Singapur, la nueva puerta del Mercosur hacia Asia: qué cambia para Argentina

La aprobación argentina del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur abre una nueva etapa para la inserción internacional del bloque y ofrece a Argentina una vía de acceso preferencial a uno de los grandes centros financieros, logísticos y tecnológicos del planeta. El desafío ya no consiste en firmar acuerdos, sino en convertir las preferencias arancelarias en exportaciones, inversiones y nuevas cadenas productivas.

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Buenos Aires - La escena tiene una dimensión que excede largamente el comercio entre dos mercados separados por más de 15.000 kilómetros. Con la promulgación de la Ley 27.819 y el Decreto 1010/2026, publicados este martes en el Boletín Oficial, Argentina completó su procedimiento interno para aprobar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023. El Congreso había convertido el proyecto en ley el 26 de agosto, con 234 votos a favor y apenas cuatro en contra. El tratado consta de 19 capítulos y abarca bienes, servicios, inversiones, compras públicas, comercio electrónico, propiedad intelectual, reglas de origen y pequeñas y medianas empresas.

La aprobación argentina completa el proceso interno de los cuatro miembros fundadores del Mercosur. El acuerdo ya comenzó a aplicarse bilateralmente entre Singapur y Paraguay, Uruguay y Brasil durante 2026. Para Argentina, sin embargo, todavía corresponde distinguir entre la aprobación legislativa y la plena entrada en vigor internacional: después de la promulgación debe completarse el depósito del instrumento de ratificación conforme al mecanismo previsto por el tratado.

La importancia del pacto no está tanto en el tamaño actual del intercambio bilateral como en el lugar que ocupa Singapur dentro de la economía mundial. La ciudad-Estado tiene apenas unos 6 millones de habitantes, pero en 2025 registró un producto interno bruto de unos 789.500 millones de dólares singapurenses a precios corrientes y más del 70% de su valor agregado procedió de los servicios. Es uno de los grandes nodos financieros, portuarios, tecnológicos, logísticos y comerciales de Asia. Su economía creció un 4,8% en 2025, según las estadísticas oficiales de Singapur.

Por eso, observar a Singapur solamente como destino final sería interpretar mal el alcance del tratado. El verdadero atractivo consiste en utilizarlo como plataforma de entrada al Sudeste Asiático, una región integrada por las economías de ASEAN y cada vez más conectada con las cadenas productivas de China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Singapur cuenta además con una extensa red de acuerdos comerciales y se encuentra profundamente integrado en la arquitectura económica del Indo-Pacífico.

El contraste con el Mercosur es significativo. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reúnen una población y una base de recursos naturales considerablemente mayores y poseen una oferta exportadora sustentada en alimentos, energía, minerales, productos agroindustriales y manufacturas. Brasil aporta una estructura industrial y agrícola de gran escala, además de importantes reservas minerales y energéticas. Argentina combina una de las grandes plataformas agroalimentarias del mundo con Vaca Muerta, recursos mineros estratégicos y capacidades crecientes en servicios basados en conocimiento. Paraguay dispone de una poderosa base agroexportadora y una enorme disponibilidad de energía hidroeléctrica, mientras Uruguay ha desarrollado ventajas en alimentos, servicios y logística.

El acuerdo intenta conectar esas capacidades con una economía que funciona como una bisagra entre Occidente y Asia. Singapur importa más del 90% de los alimentos que consume y en 2025 obtuvo abastecimiento alimentario de más de 180 países y regiones. Para Argentina, cuya estructura exportadora dispone de grandes excedentes agrícolas y agroindustriales, existe aquí una oportunidad evidente. Carnes, cereales, aceites, alimentos elaborados, productos pesqueros y otros bienes de origen agropecuario pueden encontrar mejores condiciones de acceso y, sobre todo, una plataforma de distribución hacia mercados asiáticos.

La liberalización es amplia. Singapur eliminará los aranceles para el 100% de los productos originarios del Mercosur, mientras el bloque sudamericano liberalizará alrededor del 95,8% de sus líneas arancelarias correspondientes a productos singapurenses. La apertura no será simultánea para todas las mercancías: existen productos con eliminación inmediata y otros sometidos a períodos de desgravación que llegan hasta 15 años. El tratado contempla, además, reglas de origen específicas y mecanismos de acumulación regional, destinados a impedir que mercancías de terceros países sean presentadas artificialmente como originarias de alguna de las partes.

Este último punto tiene especial importancia frente a la magnitud de los intercambios de Singapur con China y otras economías asiáticas. El acuerdo establece requisitos de origen destinados a evitar la triangulación. Para las industrias del Mercosur, las reglas son al mismo tiempo una garantía y un desafío: garantía porque protegen las preferencias frente a una eventual utilización abusiva de Singapur como plataforma de reexportación; desafío porque obligan a las empresas a demostrar con precisión el origen de sus productos y componentes.

La apertura tendrá efectos diferentes dentro del Mercosur. Brasil posee una estructura industrial más diversificada y empresas con mayor capacidad financiera, tecnológica y logística. Podría aprovechar las nuevas condiciones para ampliar sus exportaciones de alimentos elaborados, productos químicos, maquinaria y manufacturas. Argentina presenta un perfil diferente. Sus oportunidades más visibles se concentran en agroindustria, alimentos, energía, minería y servicios profesionales y tecnológicos.

En materia energética, el tratado llega en un momento particularmente significativo. El desarrollo de Vaca Muerta está modificando las perspectivas argentinas para petróleo y gas, mientras el país intenta ampliar su capacidad exportadora y avanzar hacia proyectos de gas natural licuado. Singapur, por su condición de centro financiero, comercial y marítimo, puede desempeñar un papel relevante como nodo de negocios y captación de capital, aunque el acuerdo no garantiza por sí mismo que se convierta en un gran comprador de hidrocarburos argentinos.

La minería ofrece otra posibilidad. El litio y el cobre han convertido a Argentina en un territorio de interés para las cadenas internacionales vinculadas con la electrificación, el almacenamiento energético y la transición tecnológica. Singapur posee grandes inversores institucionales y empresas internacionales capaces de participar en proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología y recursos naturales. GIC, uno de los grandes gestores de las reservas de Singapur, ha informado que duplicó su exposición a América Latina en los últimos años y que la región representa actualmente alrededor del 4% de su cartera global, con inversiones en infraestructura, tecnología, servicios financieros, salud, educación y transición energética.

