sábado, 14 de enero de 2023

La dictadura argelina apela al futbol para hostigar a Marruecos


 

Argelia, país sede de la Copa Africana de Futbol, convierte al torneo deportivo en el escenario para dirimir sus diferencias políticas con Marruecos.

Se supone en todo el mundo que las competencias deportivas tienen el propósito de acercar a los pueblos a través de sanas competencias donde cada país se esfuerza por mostrar sus logros y su capacidad colectiva para alcanzar el éxito.

Ese es el espíritu con que se viven los juegos olímpicos, los mundiales de futbol, la Copa América o el Campeonato de África de Naciones para jugadores locales, entre otras competencias internacionales.

Las masivas celebraciones populares en Argentina y Marruecos por los excelentes desempeños alcanzados en el Mundial de Futbol de Qatar demuestran la importancia que tienen estas competencias para los pueblos.

Al mismo tiempo, para los países sedes es una oportunidad inigualable de acumular “poder blando” (soft power), o sea, prestigio e influencia en el escenario internacional, además de constituir un gran negocio para el desarrollo de la industria turística y hotelera.

Un mundial de futbol o una copa continental de ese deporte mueven miles de millones de dólares en publicidad, derechos de transmisión, turismo, periodismo, etc. También crean cientos de empleos en el país sede.

Es por ese motivo que los países pujan durante años para convertirse en sede un mundial de futbol. Marruecos intentó sin éxito ser sede del Mundial 2026 y ahora compite para obtener el mismo logro para el Mundial 2030.

El reciente mundial, ha permitido a Qatar mostrarse ante los ojos del mundo entero como un país abierto y tolerante desmintiendo en gran medida las acusaciones de ciertos círculos sobre violaciones a los derechos humanos y de ser una monarquía encerrada en sus creencias conservadoras y su dogmatismo religioso. Con el mundial y con su influencia en el mundo del futbol internacional, puede decirse que, sin lugar a duda Qatar ha incrementado su presencia y prestigio en el mundo.

Pero, esa oportunidad de obtener más soft power, ansían la mayoría del país y por la cual realizan faraónicas inversiones, es despreciada y desaprovechada por la camarilla militar que realmente gobierna en Argelia más allá de la pantalla formal que le proporciona el presidente Abdelmadjid Tebboune.

Así lo demuestra la decisión del gobierno argelino de impedir el vuelo y arribo en su territorio del avión de la Royal Air Maroc que debía transportar a la delegación marroquí que competiría en la 7ª edición de la Copa de África para jugadores locales que se realizará en ese país. Con esa decisión argelina el seleccionado marroquí quedó excluido de la competición.

De nada sirvieron los esfuerzos realizados por el presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), Gianni Infantino y del presidente de la Confederación Africana de Futbol (CAF), Patrice Motsepe por convencer a la cúpula militar argelina de otorgar un permiso excepcional al avión marroquí que trasladaría a la delegación.

Recordemos que Argelia unilateralmente cerró, en 1994, su frontera terrestre con Marruecos y que, en 2022, retiró a su embajador en Rabat y cerró sus cielos a las aeronaves matriculadas en el Reino magrebí.

Este acto sin precedentes en la diplomacia internacional, entre dos países que no se encuentran en guerra, y mucho más en el ámbito de las competencias deportivas internacionales es una muestra más de que la opaca dictadura militar que rige los destinos de Argelia desprecia el derecho internacional y las prácticas diplomáticas más elementales en aras de mantenerse en el poder.

La idea de un enemigo (real o imaginario) es esencial para que los militares argelinos justifiquen el régimen represivo con que mantienen oprimido al pueblo argelino.

En este sentido, cualquier oportunidad resulta propicia para tensar aún más la débil cuerda de las relaciones bilaterales con su vecino y rival del Magreb.

Además, los dirigentes argelinos celosos de los logros marroquíes en el último mundial y de los festejos ordenados del pueblo marroquí con su Rey al frente, no quieren darle a Marruecos la oportunidad de brillar nuevamente en la Copa Africana.

Se debe tener presente que “Los leones del Atlas”, la selección marroquí se impuso en las dos últimas ediciones del torneo africano y que era firme candidato para obtener la copa en su 7ª edición.

Resulta inaceptable para los intolerantes militares argelinos ver a Los leones del Atlas levantar su tercera copa y festejar precisamente en Argel, como para el presidente Tebboune tener que tomar parte en la entrega de premios si gana el seleccionado marroquí.

En términos futboleros; Argelia como no puede derrotar a Marruecos en la cancha, se asegura de excluir al Reino del torneo, privando al pueblo marroquí de un posible nuevo festejo.

Tanto la FIFA como la CAF no pueden dejar pasar el atropello cometido por Argelia contra Marruecos sin aplicar fuertes sanciones al país organizador.

La proscripción de Marruecos de la Copa Africana de Futbol es otra muestra flagrante de como Argelia constituye un obstáculo permanente para la integración y la paz no solo del Magreb sino de toda África.

jueves, 12 de enero de 2023

Perú al borde de una guerra civil


 

En tan sólo un mes de gestión el gobierno de Dina Boularte acumula 47 muertos y cientos de heridos sin que sea posible poner fin a las protestas mientras crece el riesgo de internacionalización del conflicto.

