El desprecio total
por la Constitución y las normas del régimen republicano, acompañado del caos
económico y social, han despojado al gobierno chavista de cualquier base de
legitimidad para seguir rigiendo el destino de los venezolanos.
UN GOBIERNO ILEGÍTIMO
El
gobierno de Nicolás Maduro se ha quedado sin ningún sustento de legitimidad. La
dudosa elección con la que alcanzó la presidencia el líder chavista erosionó su
legitimidad democrática de origen. Mientras que la hiperinflación se elevó en
2016 al 550%, la más alta del mundo, el empobrecimiento del 80% de la población
venezolana, el desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera
necesidad, acompañados de niveles crecientes de criminalidad han destruido
totalmente cualquier atisbo de legalidad de ejercicio.
Esto
convierte, claramente, al de Nicolás Maduro en un gobierno de facto.
Es por
ello que el régimen chavista debe continuamente denunciar conspiraciones y
apelar a la violencia para sostenerse en el poder.
Violencia
institucional cuando fuerza la interpretación del texto de la Constitución y
las leyes. Cuando vulnera el funcionamiento del sistema republicano creando
enfrentamientos entre los poderes del Estado.
Cuando
restringe o anula la inmunidad parlamentaria, cuando deja sin sueldos a los
legisladores en ejercicio, o más grave aun cuando se niega cumplir con el
mandato constitucional de convocar y llevar a cabo elecciones o persigue a los
dirigentes políticos opositores con cualquier excusa. Maduro ha encarcelado más
de un centenar de dirigentes políticos y a otros los ha perseguido retirándoles
el pasaporte o, como a Henrique Capriles, le ha suspendido por quince años sus
derechos electorales.
Todas
estas arbitrariedades no han sido suficientes para dar sustento a su caótico y
corrupto gobierno. Por lo tanto, Maduro debe apelar a la represión policial
para enfrentar a la agitación opositora que, cerrada toda alternativa de juego
institucional, se ha visto forzada a ganar la calle para demandar al gobierno
que se atenga a la vigencia del marco jurídico institucional.
El
creciente descontento de la población ha hecho que la represión institucional,
a través del accionar de los cuerpos de aplicación de la ley, sea insuficiente
para acallar las protestas callejeras que deterioran aún más la alicaída imagen
internacional del país.
LLAMADA A LAS ARMAS
Jaqueado
por la oposición el chavismo apuesta cada día más a una confrontación directa
abierta entre los venezolanos.
Uno de
los principales dirigentes del chavismo, el diputado Diosdado Cabello convocó a
un grupo paramilitar afín al gobierno a estar “alerta” para apoyar al presidente frente a los intentos
destituyentes de la oposición.
“Prestos a la Milicia Bolivariana para pasar a la
alerta combativa, cuando la derecha cruce la raya y crea que va a darle un
golpe de Estado a Nicolás Maduro”; dijo
Cabello el pasado jueves desde un palco y ante cientos de militantes
oficialistas que se concentraron en el centro de Caracas.
En un
incendiario discurso, el número dos del oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela, señaló que “a partir de ese
momento debemos estar en alerta vigilante” frente a “esa derecha
desesperada”.
La
movilización oficialista se organizó en respuesta a una marcha opositora que
derivó en violentos enfrentamientos entre manifestantes, miembros de la
militarizada Guardia Civil y grupos chavistas que arrojaron un saldo de un
muerto, decenas de heridos y opositores detenidos.
Durante
la convocatoria chavista, Freddy Bernal, un ex policía que como funcionario es
responsable de un plan oficial de distribución de alimentos subsidiados, afirmó
que está dispuesto a tomar las armas “para defender la patria”.
Luciendo
la tradicional camisa roja de los chavistas, Bernal no dudó en afirmar: “En el momento en que cada hombre de este
país y cada mujer tuviese que agarrar un Kalashnikov para defender la patria de
Bolívar, estoy seguro que estaríamos dispuestos a hacerlo.”
GRIETA EN LA OEA
Evidentemente,
el chavismo no duda en apelar a la guerra civil si es preciso con tal de
mantenerse en el poder. Lo único que impide al régimen chavista apelar a la
violencia generalizada, posiblemente, sea la presión internacional.
Esta
presión, lamentablemente, no es lo suficientemente enérgica y continuada para
permitir restaurar la democracia en Venezuela.
En
parte, porque los Estados Unidos parecen estar demasiado atareados en otras
partes y no quieren involucrarse directamente en la crisis venezolana. Es
posible que Washington tema que una intervención de su parte termine desatando
una ola de antiimperialismo y antiamericanismo que sea contraproducente para
sus intereses en la región.
Por
otra parte, la grieta que divide a los venezolanos también parece haber
afectado a los países de la Organización de Estados Americanos.
Un
grupo de los catorce países americanos más importantes han suscripto una carta
en la que exigen a Venezuela la celebración de elecciones y la liberación del
más de un centenar de presos políticos.
Mientras
que otros once países, encabezados por Cuba, siguen apoyando al gobierno
bolivariano en nombre del principio de no intervención en los asuntos internos
de un Estado miembro.
Esta división
está paralizando el accionar de los países latinoamericanos y lo torna
errático.
Maduro
cuenta, además, con la solidaridad de otros países fuera del continente,
especial, Rusia, China, Irán y Argelia. Estos apoyos proporcionan aire vital al
chavismo.
No
obstante, es evidente que el “socialismo del siglo XXI” hace tiempo que está
muerto y enterrado.
En
Venezuela no se está llevando a cabo ninguna revolución, lo único que hay es un
grupo de funcionarios ineptos y corruptos, carentes de toda legitimidad, que se
han involucrado con el narcotráfico, mientras insisten en aferrarse al poder
frente al temor de terminar sus días en una celda.
Para
ellos, cualquier posibilidad, incluso la apelación a la violencia generalizada,
es válida para mantener su supervivencia y privilegios.