El atractivo inversor no se limita a Singapur. ASEAN recibió 243.900 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, según datos difundidos por la propia organización a partir del informe de UNCTAD. Singapur captó 150.900 millones, convirtiéndose nuevamente en el principal receptor de inversión extranjera de la asociación. Esa capacidad financiera constituye un elemento adicional del acuerdo: Argentina y sus socios no solamente buscan vender en Asia, sino también atraer capital asiático hacia América del Sur.

La oportunidad puede extenderse a otros socios del Sudeste Asiático. Indonesia, Vietnam, Malasia y Tailandia son mercados de dimensiones mucho mayores que Singapur y poseen economías industriales y demográficas de gran escala. Vietnam, además, ya constituye para Argentina un objetivo explícito: el Mercosur lanzó en diciembre de 2025 las negociaciones para un acuerdo comercial preferencial. El pacto con Singapur puede funcionar, por tanto, como una primera estación de una estrategia más amplia de aproximación a ASEAN.

El comercio digital es otro terreno en el que Argentina podría encontrar una ventaja menos evidente que la agroalimentaria. El acuerdo incorpora disposiciones sobre comercio electrónico, servicios, movimiento de personas e inversiones. Argentina dispone de empresas competitivas en software, fintech, servicios profesionales, ingeniería, diseño y economía del conocimiento. Singapur, por su parte, se encuentra entre los principales centros digitales y financieros de Asia. La distancia geográfica pierde importancia cuando el producto exportado es un algoritmo, un servicio profesional, una plataforma tecnológica o conocimiento especializado.

Pero la apertura también tiene costos potenciales. Las industrias argentinas acostumbradas a niveles elevados de protección arancelaria pueden enfrentar una competencia más intensa de productos provenientes de una economía altamente integrada a las cadenas asiáticas. El propio diseño del tratado reconoce esa sensibilidad al conservar protección para una parte del comercio del Mercosur y establecer calendarios de desgravación prolongados.

Aquí aparece la discusión política y económica que acompañó el proceso legislativo. El canciller Pablo Quirno definió el acuerdo como “clave para la integración de Argentina con el mundo” y sostuvo que ahora corresponde al sector privado aprovechar las condiciones creadas. En la misma dirección, el senador Francisco Paoltroni defendió durante el debate la apertura comercial como herramienta para reducir el rezago externo argentino. En cambio, durante el tratamiento parlamentario también surgieron advertencias sobre la necesidad de reforzar los controles técnicos y sanitarios. El exgobernador y legislador opositor Jorge Capitanich puso el acento en el papel que deberían desempeñar organismos como el INTA y el INTI para preservar estándares y capacidades productivas.

Ambas perspectivas señalan una cuestión fundamental. Un tratado comercial no crea por sí solo competitividad. Reduce barreras, establece reglas y genera oportunidades. El resultado depende de la capacidad de las empresas para producir a costos internacionales, obtener certificaciones, asegurar volúmenes, desarrollar marcas, cumplir normas sanitarias y construir redes de distribución.

Para Argentina, la cuestión resulta especialmente relevante porque la apertura comercial puede producir simultáneamente expansión exportadora y presión sobre determinados segmentos industriales. Los productores agroalimentarios, mineros y energéticos con capacidad exportadora parten de una posición diferente a la de las pequeñas industrias que dependen del mercado interno. El efecto final dependerá también de la evolución del tipo de cambio, los costos logísticos, el crédito, la infraestructura y la estabilidad regulatoria.

Para el Mercosur, el acuerdo tiene una dimensión institucional que puede ser incluso más importante que sus efectos comerciales inmediatos. Durante años el bloque fue criticado por su dificultad para concluir acuerdos con economías extrarregionales. Singapur representa la primera incursión formal del Mercosur en el Sudeste Asiático y demuestra que el bloque puede construir instrumentos comerciales más allá de sus relaciones tradicionales con Europa, Estados Unidos y China.

El efecto demostración puede ser relevante. Un Mercosur capaz de negociar con Singapur dispone de un precedente para profundizar vínculos con Indonesia, Vietnam, Malasia y Tailandia y, eventualmente, con otras economías del Indo-Pacífico. La reciente conclusión de las negociaciones con EFTA y las conversaciones con otros países muestran que la agenda externa del bloque se encuentra en una etapa de mayor dinamismo.

El desafío argentino consiste ahora en transformar el tratado en una política comercial concreta. La Cancillería ya prepara una misión empresarial a Singapur para septiembre, con compañías de alimentos, bebidas y software, precisamente para aprovechar las oportunidades abiertas por el nuevo marco. Ese paso resulta revelador: el éxito del acuerdo dependerá menos de la ceremonia de su firma que de la capacidad de construir vínculos comerciales permanentes.

La experiencia de otros países latinoamericanos muestra también que la inversión asiática busca activos concretos. UNCTAD registró en 2025 una entrada de inversión extranjera directa de 188.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe, un aumento del 14%. Brasil recibió 77.000 millones, convirtiéndose nuevamente en el principal receptor regional. La competencia por esos capitales será intensa y los proyectos capaces de atraerlos deberán ofrecer seguridad jurídica, infraestructura, rentabilidad y reglas estables.

El Acuerdo Mercosur-Singapur no es, por tanto, una simple reducción de aranceles. Es una apuesta por insertar a América del Sur en una región que concentra una parte creciente del comercio, las inversiones, la tecnología y las cadenas globales de producción. Para Argentina, representa una oportunidad particularmente significativa en alimentos, energía, minería, servicios profesionales y economía digital.

Pero también plantea una exigencia. La apertura no sustituye a la competitividad. La preferencia arancelaria solamente tiene valor si existen productos capaces de utilizarla y empresas preparadas para llegar al mercado. Singapur puede convertirse en un destino comercial relevante, pero su mayor valor estratégico reside en su condición de plataforma hacia el Indo-Pacífico y en su capacidad para conectar capitales, tecnología, logística y mercados.