Las últimas décadas no han sido fáciles para los peruanos. En 1980, comenzó una cruenta guerra interna que se prolongó hasta el nuevo siglo. Se inició con el salvaje terrorismo del Partido Comunista del Perú -Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta mariateguista que conducía el “Camarada Gonzalo”.[i] El antropólogo Abimael Guzmán Reinoso, profesor de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en el departamento de Ayacucho.

El accionar del PCP-Sendero Luminoso causó al Perú pérdidas económicas por más de 42.000 millones de dólares y 69.200 víctimas fatales, entre muertos y desaparecidos, además de un millón de personas desplazadas.

Luego hizo su aparición la narcoguerrilla del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un grupo insurgente de ideología marxista castro guevarista conducida por Víctor Polay Campos, que entre 1982 y 1999 causó 1.039 víctimas fatales y que se destacó por sus ataques a la minoría LGTBI.

Ambas organizaciones terroristas, tuvieron su apogeo durante el primer gobierno de Alan García Pérez y el de Alberto Fujimori. Luego fueron fuertemente reprimidos y sus líderes encarcelados (Abimael Guzmán falleció en un penal naval en 2021). Aunque muy disminuidos y con nuevos cuadros, remanentes de estos grupos continúan operando actualmente en el Perú profundo. Especialmente en el terreno selvático del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Una región usualmente denominada VRAEM o “Valle de la Droga”, de donde proviene la mayor parte de la cocaína que produce Perú.

Las cosas comenzaron a mejorar lentamente durante el gobierno del economista Alejandro Toledo para alcanzar cierta prosperidad durante los mandatos de Alan García Pérez, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Los problemas de gobernabilidad se desataron a consecuencia del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y sus sobornos para conseguir la adjudicación de obras públicas. Podría considerarse que la actual crisis peruana es una secuela directa de ese escándalo.

Castillo al poder

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, el 6 de junio de 2021, el maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los votos.

Pedro Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.

El partido que impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la conducción del neurocirujano graduado en Cuba, Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato por que pesaba sobre él una condena de tres años y nueve meses por corrupción.

En una legislatura fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de los 130 diputados.

El gobierno de Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban los rudimentos del funcionamiento de la administración pública. Para colmo de males, al poco de tiempo de asumir su cargo, Castillo se enfrentó con el jefe su partido Vladimir Cerrón, perdiendo el apoyo de Perú libre

Pedro Castillo, un maestro rural de 53 años y origen campesino, en un año y medio de gobierno acumuló cinco investigaciones juridiciales en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría, una década atrás.

Poco antes de su destitución, en las encuestas de opinión, el gobierno de Castillo acumulaba 86% de desaprobación y solo 10% de aprobación, en tanto que él como presidente sumaba una imagen negativa del 61% y solo 31% de imagen positiva.

El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado y tensionó aún más la ya frágil crisis política de ese país tras anunciar en su mensaje televisado a la nación que disolvía el Congreso y creaba un “gobierno de excepción” durante el cual gobernaría por decreto.

Pocas horas más tarde, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, y tras la renuncia de varios ministros de su Gabinete, Castillo, después de demostrar su incapacidad para gobernar, terminó destituido por el Congreso con los votos de los legisladores de Perú Libre y fue reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

Boluarte, también distanciada del partido Perú libre, formó gobierno con el apoyo de la mayoría fujimorista, las fuerzas armadas y policiales, el empresariado y la banca.

Al conocerse la destitución de Pedro Castillo y su detención por la fiscalía en una prisión policial del distrito limeño de Ate investigado por rebelión (actualmente cumple una condena de dieciocho meses de prisión preventiva). Sus partidarios salieron a las calles, provocaron disturbios, establecieron bloqueos en las rutas de seis de los veinticuatro departamentos del país y ocuparon los principales aeropuertos.

Los incidentes se prolongaron hasta el 22 de diciembre, con gran destrucción de la propiedad pública y la muerte de 28 personas y extenso número de heridos. La mayoría por disparos de armas de fuego del personal militar y policial.

La jefa de Estado hizo permanentes llamados al diálogo a los grupos manifestantes y se reunió con distintas organizaciones políticas, gremiales y empresariales para encontrar un clima de calma que le permita dirigir el gobierno en este periodo de transición. Boluarte incluso, con aprobación del Congreso, adelantó las elecciones generales para abril de 2024. Pero nada conformó a los manifestantes que continuaron con sus protestas y cortes de ruta.

Después del receso por las fiestas de fin de año, las protestas se retomaron el 4 de enero. El lunes 9, la violencia comenzó a escalar en el marco de un paro de actividades en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Especialmente en las ciudades de Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho. Los incidentes dejaron, tan solo ese día, 18 víctimas fatales, entre ellas un policía incinerado dentro de su auto patrulla por los manifestantes, haciendo un total de 47 víctimas fatales desde el 7 de diciembre.

