega y la diputada de la Asamblea Nacional
de Venezuela, Amarilis Pérez.
Las
autoridades colombianas secuestraron en poder de Rodrigo Granda una cédula de
identidad y un pasaporte venezolano con el cual el narcoterrorista colombiano
había realizado más de doscientos viajes por todo el mundo. Inmediatamente el
gobierno bolivariano de Venezuela se cubrió emitiendo un comunicado en el que
afirmaba que Rodrigo Granda era ciudadano venezolano y que había obtenido su
ciudadanía un año antes.
En
2006, en Venezuela fue detenido el narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez,
alias “El médico”, quien tenía en su
poder un pasaporte diplomático venezolano que lo acreditaba como “asesor” del ministro de Finanzas, Nelson
Merentes. El narcotraficante colombiano negó conocer al ministro y dijo que el
documento fue proporcionado por el Director del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Marcos Chávez.
En
2007, el presidente Hugo Chávez Frías se reunió con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadinejad
acordando la implementación de la ruta aérea Caracas – Damasco – Irán, una ruta
que resultaría vital para los desplazamientos de agentes iraníes, militantes de
grupos de izquierda latinoamericanos e incluso terroristas chiíes, entre
América y Medio Oriente.
Meses
más tarde, el entonces ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás
Maduro, se reunió en la ciudad de Damasco con el líder del grupo terrorista
Hezbollah, Hasan Nasralá, a los efectos de coordinar el apoyo que Venezuela
brindaría a las actividades del grupo terrorista pro iraní.
Fundada
en El Líbano, en 1982, por un contingente de la Guardia Revolucionaria de Irán,
Hezbollah es considerada por los Estados Unidos y otros países occidentales
como una organización terrorista apoyada y financiada por el gobierno de
Teherán.
Recordemos
que el grupo Hezbollah aparece vinculado a los atentados terroristas de la
Embajada de Israel (1992) y de la Asociación Mutual Israelita en Argentina
(AMIA en 1994) en Buenos Aires y se ha detectado la presencia de elementos
pertenecientes a esta organización en la zona de la Triple Frontera (entre
Argentina, Brasil y Paraguay) y en la región del Chuí, en Uruguay en
proximidades de la frontera con Brasil.
En
enero de 2008, fue detenido en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía un pasajero
que viajaba con rumbo a Damasco llevando en su equipaje 2,2 kilogramos de cocaína.
El narcotraficante empleaba un pasaporte iraquí a nombre de Ali Ahmed Adhan,
emitido por las autoridades de ese país en la ciudad de Basora, zona de mayoría
shií en la cual, según ese documento había nacido.
Pero
en el doble fondo de su valija, la policía también encontró un pasaporte y una
cédula de identidad venezolana auténtica a nombre de Ghumeim Ali Abrahim.
También encontraron otros documentos venezolanos que los acreditaban como Ahmed
El Timimy Villalobos natural de Maracaibo.
El
Timimy fue sentenciado a ocho años de cárcel. Allí fue visitado por personal
diplomático del ministerio de Relaciones Exteriores de Irak. En marzo de 2010,
fue excarcelado en libertad condicional y abandonó Venezuela.
Ese
curioso personaje apareció nuevamente, en 2012, en Francia cuando fue detenido
por narcotráfico, pero fue pronto liberado por que un año más tarde, en 2013,
fue detenido en Dinamarca por lavado de dinero. Al parecer en este último país
tampoco permaneció demasiado tiempo.
En
2015, El Timimy se presentó en la Embajada de Venezuela en Irak, demandando se
le entregara un pasaporte venezolano, amenazando al personal diplomático con
sus vínculos personales con el presidente Maduro.
El 30
de enero de 2008, en un complejo de cabañas en Lomas de los Ángeles, en el
Estado de Mérida, Venezuela, se encontró el cadáver de Wilber Alirio Varela
Fajardo, alias “Jabón”, uno de los
líderes del Cartel del Norte del Valle. Varela, un sargento retirado de la
Policía Nacional de Colombia era uno de los diez narcotraficantes más buscados
por la Drug Enforcement Administration,
quien los consideraba responsable por el 70% de la cocaína que ingresaba a los
Estados Unidos y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por datos
que condujeran a su captura.
Al
parecer Wilber Varela había sido asesinado por dos de sus lugartenientes,
Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”
y Diego Pérez Henao, alias “Diego
Rastrojo” para quedarse con sus negocios. En el cadáver de Varela se
encontró un pasaporte original venezolano, una cédula de identidad venezolana y
una credencial de la DISIP (actualmente SEBIN) el entonces servicio de
inteligencia venezolano.