La aprobación argentina marca así el final de una etapa y el comienzo de otra. Durante años, el debate estuvo concentrado en si el Mercosur debía abrirse al mundo. El acuerdo con Singapur desplaza la pregunta hacia un terreno mucho más concreto: qué hará Argentina con la puerta que acaba de abrirse. El tratado ofrece preferencias, previsibilidad y acceso. Convertirlas en exportaciones, inversiones, empleo y nuevas cadenas productivas será una tarea de empresas, gobiernos y organismos técnicos. El resultado dependerá de esa capacidad. Singapur puede ser para el Mercosur un pequeño mercado de seis millones de habitantes o, si la estrategia es adecuada, una de las principales puertas de entrada sudamericanas al gran espacio económico del Indo-Pacífico.

El Reino Unido ante el riesgo de una ruptura histórica: Escocia, Gales e Irlanda del Norte desafían a Westminster

La alianza inédita de los nacionalistas de las tres naciones británicas abre un proceso político cuyo desenlace todavía está lejos de la independencia, pero que obliga a Londres, Washington, Bruselas y la OTAN a prepararse para un eventual rediseño constitucional de las islas británicas. Escocia aparece como el eslabón más vulnerable de la Unión; Irlanda del Norte dispone del mecanismo jurídico más claro para abandonarla y Gales es, por ahora, el territorio con menor respaldo popular a la separación.

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Buenos Aires – Hay momentos en la historia constitucional de los Estados en los que una declaración política adquiere una importancia que excede largamente su contenido jurídico. La reunión celebrada este lunes en Cardiff por los dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte pertenece a esa categoría. John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, junto con Mary Lou McDonald, firmaron un memorando que proclama el derecho de sus respectivas naciones a la autodeterminación y reclama a Westminster que prepare y facilite futuros cambios constitucionales. Los firmantes sostienen, además, que el futuro de sus territorios está en la Unión Europea.

El documento no equivale a una declaración de independencia ni pone en marcha automáticamente un proceso de disolución del Reino Unido. Los propios nacionalistas reconocen que cada territorio tiene una historia, un marco jurídico y una relación diferente con Londres. Pero el significado político es considerable: por primera vez desde el comienzo de la descentralización, las tres administraciones autónomas están encabezadas por fuerzas partidarias de modificar radicalmente su vínculo con el Estado británico.

El Reino Unido se enfrenta así a una paradoja. Su sistema constitucional permitió durante décadas acomodar identidades nacionales distintas dentro de una misma estructura estatal. Sin embargo, el Brexit, el fortalecimiento de los nacionalismos periféricos y el creciente cuestionamiento del modelo centralizado de Westminster han convertido aquella flexibilidad en una posible vía hacia la fragmentación.

Tres nacionalismos, tres proyectos diferentes

Escocia es el caso más avanzado. El SNP aspira a celebrar un nuevo referéndum durante la actual legislatura de Holyrood. En 2014, el 55,3% de los escoceses votó por permanecer en el Reino Unido, pero el Brexit modificó sustancialmente el contexto político: Escocia había votado mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Para el nacionalismo escocés, la salida del Reino Unido significó que una decisión adoptada por el conjunto del electorado británico terminó imponiendo a Escocia un resultado que la mayoría de sus votantes había rechazado.

El obstáculo es jurídico. El Tribunal Supremo británico estableció en 2022 que el Parlamento escocés no puede organizar unilateralmente un referéndum de independencia. La autorización corresponde a Westminster.

La cuestión es, por tanto, política antes que jurídica: ¿cuánto tiempo puede Londres negarse a una consulta si una mayoría clara y sostenida de los escoceses la reclama? El Gobierno de Andy Burnham ha optado por resistir, argumentando que las prioridades son económicas y sociales. Pero una negativa prolongada puede terminar alimentando precisamente el argumento nacionalista que pretende neutralizar.

Gales presenta una situación distinta. El nacionalismo galés posee una tradición cultural y lingüística profunda, pero el apoyo a la independencia sigue siendo considerablemente inferior al existente en Escocia. Plaid Cymru no reclama una consulta inmediata y pretende primero construir una base económica, política y social para la independencia. Según los datos recogidos en el documento de referencia, el apoyo independentista ronda actualmente el 32%, frente a aproximadamente un 68% contrario.

El problema galés es, además, económico. La economía depende fuertemente del mercado inglés y de las transferencias provenientes de Westminster. La desaparición del sistema de financiación británico obligaría a Cardiff a sustituir en forma acelerada recursos públicos que actualmente proceden del Estado central. El nacionalismo galés puede tener una poderosa dimensión identitaria, pero todavía no ha demostrado que pueda traducirse en una mayoría partidaria de asumir los costes económicos de la soberanía.

Irlanda del Norte constituye el caso más peculiar porque no se trataría estrictamente de una independencia, sino de una reunificación con la República de Irlanda. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció un principio fundamental: el estatus constitucional de Irlanda del Norte puede modificarse si una mayoría de sus ciudadanos expresa democráticamente esa voluntad. El mecanismo es un border poll.

El Sinn Féin aspira a que esa consulta pueda producirse antes de 2030. Sin embargo, los datos disponibles todavía no muestran una mayoría favorable a la reunificación. El desafío es especialmente delicado porque cualquier proceso que sea percibido por la comunidad unionista como una imposición podría reabrir heridas que el Acuerdo de Viernes Santo consiguió cerrar después de tres décadas de violencia.

El factor europeo

El elemento que une a los tres movimientos nacionalistas es Europa. Los dirigentes sostienen que el Brexit perjudicó a sus territorios y que el futuro debería estar vinculado nuevamente a la Unión Europea.

Pero aquí aparece una diferencia entre la retórica política y la realidad jurídica. Una Escocia o un Gales independientes no regresarían automáticamente a la Unión. Como nuevos Estados deberían solicitar su ingreso mediante el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, procedimiento que exige una decisión unánime del Consejo y la ratificación del acuerdo de adhesión por todos los Estados miembros conforme a sus respectivas normas constitucionales.