Además, de las violentas protestas de los manifestantes, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta la hostilidad de un pequeño grupo de países latinoamericanos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a reconocer al nuevo gobierno peruano y otorgó asilo político a la esposa y los hijos de Pedro Castillo. Incluso extendió a este beneficio al expresidente peruano en el caso de que logre salir del Perú.

La presidenta Dina Boluarte, en un gesto conciliador permitió el viaje a México de Lidia Paredes y de sus hijos, aún cuando la esposa de Pedro Castillo cumplía arresto domiciliario, antes del 7 de diciembre, mientras se la investigaba, junto a tres de sus seis hermanos, por una red de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Por lo tanto, no podía salir del país sin autorización judicial.

En respuesta a la hostilidad del gobierno mexicano, el ministerio de Relaciones Exteriores del Perú declaró el 20 de diciembre persona no grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país, por lo que consideró una inaceptable injerencia del país azteca en los asuntos internos del Perú.

Seguidamente, la Cancillería del Perú convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia y Colombia, países sudamericanos que se niegan a reconocer al gobierno de Boluarte, para pedirles explicaciones por algunas declaraciones hostiles de sus presidentes y cancilleres. También llamó a consultas a sus embajadores en esos países y en México.

La balcanización del Perú

Desde hace tiempo perdura una rivalidad, que se remonta a la época del Imperio Incaico, entre la población de Lima y la costa y los habitantes del sur andino, donde predominan los pobladores de origen aymará.

La actual crisis generada por el intento de golpe de Estado de Castillo ha incrementados las tensiones y las aspiraciones separatistas de esta región.

En la última década, con el auge del discurso indigenista, se potenció ese ancestral sentimiento de rivalidad y derivó en la aparición de un movimiento separatista que pretende crear una “República Peruana del Sur”, independiente del resto del Perú.

La supuesta república separatista abarcaría a las actuales regiones peruanas de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Apurímac. La misma área que en los años noventa fue el epicentro del accionar del PCP – Sendero Luminoso.

Uno de los líderes separatistas peruanos, Felipe Domínguez, presidente del Frente de la Defensa del Cono Sur (FREDICOM) ha resumido con estas palabras los argumentos que sostienen el separatismo del sur peruano: “El sentimiento de postergación, injusticia, abandonó y discriminación por parte de nuestros compatriotas del altiplano es legítimo y comprensible, la historia les da la razón de manera contundente, No nos hemos integrado, Lima y la costa siguen mirando desde arriba.”

Precisamente, en el sur: Arequipa, Apurimac y Puno han sido el escenario de las protestas más violentas y masivas, donde se produjeron la mayor cantidad de víctimas fatales.

En el gobierno y entre los hombres de las fuerzas armadas se sospecha que esas protestas fueron impulsadas por activistas vinculados al Foro de São Paulo y, en especial por el expresidente boliviano Evo Morales.

El tema de la supuesta intervención de Morales en la política interna peruana no es un hecho nuevo. Ya en noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano lo había declarado “persona non grata”, “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda de gobierno”.

Ahora, las autoridades creen haber detectado la presencia de activistas bolivianos en las protestas, a los cuales pertenecerían a la milicia campesina de los “ponchos colorados”, que apoyan a Evo Morales.

Además, las autoridades denuncian la injerencia en la región de Vladimir Cerrón, del legislador de Perú Libre, Guillermo Bermejo, el ex primer ministro de Castillo, Aníbal Torres y de activistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MODADEF), una organización de derechos humanos formada por ex miembros del PCP – Sendero Luminoso y del MRTA, liberados después de haber cumplidos sus condenas por terrorismo.

También responsabilizan de la violencia a la participación de elementos guerrilleros provenientes de los grupos narcoterroristas que operan en el VRAEN.

En Lima, los políticos de derecha y los militares aseguran que Evo Morales aprovecha la existencia de una gran minoría aymara en la población y la difusión del discurso de la integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región; para obtener sus objetivos geopolíticos de recuperar la salida al mar de Bolivia y al mismo tiempo apropiarse de las grandes riquezas (4,7 millones de toneladas) litio descubiertas en Puno.

Para lo cual cuenta con el apoyo de la RUNASUR, entidad que forma su nombre con la conjunción de la palabra “runa” (hombre) y “UNASUR” (Unión de Naciones Suramericanas) y que fuera creada, el 7 de noviembre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires, como una organización internacional para promover la unión de los pueblos antiimperialistas, antimonopólicas y anticapitalistas.

A estas actividades de Evo Morales en favor de la unidad de los pueblos sin distinciones de Estados o fronteras, se suma la poca claridad, en su momento del presidente Pedro Castillo con respecto a la salida al mar de Bolivia.

En enero de 2022, el periodista Fernando del Rincón, de la CNN, le preguntó a Castillo sobre una opinión que el mandatario peruano había hecho en 2018, donde manifestaba que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar.

La respuesta del mandatario peruano fue: “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… Jamás haría cosas que el pueblo no quiera” […] “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”.