Al
parecer “Jabón” encontró refugio y
protección por parte del “Cartel de los Soles” integrado por militares
venezolanos de alto rango. Sin embargo, cuando sus negocios entraron en crisis
y no pudo seguir pagando la cuota de soborno que estos le demandaban perdió la
protección y terminó siendo asesinado.
En
2010, las autoridades anti lavado de dinero de Andorra detuvieron a Tulio
Antonio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yánez, quienes portaban pasaportes
diplomáticos que los acreditaban como asesores del ministro de Economía y
Finanzas de Venezuela. Los funcionarios venezolanos habían transferido grandes
sumas de dinero a una cuenta en la Banca Privada de Andorra del ex Jefe de la
División contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, Norman Puerta Valera.
Ambos “asesores” registraban condenas por
tráfico de drogas en Venezuela y Norman Puerta Valera, en ese entonces, se
encontraba también detenido por lavado de dinero en Andorra y más tarde sería
extraditado a Venezuela.
Aunque
los “asesores” de ministros no
califican para viajar con pasaporte diplomático, los documentos en poder de
Hernández y Gil fueron tramitados por pedido de la “Secretaría de la Presidencia” de la República Bolivariana de
Venezuela.
Los
dos “asesores” luego de ser liberados
regresaron a su país sin que fueran procesados por la justicia venezolana.
EN LA RUTA AFRICANA DE LA COCAINA LATINOAMERICANA
Otro
hecho, ocurrido en 2012, pone en evidencia el papel que desempeña Venezuela
como parte de la ruta de la cocaína latinoamericana por África.
El 12
de agosto de 2012, un jet Bombardier 7000 despegó del aeropuerto Arturo Michelena
de la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo, en Venezuela, transportando un
embarque de casi 1.600 kilogramos de cocaína perteneciente al Cartel de Sinaloa,
dirigido por Joaquín Guzmán Lorea, “El
Chapo”. El avión despegó eludiendo todos los controles y sin la
autorización formal de las autoridades venezolanas, pero al aterrizar en la
Isla de Gran Canaria, España, para reponer combustible la aeronave fue
incautada encontrándose en su interior la carga de drogas.
El
hecho provocó un escándalo en Venezuela que terminó en la detención de 18
funcionarios públicos: once de la Guardia Nacional Bolivariana, uno del
Servicio Bolivariano de Inteligencia y seis empleados civiles). Sin embargo, a
los pocos días el tema fue acallado sin que se dilucidara cuáles eran las
complicidades entre los altos funcionarios del Estado.
No
obstante, a nivel internacional el caso estaba muy lejos de haber concluido. En
diciembre de 2014, la revista alemana “Der
Spiegel”, publicó la versión de los pilotos del Bombardier Global 7000,
siglas 9H-FED, supuestamente robado en Venezuela. Para sorpresa de las
autoridades europeas, los pilotos afirmaron ser obligados a transportar el
cargamento de drogas.
Los
aviadores, empleados de la empresa suiza Hyperion
Aviation, dedicada a alquilar jets de lujo para viajes de ricos y famosos,
relataron que fueron contratados por Ryma Taouk, una mujer de nacionalidad
libanesa para efectuar un vuelo chárter desde Marruecos a Trinidad y Tobago y
desde allí a Venezuela, a fin de recoger a una pasajera, siendo el destino
final la república de Benín en África.
Una
vez que arribaron al aeropuerto Arturo Michelena de la ciudad de Valencia, los
pilotos fueron reducidos con armas de fuego y obligados a cargar 1.588
kilogramos de cocaína en la aeronave. Según los pilotos también sufrieron
amenazas sobre sus familias de quienes los secuestradores parecían contar con
información precisa de sus nombres y ubicación.
Los
secuestradores pretendían llevar el cargamento de drogas directamente a Burkina
Faso en el continente africano, pero los pilotos convencieron a los
narcotraficantes de la necesidad de aterrizar en Las Palmas de Gran Canaria
para reponer combustible. Al aterrizar la aeronave fue capturada por la policía
española alertada por la empresa aérea que había estado en contacto con los
tripulantes.
Las
autoridades españolas determinaron que la mujer que alquiló el avión actuaba
bajo las directivas de Ali Kleilat, uno de los más importantes traficantes de
drogas y armas del mundo y a quien se consideraba como un activo financista de
grupos terroristas yihadistas. Kleibat era ciudadano libanés y contaba con
pasaportes de cuatro nacionalidades distintas, entre los que figuraba el
pasaporte venezolano N° B0744958, que le reconocía nacionalidad venezolana. En
febrero de 2011, Ali Kleilat fue arrestado en Bruselas y mantenido en una
instalación carcelaria de alta seguridad, lo que al parecer no impidió que siguiera
atendiendo sus negocios criminales.