Eso significa que la independencia no produciría un retorno automático al mercado único europeo. Escocia y Gales tendrían que negociar su incorporación mientras gestionan simultáneamente una nueva frontera con el resto del Reino Unido. La transición podría convertirse en el período más complejo de todo el proceso.

Irlanda del Norte tendría una ventaja sustancial. Si se produjera una reunificación conforme al Acuerdo de Viernes Santo, el territorio pasaría a formar parte de un Estado que ya pertenece a la Unión Europea. No habría una candidatura norirlandesa independiente. La cuestión sería cómo adaptar institucional y financieramente el territorio al Estado irlandés y al marco comunitario.

Los costos de la independencia

La principal debilidad del proyecto independentista se encuentra en las cuentas públicas. La independencia no consiste simplemente en reemplazar una bandera por otra. Implica crear un Estado: recaudar impuestos, emitir deuda, garantizar pensiones, organizar la defensa, establecer relaciones comerciales y disponer de una política monetaria.

Escocia parte de una situación paradójica. Posee una economía diversificada, importantes servicios financieros, universidades de prestigio, una potente industria energética y enormes posibilidades de desarrollo de la energía eólica marina. Pero también presenta un déficit fiscal elevado. Según las cifras recogidas en el documento, el déficit nocional de 2025-2026 alcanzaría unos 25.300 millones de libras, aproximadamente el 10,9% del PIB.

El petróleo del Mar del Norte no resolvería por sí solo el problema. Los hidrocarburos siguen siendo un activo estratégico, pero la producción ha dejado de tener la magnitud necesaria para financiar sin dificultades un Estado moderno. La verdadera oportunidad escocesa estaría en combinar energía renovable, servicios financieros, tecnología, universidades y una eventual integración europea.

Gales se encontraría en una posición más complicada. Su dependencia de las transferencias británicas y del mercado inglés es mayor, mientras su base fiscal es más estrecha. Una frontera comercial con Inglaterra podría afectar particularmente a la industria galesa y al corredor económico del sur del país.

Para Irlanda, en cambio, la reunificación tendría un costo fiscal considerable. Irlanda del Norte presenta un déficit que actualmente es cubierto en buena medida por Westminster. Las estimaciones disponibles oscilan ampliamente, desde unos 3.000 millones de euros anuales hasta cifras mucho mayores. La incertidumbre refleja la dificultad de calcular los efectos sobre salarios, pensiones, infraestructura, sanidad y servicios públicos.

Pero también habría beneficios. Desaparecería la frontera terrestre entre ambas Irlandas, el Norte quedaría plenamente integrado en el mercado único y adoptaría el euro, mientras Irlanda ampliaría su territorio, población y peso económico.

¿Puede realmente desaparecer el Reino Unido?

A corto plazo, una disolución simultánea parece improbable. El propio pacto de Cardiff reconoce que cada nación seguirá su propio camino. El escenario más plausible es una secuencia y no una ruptura simultánea: primero Escocia, eventualmente Irlanda del Norte y, en un horizonte mucho más distante, Gales.

Escocia constituye hoy el principal foco de riesgo. Gales todavía carece de una mayoría independentista y el proceso norirlandés está sometido a un mecanismo jurídico específico. La posibilidad de una ruptura completa dependerá, sobre todo, de tres variables: la evolución de la opinión pública, la disposición de Westminster a aceptar consultas y la capacidad de los nacionalistas para presentar proyectos económicos convincentes.

La peor alternativa sería una separación unilateral. La mejor, tanto para los territorios como para Londres, sería una negociación constitucional pactada.

El mecanismo debería comenzar con acuerdos políticos sobre la pregunta sometida a consulta, el padrón electoral, la mayoría necesaria y las garantías de imparcialidad. Después de un eventual triunfo independentista debería abrirse una negociación formal sobre deuda pública, activos, pensiones, ciudadanía, defensa, fronteras, recursos energéticos, moneda, comercio y bases militares. Solo después tendría sentido establecer la fecha efectiva de independencia.

El proceso completo podría durar muchos años. Algunas fuentes estiman entre cinco y quince años para resolver las cuestiones derivadas de una separación plena.

Estados Unidos, la OTAN y Europa ante el posible divorcio

Washington tendría que actuar con especial prudencia. El reciente respaldo de Donald Trump a una Irlanda unificada añade una dimensión internacional al debate, aunque la política estadounidense debería evitar la apariencia de intervenir directamente en la arquitectura constitucional británica.

Estados Unidos tiene un interés estratégico superior: preservar la alianza atlántica, la cooperación de inteligencia con Londres y la estabilidad militar del norte de Europa. Un Reino Unido fragmentado seguiría siendo importante para Washington, pero su capacidad diplomática y militar podría reducirse.

La OTAN tendría que adoptar una posición estrictamente neutral respecto de la cuestión constitucional. Su prioridad sería garantizar que cualquier nuevo Estado miembro que surgiera de una separación pactada pudiera incorporarse a las estructuras aliadas sin generar un vacío de seguridad. El asunto nuclear sería particularmente sensible. La base de Faslane, en Escocia, alberga la disuasión nuclear británica, por lo que una independencia escocesa obligaría a Londres a encontrar una nueva infraestructura para sus submarinos estratégicos. La OTAN, que considera las fuerzas nucleares estratégicas parte esencial de su arquitectura de disuasión, no podría ignorar las consecuencias.

Bruselas tendría que ser todavía más cautelosa. La Unión Europea no debería estimular una secesión dentro de un Estado europeo, pero tampoco podría permanecer indiferente ante un proceso democrático y pactado. Para Escocia y Gales, la fórmula sería clara: independencia reconocida, solicitud de adhesión y negociación. Para Irlanda del Norte, la situación sería distinta y potencialmente mucho más sencilla.

El nuevo mapa de las islas

La cuestión decisiva no es si el Reino Unido puede desaparecer mañana. No puede. La cuestión es si el modelo político creado por las uniones de 1707 y 1921 continuará siendo capaz de contener las identidades nacionales que conviven dentro de él.