Las declaraciones de Castillo provocaron un profundo revuelo en el Perú y fueron atribuidas a la influencia de Evo Morales sobre Castillo. Todos estos hechos contribuyeron a la reciente decisión de la presidenta Boluarte de impedir el ingreso del expresidente boliviano a su país.

Balance Final

La crisis peruana que comenzó el 7 de diciembre pasado no ha hecho más que agravarse incrementando el número de víctimas fatales.

Si bien el gobierno de Boluarte ha convocado al diálogo no ha presentado ni una agenda a tratar, ni una hoja de ruta para encontrar una salida consensuada a la crisis.

Tampoco por parte de los manifestantes aparece un referente los suficientemente representativo como para negociar con el gobierno en nombre de la totalidad de los descontentos.

La exigencia de los manifestantes de que Dina Boluarte renuncie, se clausure el Congreso y se reforme la constitución parece, al menos por el momento, inaceptable para el gobierno.

Por otra parte, realizar elecciones en abril de 2024 sin modificar la estructura institucional y constitucional que llevó a la presente crisis no tiene sentido. Seria seguir haciendo los mismo, pero esperando un resultado distinto. Perú debe encontrar un nuevo consenso ciudadano que permita encarar reformas institucionales profundas.

Mientras tanto, la prolongación de la violencia no solo implica nuevas violaciones a los derechos humanos, sino que incrementa las posibilidades de que el conflicto escale e incluso se internacionalice.



[i] PCP – SENDERO LUMINOSO: para darse a conocer y al mismo tiempo protestar por el abandono del maoísmo por Deng Xiaoping este grupo terrorista colgó perros callejeros de las columnas del alumbrado público en las calles de la ciudad de Lima el 26 de diciembre de 1980. A lo largo del tiempo Sendero Luminoso mató más de dos millones de perros solo en Junín, Ayacucho, Huancavelica y Puno.

martes, 10 de enero de 2023

Los problemas de gobernabilidad en el Brasil.


 

El reciente intento de golpe de Estado en Brasil, con el asalto de las principales instalaciones gubernamentales: el Congreso, el Palacio de Planalto sede de la presidencia y del Tribunal Supremo Federal, en Brasilia, a sólo siete días de la asunción de un nuevo gobierno indica claramente que el gigante sudamericano atraviesa por una muy seria crisis.

¿Se jodió el Brasil?

El nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, en su novela “Conversación en la Catedral”, hace que su personaje Santiago Zabala, como una suerte de Hamlet andino, se interrogue sobre ¿En qué momento se jodió el Perú?

La frase fue inmediatamente recordada y aplicada al autogolpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo. Luego se siguió aplicando al patético gobierno de su sucesora Dina Boluarte, que se mantiene en el poder con el apoyo de la mayoría fujimorista en el Congreso y la represión que los militares realizan en las calles y aeropuertos y que al momento contabiliza 46 muertos en un mes de gestión.

Pero, después del patético intento derechista de realizar una suerte de golpe de Estado, el pasado domingo 8 de enero, muy podemos preguntarnos: ¿En qué momento se jodió el Brasil

A comienzos del 2023, lo que parece estar jodido no es solo el Perú sino toda América Latina. Crisis económicas, demandas sociales insatisfechas, cuestionamientos al orden constitucional, violentas protestas callejeras y crisis de autoridad sacuden a la región.

El presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva en la encrucijada.

El 30 de octubre pasado. Luiz Inacio “Lula” da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), logró a los 77 años, concretar la gran hazaña de convertirse en el primer brasileiro que gobernará a su país en tres períodos desde la restauración de la democracia en 1985.

No obstante, Lula se impuso en la segunda ronda electoral por el margen electoral más estrecho de la historia de Brasil: 50.9% frente al 49,1% obtenido por su rival Jair Bolsonaro, tan solo dos millones de votos de diferencia.

Se trató de una elección hiperpolarizada donde medio Brasil voto por otro modelo de país. La mitad del electorado brasileiro sufragó en favor de una opción conservadora y liberal, mientras que el programa que se propone implementar Lula plantea cambios progresistas, políticas de género, protección del medioambiente y de la Amazonia y en defensa de los derechos de las minorías, más impuestos en una economía con fuerte intervención estatal y estructurada en base a la llamada Teoría Monetaria Moderna que apuesta por la expansión monetaria sin preocuparse por la inflación o el gasto fiscal.

Lula enfrentará el dilema tradicional de las izquierdas latinoamericanas como atender las acuciantes demandas sociales postergadas durante décadas sin recursos fiscales para satisfacerlas. Por lo general, los gobiernos populistas cuando no tienen recursos que distribuir terminan fracasando estruendosamente y distribuyendo solo pobreza.

Es que las demandas de la población relegada son demasiado urgentes en América Latina, la región más desigual del mundo después de África, según el coeficiente.

De acuerdo con un informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los países de la región se encuentran ante una desaceleración del crecimiento económico, una mayor presión inflacionaria y una recuperación lenta e incompleta de los mercados laborales de las repercusiones de la pandemia de Covid-19.