Los
pilotos fueron declarados inocentes luego del juicio que duró un año y las
autoridades alemanas les proporcionaron nuevas identidades.
Por
último, en octubre de 2012, cuando fue detenido, en un operativo conjunto de la
Policía Federal Argentina, la policía colombiana y la DEA, el narcotraficante
colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, antiguo jefe de la banda conocida como “Los Urabeños”, en el barrio de
Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, se le secuestró un pasaporte
original venezolano que el criminal empleaba para sus viajes a Paraguay,
Venezuela y Argentina. López Londoño finalmente fue extraditado, en noviembre
de 2016 a los Estados Unidos.
LOS VÍNCULOS CON HEZBOLLA
Los
vínculos entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la
República Islámica de Irán comienzan en el vicepresidente Tareck El Aissami y
siguen con un personaje buscado por el FBI por actividades terroristas el
libanés nacionalizado venezolano Nasr al Din quién se desempeña como
diplomático del país caribeño.
Nasr
al Din fue nombrado, en 2006, durante la gestión de Nicolás Maduro como
ministro de Relaciones Exteriores, primero como diplomático en Siria y más tarde
con igual cargo en El Líbano.
El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo, en 2008, que Nasr al Din
era un agente de Hezbollah en Venezuela que hacía uso de su posición como
diplomático para favorecer los esfuerzos llevados a cabo por la organización
terrorista para captar fondos.
“Nasr al Din ha asesorado a los donantes de Hezbollah
durante los esfuerzos para captar fondos y ha suministrado a los donantes
información específica sobre las cuentas bancarias en las que los depósitos
pueden ir directamente a esta organización”,
declaró el Departamento del Tesoro.
“Nasr al Din se ha reunido con altos funcionarios de
Hezbollah en El Líbano para discutir temas operacionales, y también ha
facilitado el viaje de integrantes de Hezbollah hacia y desde Venezuela”, agregó el pronunciamiento.
Según
el Departamento del Tesoro, el diplomático venezolano facilitó el viaje a
Caracas de dos diputados de Hezbollah, pertenecientes al Parlamento de El
Líbano, que recaudaban donaciones y organizó viajes de integrantes de la
organización a Irán para participar en un curso de entrenamiento.
Nasr
al Din tenía línea directa con el ministro Nicolás Maduro para resolver los
problemas que se presentaran, pero su verdadero referente, a quien en realidad
respondía era a Tareck El Aissami.
El
embajador estadounidense Roger Noriega, ex Secretario Adjunto de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró en 2012 ante el Congreso de su país,
que “Venezuela ha entregado miles de
documentos de identidad, pasaportes y visas falsos a personas originarias del
Medio Oriente.”
Noriega,
quien actualmente es director ejecutivo del grupo Visión Américas y trabaja
para un centro de estudios y análisis conservador con sede en Washington,
declaró a la CNN que las pruebas de que Venezuela había entregado pasaportes a
personas que no eran venezolanas empezaron a salir a la luz en 2003.
“Estoy convencido, y digo públicamente, de que, si no
tomamos las riendas de este asunto, habrá personas que morirán. Nuestros
aliados o nuestro propio personal o instalaciones podrían ser atacadas por
redes cómplices con los venezolanos”, afirmó
el ex embajador.
En
2015, un diplomático venezolano Misael López, quien cumplía funciones en la
Embajada de Venezuela en Irak, al desertar, denunció que esa embajada vendía
pasaportes y visas venezolanas a personas de Medio Oriente. A tal efecto
proporcionó una lista de 21 nombres de personas que habían recibido esos
pasaportes sin ser ciudadanos venezolanos.
Los
documentos se vendían a un precio aproximado a los diez mil dólares. López
también acuso al actual embajador venezolano en Irak, Jonathan Velasco, de
estar al tanto de la maniobra.
López
afirma que cansado de no encontrar ninguna autoridad venezolana que quisiera
investigar el tema escribió un correo electrónico con todos los datos que había
reunido y lo envió a Delcy Rodríguez, la actual ministra de Relaciones
Exteriores de Venezuela. Por toda respuesta le llegó la destitución. Hoy López
vive asilado en España.
CONCLUSIÓN
Las
evidencias que muestran los vínculos entre funcionarios venezolanos del más
alto nivel con narcotraficantes y terroristas son abrumadoras. En especial,
existen sobradas pruebas de la venta de pasaportes originales venezolanos en
manos de elementos criminales y terroristas de la organización pro iraní
Hezbollah.
En el
centro de esta trama criminal se encuentran el actual vicepresidente Tareck El
Aissami y el propio presidente Nicolás Maduro.