El pacto de Cardiff no es todavía el acta de defunción del Reino Unido. Es, más bien, la primera advertencia de que la discusión ha cambiado de naturaleza. Escocia ya no debate solamente cuánto poder debe recibir de Westminster; discute qué ventajas tendría dejar de pertenecer al Estado británico. Irlanda del Norte ya no considera la reunificación una hipótesis histórica distante. Y Gales, aunque más cauteloso, ha incorporado la soberanía a su debate político.

La paradoja final es que una separación ordenada podría no significar necesariamente una ruptura de la cooperación. Escocia, Gales, Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido seguirían compartiendo geografía, comercio, historia, cultura, seguridad y millones de vínculos personales.

El verdadero desafío para Londres será comprender que preservar la Unión quizá ya no consista en impedir que sus territorios voten, sino en convencerlos de que todavía tienen razones suficientes para permanecer juntos. Si Westminster fracasa en esa tarea, el Reino Unido podría descubrir que su mayor amenaza no procede del exterior, sino de una pregunta elemental que cada vez más ciudadanos de sus naciones parecen dispuestos a formular: ¿por qué seguir juntos?

 

BRICS 2026: el Sur Global busca convertir su peso económico en poder político

 

La Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi bajo la presidencia de Narendra Modi, confirma la transformación de una asociación inicialmente económica en uno de los principales espacios de articulación del llamado Sur Global. Con once miembros, diez países socios y la participación de dirigentes de organismos internacionales, el grupo reúne cerca de la mitad de la población mundial, alrededor del 40% del PIB global y una proporción extraordinaria de las reservas energéticas del planeta. La Declaración de Nueva Delhi, aprobada por unanimidad, reclama una reforma del sistema internacional, cuestiona el unilateralismo comercial y financiero, impulsa los pagos en monedas nacionales y llama a la máxima contención en Oriente Próximo. Pero, detrás de su creciente dimensión, persiste una cuestión decisiva: si los BRICS pueden transformar su enorme peso demográfico, económico y energético en una estrategia política coherente.

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La XVIII Cumbre de los BRICS se celebró los días 12 y 13 de septiembre en Bharat Mandapam, el gran centro internacional de convenciones de Nueva Delhi, bajo la presidencia de la India y con un lema que resume la ambición de la nueva etapa: “Construyendo para la Resiliencia, la Innovación, la Cooperación y la Sostenibilidad”. El encuentro se produjo en un momento de extraordinaria tensión internacional, marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, la guerra de Ucrania, las disputas comerciales y la creciente fragmentación del sistema multilateral.

Los BRICS nacieron originalmente como una asociación de Brasil, Rusia, India y China. La denominación procede del acrónimo acuñado en 2001 por el economista de Goldman Sachs Jim O’Neill para identificar a las grandes economías emergentes con mayor potencial de crecimiento. La primera reunión política tuvo lugar en 2006 y la primera cumbre presidencial se celebró en Ekaterimburgo en 2009. Sudáfrica se incorporó posteriormente, convirtiendo BRIC en BRICS. La gran transformación llegó con la ampliación acordada en Johannesburgo en 2023 y concretada durante 2024 y 2025.

En la actualidad, las fuentes oficiales consideran miembros a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La situación de Riad merece, sin embargo, una precisión: aunque aparece incluida en las listas oficiales del bloque, el Gobierno saudí no ha confirmado públicamente en los mismos términos que los restantes miembros su incorporación formal. La propia documentación del BRICS mantiene a Arabia Saudí dentro de los once.

A ellos se suman diez países socios: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Esta categoría fue creada en la cumbre de Kazán de 2024 y permite ampliar considerablemente el radio de influencia de la organización sin convertir automáticamente a todos sus participantes en miembros plenos.

La cumbre de Nueva Delhi incorporó además un importante componente de apertura internacional. Participaron como invitados de divulgación representantes de Bahréin, en representación del Consejo de Cooperación del Golfo; Burundi, en representación de la Unión Africana; Filipinas, por la ASEAN; y Uruguay, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev participó, a su vez, como dirigente de un país socio y representante de la Unión Económica Euroasiática. Entre las organizaciones internacionales estuvieron Naciones Unidas, representada por António Guterres; la Organización Mundial de la Salud, por Tedros Adhanom Ghebreyesus; la Organización Mundial del Comercio, por Ngozi Okonjo-Iweala; el Nuevo Banco de Desarrollo, presidido por Dilma Rousseff; y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras.

El significado económico de esta arquitectura resulta difícil de exagerar. Los BRICS reúnen aproximadamente al 49% de la población mundial y alrededor del 40% del PIB planetario. La cifra es particularmente relevante cuando el producto se mide mediante paridad del poder adquisitivo, indicador que permite comparar el volumen efectivo de bienes y servicios producidos teniendo en cuenta las diferencias de precios internos. El FMI calcula que las economías emergentes y en desarrollo generan alrededor del 61% del PIB mundial medido por PPA.

El cruce entre PIB nominal y PPA revela la verdadera dimensión del fenómeno. China ocupa el primer lugar mundial por PPA, con unos 44,3 billones de dólares internacionales; Estados Unidos es segundo, con aproximadamente 32,4 billones; India aparece tercera, con cerca de 18,9 billones; Rusia cuarta, con unos 7,5 billones; Indonesia séptima, con aproximadamente 5,45 billones, y Brasil octava, con unos 5,23 billones. Es decir, cinco integrantes de los BRICS —China, India, Rusia, Indonesia y Brasil— concentran por sí solos una masa económica equivalente a más de 81 billones de dólares en términos de PPA.

La comparación con el G7 resulta especialmente reveladora. Mientras los BRICS representan alrededor del 40% del PIB mundial en PPA, el G7 se sitúa en torno al 30%. En términos de crecimiento, además, los BRICS han adquirido un peso creciente en la expansión de la economía mundial. Vladímir Putin sostuvo en el Foro Empresarial de Nueva Delhi que los BRICS habían generado más del 40% del PIB mundial en los últimos cinco años y que aportaron cerca de la mitad del crecimiento global durante ese período, frente al 18% del G7. Son cifras utilizadas políticamente por Moscú y deben interpretarse con cautela según la metodología estadística empleada, pero ilustran el argumento central del bloque: el centro de gravedad económico mundial se desplaza hacia Asia y otras regiones emergentes.