En consecuencia, aumentarán los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria, según el organismo.

El informe prevé que el crecimiento anual promedio del PIB en 2022 será de un 1,8%, mientras en 2021 todavía era de un 6,3 por ciento. La inflación regional aumentará del 6,6% en 2021 al 8,1% en 2022.

La pobreza aumentaría del 29,8%, en 2018, al 33,7% en 2022, y la pobreza extrema del 10,4 por ciento en 2018 al 14,9 por ciento este año. Esto significa un incremento de la pobreza extrema por sexto año consecutivo.

Ante ese panorama socioeconómico no puede sorprendernos los continuos brotes de inestabilidad política en la región. Potenciada por la existencia de gobiernos que aspiran a ser fundacionales y que en sus primeros actos se dedican a revertir todas las medidas adoptadas por sus predecesores.

El nuevo gobierno enfrenta fuertes resistencias por parte de la oposición bolsonarista que controla las dos cámaras del Congreso y cuenta con el apoyo de gran número de gobernadores, entre ellos los de Estados claves: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

Además, Bolsonaro conserva gran ascendiente como referente de los intereses de las fuerzas armadas y de seguridad, los empresarios, los sindicatos de transportistas, el sector agrícola y de las poderosas iglesias evangélicas.

Lula debió enfrentar la hostilidad de la oposición desde el mismo momento de su victoria electoral, Jair Bolsonaro se negó a reconocer su derrota e incluso no asistió a la ceremonia de traspaso del mando. Mientras que sus partidarios, vistiendo camisetas amarillas y verdes, paralizaban al país con cortes de ruta y rodeaban los cuarteles de las fuerzas armadas pidiendo un golpe de Estado que impidiera la asunción de Lula.

Indiferente a la beligerancia de la oposición, al asumir la presidencia, Lula declaró desafiante: “El techo al gasto es una estupidez”. Inmediatamente firmó medio centenar de decretos y quince medidas revocatorias de decisiones adoptadas por Bolsonaro. Entre ellas la liberación de la adquisición de armas por parte de la población civil e impidió la creación de nuevos clubes de tiro. Suspendió la privatización de ocho empresas estatales, restableció en Fundo Amazônia que financia actividades contra la deforestación de la Amazonia. Las medidas proteccionistas con respecto a la Amazonia son resistidas por los empresarios de la agroindustria siempre ávidos de nuevas tierras para sus explotaciones.

No obstante, el verdadero broche de oro en las medidas adoptadas por Lula ha sido la eliminación de la exención a los impuestos a la gasolina.

Las nuevas medidas despertaron polémicas y resistencias. La Bolsa cayó en un 5% registrando las empresas brasileras una pérdida de 58.000 millones de dólares en valor de mercado.

Estos hechos en modo alguno justifican el reciente intento de golpe de Estado, pero si lo explican.

La intentona

El domingo 8, desde las primeras horas una multitud de manifestantes de derecha, vistiendo sus camisetas con los colores de la bandera brasileña, marcharon en Brasilia, capital del Brasil, ocupando y saqueando las instalaciones del Congreso, la sede de la presidencia: el Palacio de Planalto prácticamente desierto debido a que el presidente da Silva se encontraba en São Paulo y el Tribunal Supremo Federal.

La ocupación se produjo ante la total pasividad de la policía del Distrito Federal, que se limitaban a observar a los manifestantes cuando no a escoltarlos.

Días antes, cientos de autobuses habían comenzado a llegar a Brasilia desde el interior del país transportando a bolsonaristas, que a través de sus celulares recibían instrucciones detalladas para obtener alojamiento en tiendas de campaña o pensiones y alimentos gratuitos. Esto indica que la movilización no fue espontánea si no muy bien organizada. No faltaron tampoco recursos económicos para asistir a los manifestantes.

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) alertó al presidente Lula sobre la posibilidad de inminentes ataques contra edificios públicos en Brasilia, pero al gobierno recién asumido y con muchos de sus funcionarios aprendiendo que botones tocar para obtener resultados, le faltaron reflejos y no adoptó medidas adicionales de seguridad para proteger esas instalaciones.

El asalto al Palacio de Planalto hizo recordar inmediatamente a la invasión al Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021, después de que el presidente Donald Trump también se negara a reconocer su derrota en las elecciones, alegando también fraude. El paralelo resulta innegable.

En general, el asalto a las instalaciones federales se realizó en tono festivo con manifestantes sacándose selfis o grabando vídeos de como destrozaban y saqueaban impunemente edificios públicos. Lo cual explica que no se hayan producido víctimas fatales, tan solo algunos centenares de contusos y heridos leves.

Las autoridades retomaron el control de las instalaciones recién a altas horas de la noche y comenzaron a realizar arrestos (hasta el momento unas 1.500 personas se encuentran detenidas).

El presidente da Silva aplicó la intervención federal al Distrito Federal. El gobernador de Brasilia, el conservador aliado de Bolsonaro, Ibaneis Rocha, a su vez destituyó a su ministro de Seguridad, Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, que oportunamente se encontraba en Miami durante los incidentes.