La comparación con la Unión Europea ofrece otra perspectiva. La UE posee una economía integrada, una moneda común en gran parte de sus miembros, instituciones supranacionales y un mercado único, características que los BRICS no poseen. Tampoco constituyen una alianza militar comparable a la OTAN. Su estructura es deliberadamente más flexible: las decisiones se adoptan por consenso y los Estados conservan plena autonomía en política exterior, defensa y economía. Esa debilidad institucional es, paradójicamente, una de sus fortalezas: permite sentar en la misma mesa a democracias como India y Brasil, monarquías como Arabia Saudí y Emiratos, regímenes autoritarios y potencias enfrentadas entre sí.

El peso energético constituye otra dimensión esencial. Según las estimaciones reunidas en el material utilizado para este análisis, los miembros del BRICS concentran aproximadamente el 41% de las reservas probadas mundiales de petróleo si se incluye Arabia Saudí, y más de la mitad de las reservas probadas de gas natural. Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Rusia concentran enormes reservas petroleras, mientras Rusia e Irán ocupan posiciones centrales en el gas. China e India agregan a esa ecuación la condición de grandes consumidores, mientras Brasil aporta una creciente dimensión energética atlántica a través de sus yacimientos del presal.

No se trata, naturalmente, de que los BRICS posean esas reservas como una entidad supranacional. Cada Estado conserva el control soberano sobre sus recursos y sus intereses energéticos no siempre coinciden. Pero la concentración geográfica tiene consecuencias geopolíticas: dentro de un mismo espacio de cooperación conviven algunos de los principales exportadores mundiales de hidrocarburos con China e India, dos de los mayores consumidores. Esa combinación convierte al grupo en un actor particularmente relevante para la seguridad energética mundial. El Energy Institute confirma, además, la extraordinaria importancia de Rusia, Irán y China en la producción global de gas.

La dimensión estratégica se completa con el factor nuclear. Tres miembros del BRICS —Rusia, China e India— son potencias nucleares reconocidas de facto y poseen arsenales nucleares. Rusia y China son, además, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La India dispone de un arsenal nuclear independiente y reclama desde hace años una mayor representación en el Consejo. Irán no posee armas nucleares declaradas y no pertenece al grupo de Estados nuclearmente armados, aunque su programa nuclear constituye uno de los principales factores de tensión internacional. Esta composición otorga al BRICS una densidad estratégica que ninguna agrupación económica convencional puede ignorar.

La India procuró que la cumbre no se transformara en una plataforma abiertamente antioccidental. El profesor de Yale Sushant Singh advertía antes de la reunión que Nueva Delhi no se sentiría cómoda con una postura explícitamente hostil a Occidente debido a sus relaciones de defensa con Estados Unidos y sus vínculos comerciales con Europa y Norteamérica. Mihaela Papa, directora del BRICS Lab del MIT, observaba en cambio que la posición particular de India podía convertirla en un mediador entre potencias rivales.

Esa tensión quedó reflejada en la declaración final. Los once miembros aprobaron por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, un extenso documento de 140 puntos que procura conciliar posiciones nacionales muy diferentes. El texto reivindica un orden internacional “más representativo y justo”, la reforma del multilateralismo y una mayor presencia de Asia, África y América Latina en las instituciones globales. China y Rusia expresaron nuevamente su respaldo a las aspiraciones de Brasil e India de desempeñar un papel más importante en Naciones Unidas y en su Consejo de Seguridad.

El documento también condena el terrorismo en todas sus formas, respalda la solución pacífica de las controversias mediante diálogo y diplomacia y rechaza el incremento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que, según el bloque, distorsionan el comercio y contradicen las normas de la OMC. En materia financiera, reafirma el objetivo de desarrollar sistemas de pagos transfronterizos más rápidos, baratos y seguros y ampliar las liquidaciones en monedas nacionales. No se trata todavía de una moneda común ni de una sustitución inmediata del dólar, sino de una arquitectura destinada a reducir la dependencia de los mecanismos financieros dominados por Estados Unidos.

La cuestión más delicada fue Oriente Próximo. La declaración expresa “profunda preocupación” por la escalada y reclama “máxima contención”, además de la protección de civiles e infraestructuras, incluidas las instalaciones nucleares. El consenso fue significativo porque Irán forma parte del BRICS mientras Emiratos Árabes Unidos mantiene posiciones diferentes y Estados Unidos es aliado de varios de los países del Golfo. Reuters destacó que el acuerdo entre Teherán y Abu Dabi para respaldar el llamamiento conjunto representó un avance diplomático dentro de una organización atravesada por profundas divergencias.

El documento dedicó asimismo una atención sustancial a Palestina, Gaza y Líbano, mientras evitó mencionar expresamente la guerra de Ucrania, una omisión significativa si se la compara con la declaración de la cumbre de Río de Janeiro de 2025. Esa decisión parece responder a la necesidad de preservar el consenso interno y evitar que el conflicto europeo se convierta en un factor de ruptura entre Rusia, China, India, Brasil y los restantes miembros.

En economía, tecnología y energía, Nueva Delhi quiso proyectar un BRICS menos retórico y más operativo. La declaración respalda la cooperación en inteligencia artificial, economía digital, cadenas de suministro, innovación, agricultura, seguridad alimentaria y transición energética. El texto reconoce simultáneamente la necesidad de reducir emisiones y el papel todavía decisivo de los combustibles fósiles, defendiendo una transición energética “justa, ordenada, equitativa e inclusiva” y la neutralidad tecnológica.

Xi Jinping propuso avanzar hacia un “Greater BRICS” mediante mayor integración industrial y tecnológica, estabilidad de las cadenas de suministro, un mercado más conectado y una zona abierta de cooperación en inteligencia artificial. Putin, por su parte, presentó al grupo como uno de los motores del desplazamiento hacia un orden multipolar y destacó la necesidad de desarrollar infraestructura propia de pagos, inversión y comercio.

La paradoja de los BRICS aparece precisamente allí donde reside su mayor fortaleza. Ningún otro foro reúne simultáneamente semejante población, volumen económico, reservas energéticas, capacidad industrial y potencias nucleares. Pero tampoco resulta sencillo encontrar otro agrupamiento donde convivan tantos intereses contrapuestos: China e India compiten por la influencia asiática; Irán y algunos Estados del Golfo mantienen profundas diferencias; Rusia enfrenta a Occidente; India conserva estrechos vínculos estratégicos con Estados Unidos; Brasil procura mantener una política exterior autónoma y Arabia Saudí equilibra sus relaciones entre Washington, Pekín y Moscú.

Por eso, la XVIII Cumbre de Nueva Delhi no convirtió a los BRICS en una nueva superpotencia institucional. Hizo algo más importante: consolidó la existencia de un espacio internacional que ya no puede ser considerado periférico. Su verdadera importancia no reside únicamente en las declaraciones contra el unilateralismo ni en la aspiración de reducir el peso del dólar. Está en la acumulación de población, producción, energía, tecnología, territorio y capacidad militar que comienza a modificar la distribución mundial del poder.

La pregunta que queda abierta es si esa masa crítica podrá transformarse en una estrategia común. Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta. Pero la reunión de Nueva Delhi demuestra que el mundo que emerge ya no puede ser explicado exclusivamente desde Washington, Bruselas o Tokio. Los BRICS pretenden que el siglo XXI tenga más de un centro de gravedad. Y sus cifras indican que esa pretensión dejó de ser una hipótesis para convertirse en una realidad geopolítica.

 

Rabat fija su posición ante Madrid por lo ocurrido durante la crisis de Ceuta

Marruecos ha roto su silencio sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta con un contundente comunicado en el que niega cualquier responsabilidad de sus autoridades, reclama una investigación sobre lo ocurrido y acusa a sectores políticos y mediáticos españoles de convertir al reino en un instrumento de la disputa interna. Rabat reivindica la relación estratégica construida con Madrid desde 2022, pero advierte de que la falta de visión política puede transformar esa asociación en una fuente permanente de desconfianza.

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Buenos Aires - La crisis de Ceuta ha abierto una grieta inesperada en una relación que Madrid y Rabat habían presentado durante los últimos años como una de las asociaciones estratégicas más sólidas del Mediterráneo occidental. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero de Marruecos ha decidido intervenir públicamente para fijar su posición después de semanas de acusaciones, debates parlamentarios y controversias políticas en España. Su mensaje es inequívoco: Marruecos niega haber organizado, facilitado o instigado la entrada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio y rechaza convertirse en el responsable externo de una crisis que, según sostiene, tiene también profundas dimensiones de política interna española.

El comunicado difundido por Rabat el 10 de septiembre constituye la primera reacción oficial de alcance de las autoridades marroquíes desde el estallido de la crisis. Su tono es significativamente más político que defensivo. Marruecos no se limita a negar las acusaciones: cuestiona abiertamente el comportamiento de determinados partidos, medios de comunicación e instituciones españolas y advierte de que la instrumentalización de la relación bilateral puede terminar perjudicando a ambos países.

La cancillería marroquí recuerda que el reino eligió soberanamente construir con España una relación basada en la buena vecindad geográfica, el entendimiento político, la asociación económica y la cooperación en materia de seguridad. Esa política, sostiene Rabat, encontró su expresión más acabada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022, después del encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Aquel acuerdo abrió, según la interpretación marroquí, una nueva etapa sustentada en el respeto mutuo, la confianza, el diálogo permanente y la voluntad de construir una asociación beneficiosa para ambas partes.

No se trata de una referencia meramente diplomática. La mención a 2022 recuerda que la relación actual nació después de una de las crisis más graves entre Madrid y Rabat de las últimas décadas. Desde entonces, España modificó sustancialmente su posición respecto del conflicto del Sáhara y respaldó la propuesta marroquí de autonomía, mientras Marruecos consolidó su cooperación con España en materia migratoria, policial, antiterrorista y económica.

Los intereses materiales que sostienen ese acercamiento son considerables. Marruecos destaca que España es su principal socio económico y que el reino alauí se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea. La diplomacia marroquí subraya además que los dos países han obtenido resultados relevantes en la lucha contra las redes criminales y terroristas y en la prevención de los flujos migratorios.

Los datos proporcionados por la diplomacia española muestran hasta qué punto esa interdependencia ha crecido. El comercio bilateral alcanzó en 2024 alrededor de 22.000 millones de euros, según datos difundidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y más de 5.000 empresas españolas mantienen actividad exportadora regular en Marruecos. El país magrebí es también uno de los principales destinos de la inversión española en África.

Precisamente por eso la cuestión migratoria adquiere una dimensión que excede con mucho la gestión de una frontera. Lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio transformó esa frontera en el epicentro de una crisis humanitaria y política sin precedentes recientes.

Decenas de miles de personas, en su mayoría procedentes de Marruecos, intentaron acceder a Ceuta por mar y a través de la frontera. Las estimaciones oficiales sitúan el volumen de entradas e intentos en una magnitud de entre 70.000 y 80.000 personas. El episodio provocó muertos, desaparecidos, una presión extraordinaria sobre los servicios de la ciudad y una crisis política que rápidamente alcanzó al Gobierno central de Pedro Sánchez.

La cuestión adquirió una nueva dimensión esta semana, cuando el Gobierno español desclasificó 40 informes y comunicaciones correspondientes al mes de julio. Los documentos muestran que el Centro Nacional de Inteligencia había detectado convocatorias difundidas a través de Facebook y WhatsApp y que el 29 de julio comunicó a los servicios de inteligencia marroquíes que se preparaban entradas a Ceuta tanto a nado como mediante el salto de la valla. Los grupos utilizados para movilizar a los migrantes reunían a decenas de miles de personas.

El contenido de esa documentación ha alimentado precisamente la controversia que Rabat intenta contener. Algunos informes elaborados después de la entrada masiva describieron una actuación pasiva o negligente de las fuerzas marroquíes. Uno de ellos planteó incluso, entre las hipótesis analizadas, la posibilidad de que existiera algún grado de connivencia como respuesta a acontecimientos políticos recientes. Pero esos documentos no demuestran que las autoridades marroquíes hubieran organizado la operación. De hecho, el propio Gobierno español ha insistido en que no dispone de pruebas sólidas que permitan atribuir a Rabat la planificación de la avalancha.