¿Fue un golpe?

El ataque a Brasilia si bien es un gravísimo atentado contra el orden constitucional no  parece que merezca ser calificado como un “golpe de Estado”.

Faltan algunos elementos esenciales como para que se pueda hablar de “golpe”, tales como un líder (como en la Marcha sobre Roma de 1922) o una junta de gobierno provisoria como en las asonadas militares. Tampoco hay una proclama explicitando la naturaleza del movimiento y sus propósitos. Tampoco existe una convocatoria clara de expandir la insurrección a otros puntos del país.

Más bien la violenta movilización parece tener un carácter intimidatorio hacia el gobierno de Lula como para disuadir al presidente de avanzar con ciertas medidas resistidas por los partidarios y apoyos sectoriales de Bolsonaro. En mi barrio, los muchachos dirían que “le marcaron la cancha”.

Evidentemente, también es un mensaje hacia los mandos de las Fuerzas Armadas advirtiéndoles que tarde o temprano deberán tomar partido e intervenir para definir la situación.

Lo cierto es que cualquiera haya sido el propósito de la intentona, el Brasil se ha jodido. Lo cual es un serio problema para el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Recordemos que cuando el Brasil estornuda, la Argentina se resfría.

viernes, 6 de enero de 2023

Las elecciones están aquí


 

Cuando se apagan los festejos del triunfo en el Mundial de Futbol, los argentinos comienzan a prepararse para un largo año electoral

El 2023 es un año electoral en Argentina. Los argentinos serán convocados a las urnas en agosto para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O) para elegir a los candidatos que competirán en octubre durante las elecciones generales.

En estos comicios, además del presidente y vicepresidente, se eligen 130 diputados nacionales (el 50% de la Cámara) y 24 senadores (33% del Senado). También 22 provincias renuevan el mandato de sus gobernadores e intendentes y de la mitad de sus legisladores y concejales. Las provincias de Santiago del Estero y Corrientes lo han hecho en 2021.

Seguramente, también deberán asistir a los comicios en noviembre si ningún candidato a la presidencia se impone en primera vuelta. Es decir, si ninguno alcanza el 50% de los votos válidos emitidos o supera el 40% con una diferencia de diez puntos con respecto al candidato que salga segundo.

Por otra parte, en la mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo los gobernadores han “desdoblado” los comicios provinciales de los nacionales. Temen que una previsible debacle del Frente de Todos a nivel nacional afecte sus posibilidades de ser reelectos y prefieren competir en forma individual únicamente por los cargos de su provincia.

Hasta el momento doce distritos, la mayoría del país, han decidido adelantar la fecha de los comicios locales. Ellas son: La Pampa, Salta, Tucumán, Río Negro, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Formosa, Jujuy y La Rioja.

El 12 de febrero, en la provincia de La Pampa tendrá lugar la primera elección provincial. En este caso una primaria de los comicios provinciales previstos para el 14 de mayo, fecha electoral que compartirá con la provincia de San Juan.

A partir de los comicios en La Pampa las convocatorias electorales en distintos distritos del país y otros eventos relacionados se van eslabonando de manera en que prácticamente todos los meses se vota en alguna provincia o en todo el país.

Veamos como: 16 de abril elecciones en Río Negro y Neuquén; 7 de mayo, en Misiones y Jujuy; 14 de mayo: en San Juan; 11 de junio PASO en Mendoza, 14 de junio: cierre de listas de precandidatos generales; 13 de agosto; Paso generales en todo el país; 17 de septiembre: elecciones en Chaco; 24 de septiembre elecciones provinciales en Mendoza; 8 y 15 de octubre debates presidenciales públicos y obligatorios; 22 de octubre: primera vuelta de las elecciones generales; en noviembre tendría lugar la segunda vuelta electoral.

Recordemos que la obligatoriedad de las P.A.S.O. es tan solo para las elecciones nacionales y que los comicios provinciales se desarrollan en base a la legislación electoral adoptada por cada provincia que es muy diversa. En algunas hay P.A.S.O., en otras no, en algunas rige una sola ronda electoral en otras el sistema de ballotage y en varias la ley de lemas o doble voto simultáneo.[i]

En otras palabras, al adelantar las elecciones locales, los gobernadores “se curan en salud” y prefieren competir en soledad por la reelección, evitando el “abrazo de oso” de los eventualmente desprestigiados candidatos nacionales de su espacio.

También intentan privar a la oposición provincial de los beneficios del “efecto arrastre” que originan los candidatos presidenciales exitosos cuando van en la misma boleta que los candidatos provinciales y municipales. Además, el triunfo de candidatos peronistas (en la mayoría de los casos gobernadores que están al frente de sus provincias desde hace tiempo y en las que han construido sólidas estructuras de control político y social) puede contribuir a crear una imagen distorsionada de cuáles son las reales preferencias del electorado a nivel nacional alimentando un erróneo triunfalismo en el kirchnerismo.

Al desdoblarse las elecciones, los candidatos nacionales deberán crear su propio aparato electoral para reunir votos y controlar la votación, también deberán solventar con sus propios recursos la totalidad de los gastos de la elección nacional en esos distritos.

Aunque este desdoblamiento forzará a los electores de las provincias donde se realice a concurrir una o dos veces adicionales al “cuarto oscuro” donde se emite el voto.

Largada

Pese a las altas temperaturas de un tórrido verano, dónde el efecto climático de “La Niña”, que se resiste a irse y retacea las lluvias afectando cultivos y ganado, la campaña electoral ha comenzado en Argentina.

Si bien, ni las alianzas electorales están totalmente definidas, ni los posibles precandidatos están designados, en la mayoría de los espacios han comenzado los primeros movimientos de campaña.

Diversos precandidatos han comenzado a recorrer los lugares turísticos dónde vacacionan los argentinos para entrar en contacto con el electorado.

También en algunas paredes han aparecido pintadas en apoyo de ciertos precandidatos.

La guerra de encuestas también se ha incrementado notablemente. Aunque, como las candidaturas nacionales no están definidas, la mayoría de los sondeos sólo miden intención de voto por espacio político o la imagen positiva y negativa de los eventuales candidatos.

Las encuestas más audaces pretenden medir hasta los resultados de una eventual segunda vuelta entre los posibles candidatos (Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Masa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Eduardo “Wado” de Pedro, etc.)

Por el momento, todo es muy especulativo, pero lo cierto es que la maquinaria electoral está en marcha moviendo inmensas sumas de dinero.

Algo impensable en un país endeudado con los organismos financieros internacionales, empobrecido, con 100% de inflación anual y casi la mitad de la población en la pobreza.

Lo cierto es que los comicios reactivaran transitoriamente a la economía argentina en 2023. Se crearán miles de puestos de trabajo transitorio. La contienda política proporcionará temas y nuevos personajes para los programas televisivos y radiales y artículos en la prensa, impulsando la venta de espacios publicitarios. También las superficies destinadas a la publicidad en la vía pública se cubrirán con propaganda política. Las imprentas comenzaran a trabajar a pleno produciendo gigantografías y todo tipo material de propaganda, además de boletas electorales para esa seguidilla de comicios. Se contratará personal para tareas informáticas: procesar datos, crear páginas institucionales y de los candidatos, elaborar memes, actuar como “community manager”, trolls, etc. También habrá demanda de analistas de encuestas, asesores de prensa, de imagen, organizadores de eventos, personal de logística y otros.

Las firmas dedicadas a la elaboración de encuestas de opinión están también trabajando a pleno no solo para los partidos sino también para los medios de prensa, las empresas privadas e incluso alguna embajada con fondos suficientes para contratarlas.

Una buena parte de los fondos de campaña se destinará a los salarios de un ejército de punteros políticos rentados, al alquiler de locales partidarios y habrá gasto crecientes en viáticos, alquiler de autos y aviones, alojamientos y comidas.

Los centros de convenciones, clubes de barrio y hasta restaurante con grandes espacios tendrán sus instalaciones ocupadas a pleno a medida que se acerque el día de los comicios.

Se sucederán interminables debates, encuentros con candidatos, recorridas barriales, visitas domiciliarias, desayunos, almuerzos y cenas de campaña.

Incluso algunos periodistas recibirán “estímulos” para difundir gacetillas o cubrir algunos actos políticos de poca relevancia.

En cualquier país, una elección general moviliza grandes sumas de dinero. Pero, en Argentina, aunque muchos gastos se disimulan cuando donadores o empresas prestan automóviles o aviones para las recorridas en el interior del país, los hoteles proporcionan a los candidatos habitaciones sin costo, otras entidades ceden locales y oficinas para tareas de campaña y otros servicios, algunos analistas en privado mencionan que una campaña presidencial con posibilidades de éxito demanda una inversión aproximada de ochenta millones de dólares. Un gasto demasiado elevado tomando en consideración las dimensiones reducidas de su electorado (35.000.000 de votantes de los cuáles sólo concurre a los comicios aproximadamente el 70% pese a ser obligatorio el voto) y el estado de su economía.

Por último, el gobierno kirchnerista que pasa por su peor momento tratará de poner el humor social a su favor para tener alguna oportunidad de salvar los más que pueda del naufragio (retener el gobierno de algunas provincias e intendencias, obtener la mayor cantidad de bancas legislativas y otras posiciones de poder). Para ello se asegurará de aumentar los salarios por encima de la inflación, aun sabiendo que el incremento del déficit fiscal retroalimentará la inflación.

Como el objetivo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es llegar como sea al 10 de diciembre de 2023, no se preocuparán por la herencia que dejarán al futuro gobierno.

En síntesis, Argentina sale de la gran celebración del Mundial de Futbol para ingresar en la vorágine de la “fiesta electoral”.

En este proceso podríamos imaginar que la secuencia de elecciones provinciales y P.A.S.O. se asemejan a la clasificación para el mundial. La elección general es una suerte de “fase de grupos” y la segunda vuelta presidencial se asemeja a una gran final.

Veremos entonces quien finalmente levanta “La Copa”, digo se calza la banda y el bastón presidencial el próximo 10 de diciembre de 2023.

Es decir, que de los cuatro años del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, los dos primeros (2020 y 2021) fueron absorbidos por la pandemia del COVID, el 2021 con el Mundial de Futbol y el 2023 por las elecciones. Sin embargo, el saldo será más concreto: más de 130.000 víctimas fatales del COVID; la inflación medida por el índice REM del BCRA será (con mucha suerte) del 300% y el dólar Blue (el único realmente al alcance del argentino común) se habrá incrementado un 760% al valor vigente el 6 de enero de 2023.

Por el momento, estimado conciudadano el espectáculo ha comenzado por lo cual lo mejor es recordar lo que proponía el genial Tato Bores: “¡¡Vermut con papas fritas y Good Show!!”



[i] Ley de Lemas o Doble Voto Simultáneo: es un sistema electoral cuyas características son las siguientes: Cada partido político o coalición de partidos es un lema; cada lema puede tener varios sublemas (listas de candidaturas de candidatos agrupados en torno al lema, pero con énfasis políticos diferentes del partido/lema o con una organización propia dentro del mismo. En las elecciones funciona de la siguiente forma: Se presentan candidaturas de los sublemas agrupados en torno a un lema; los electores escogen la lista de candidatos (sublema) de su preferencia; en el conteo de votos se suman todas las preferencias de los sublemas al lema en torno al cual están agrupados. Además, de Argentina, este sistema se emplea en Honduras y Uruguay.

lunes, 2 de enero de 2023

Argelia criminaliza las migraciones irregulares

Desde hace más de una década, Argelia persigue y expulsa ilegalmente a los migrantes subsaharianos que ingresan a su territorio.

Argelia práctica en forma sistemática, desde hace más de una década una política genocida y racista contra los migrantes irregulares subsaharianos.

Como resultado de la cual, más de 27.000 migrantes subsaharianos han sido expulsados en forma ilegal, tan solo hacia Níger y Mali, en los últimos tres años.

Policías y gendarmes argelinos realizan periódicamente razias en la capital, Argel, y en barrios periféricos, donde detienen a los migrantes subsaharianos, incluidas mujeres y menores no acompañados, basándose únicamente en criterios raciales, ya que no intentan determinar si los migrantes tienen derecho a su estancia en el país, comprobando sus pasaportes u otra documentación.

Algunas de las personas que padecieron esta traumática experiencia tenían residencia legal en el país, pero las autoridades argelinas no se molestaron en verificar su estatus migratorio.

Los migrantes son remitidos a “centros de calificación” que constituyen auténticos campos de concentración. En esos establecimientos los migrantes son tratados como si fueran criminales peligrosos. Los detenidos se ven forzados a dormir sobre el suelo sin colchones ni mantas y donde pueden sentirse afortunados si reciben por todo alimento un poco de pan con margarina. Tampoco es extraño que al ingresar a los centros les confisquen los celulares, documentos, dinero y cualesquiera otros efectos personales que tengan en su poder al momento de su detención. Nunca más verán sus pertenencias.

Finalmente, unos días después de su internación, los migrantes son embarcados en camiones que los trasladan, por ejemplo, hasta la frontera con Níger. El punto de desembarco suele estar situado a unos quince kilómetros de la ciudad nigeriana de Assamaka.  

Allí son forzados a descender de los vehículos e internarse en territorio nigeriano mediante disparos intimidatorios al aire de los gendarmes argelinos.

Los migrantes expulsados deben caminar por el desierto, con altas temperaturas, sin agua ni alimentos para llegar a la pequeña ciudad nigerina de Assamaka que no cuenta con infraestructura adecuada para asistir y albergar, aún en forma transitoria, a los continuos contingentes de migrantes expulsados desde Argelia.

Además, muchos de los migrantes expulsados no son nigerianos, sino que pertenecen a diversos países subsaharianos: Guinea, Mali, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Liberia, Camerún y Sierra Leona.

Estas expulsiones, además de violar los derechos humanos de las personas afectadas son absolutamente ilegales porque Argelia es un Estado signatario de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares”, que en su artículo 22, Inciso 1° señala: Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.”

Además, el Inciso 2°, consigna: “Los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley.”

Por último, Argelia también es signataria de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul, de 1981) que establece en su artículo 12°: Inciso 4: Un extranjero legalmente admitido en un territorio de un Estado firmante de la presente Carta, sólo puede ser expulsado de él en virtud de una decisión tomada de conformidad con la ley. Inciso 5. La expulsión masiva de extranjeros estará prohibida. Expulsión masiva será aquella dirigida a un grupo nacional, racial, étnico o religioso.”

Lamentablemente, estamos acostumbrados a ver como el gobierno argelino cuando le conviene viola los tratados internacionales, especialmente, los referidos a los derechos humanos.

Argelia ha hecho una tradición el violar los derechos humanos, no solo de los migrantes subsaharianos sino también de los disidentes del Hirak que demandan la democratización del país y el fin de la dictadura militar que oprime a su país.