Ese matiz es el eje de la argumentación marroquí. Rabat sostiene que ningún dato, hecho o informe establece la implicación de sus autoridades. Y transforma la cuestión en una serie de preguntas dirigidas a Madrid: por qué se mantienen las acusaciones si no existen pruebas concluyentes, por qué no se devuelven los migrantes irregulares cuando Marruecos afirma haber aceptado oficialmente su readmisión y por qué continúan en España menores no acompañados cuyos retornos, asegura, Rabat ha solicitado reiteradamente.

La dureza del comunicado aumenta cuando aborda la política española. El Ministerio marroquí denuncia que determinados sectores políticos y mediáticos utilizan al reino como parte de una agenda interna y acusa a partidos con experiencia de Gobierno de haber sustituido el análisis racional por una retórica que califica de populista. Aunque no menciona expresamente al Partido Popular, la alusión ha sido interpretada en España como una referencia inequívoca a la principal fuerza de la oposición.

El Partido Popular sostiene que la relación con Rabat debe sustentarse en el respeto recíproco y en la defensa de las fronteras españolas.

Desde otros sectores políticos las interpretaciones son diferentes. El expresidente Felipe González ha cuestionado la gestión del Gobierno de Sánchez y ha considerado que la respuesta ante la crisis fue manifiestamente mejorable. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha hablado de una gestión desastrosa y ha advertido del riesgo de que la controversia termine favoreciendo a la extrema derecha.

Entre los analistas de seguridad tampoco existe una lectura unánime. El analista de inteligencia Fernando Cocho ha sostenido que Marruecos utiliza históricamente los flujos migratorios como instrumento de presión estratégica y ha interpretado los documentos españoles como indicios de una responsabilidad marroquí mayor de la que admite Rabat. Su lectura contrasta, sin embargo, con la posición oficial del Gobierno español, que no considera probado que Marruecos organizara la operación.

También desde el ámbito periodístico la cuestión se ha planteado como una prueba de resistencia para la relación bilateral. Los análisis publicados en los últimos días coinciden en que los documentos desclasificados demuestran que existieron señales previas y fallos de coordinación, pero no resuelven definitivamente la pregunta fundamental sobre la intención de las autoridades marroquíes. El propio diario El País ha destacado que el CNI comunicó a Marruecos la existencia de convocatorias para cruzar la frontera y que posteriores informes españoles detectaron falta de reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes.

La posición de Rabat, por tanto, no consiste simplemente en negar una acusación. Es también una advertencia diplomática. Marruecos afirma que la cooperación migratoria ha sido históricamente eficaz y que el episodio de julio debe ser objeto de una investigación exhaustiva para determinar sus circunstancias, identificar posibles injerencias y evitar que vuelva a producirse.

La advertencia final es quizás la más significativa. Rabat afirma que no acepta convertirse en “moneda de cambio” electoral ni en “chivo expiatorio” de las disputas políticas españolas. La cancillería marroquí sostiene que la vecindad geográfica es inmutable, pero que corresponde a los responsables políticos convertirla en un activo estratégico. Si se impone, por el contrario, lo que denomina «ceguera estratégica», el capital acumulado durante los últimos años podría convertirse en una fuente permanente de desconfianza y tensiones recurrentes.

Esa es, en definitiva, la cuestión de fondo. Ceuta ha puesto a prueba no solo los mecanismos de control de una frontera particularmente sensible, sino también el modelo de relación construido entre Madrid y Rabat desde 2022. España necesita la cooperación marroquí para controlar los flujos migratorios, combatir el terrorismo y proteger sus intereses económicos en el norte de África. Marruecos, por su parte, necesita preservar su asociación con España, uno de sus principales interlocutores europeos y uno de los países que más profundamente se ha implicado en su nueva estrategia diplomática.

La crisis ha demostrado que esa asociación es sólida, pero no inmune. Las acusaciones, la desclasificación de información de inteligencia y la utilización política de la inmigración han introducido un elemento de desconfianza que puede resultar difícil de gestionar. La diplomacia marroquí ha optado por responder con firmeza, pero sin cerrar la puerta al diálogo. Al recordar la arquitectura construida desde 2022, Rabat parece estar enviando a Madrid un mensaje doble: no acepta cargar con una responsabilidad que considera no demostrada, pero tampoco desea que una crisis fronteriza destruya una relación que considera estratégica.

La frontera de Ceuta seguirá siendo, por su propia naturaleza, un punto de fricción. Pero el comunicado de Rabat deja claro que el futuro de la relación hispano-marroquí no se decidirá únicamente en esa frontera. Se decidirá también en Madrid, en Rabat y en la capacidad de ambos Gobiernos para impedir que una crisis migratoria termine convirtiéndose en una crisis estratégica.

 

  

Libia intenta cerrar quince años de guerra con una promesa de urnas

La firma en Trípoli de una hoja de ruta que prevé elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de 24 meses abre una nueva posibilidad para reunificar un país fracturado desde la caída de Muamar Gadafi. Pero el acuerdo, auspiciado por Naciones Unidas, debe todavía superar la rivalidad entre las autoridades del oeste y del este, el poder de las milicias, las ambiciones de los Haftar y la influencia de Turquía, Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En el trasfondo se encuentra una riqueza energética extraordinaria —48.000 millones de barriles de petróleo y 53 billones de pies cúbicos de gas— cuya importancia aumenta ante la actual crisis energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

 

Buenos Aires - Libia vuelve a mirar hacia las urnas. Quince años después de la insurrección que acabó con el régimen de Muamar Gadafi y tras una sucesión casi ininterrumpida de gobiernos provisionales, guerras civiles, treguas incumplidas y elecciones frustradas, las principales fuerzas políticas y militares del país han dado un paso que, si logra sobrevivir a las profundas contradicciones libias, podría constituir el comienzo del final de una de las crisis más prolongadas de África.

El 30 de agosto, en Trípoli y bajo los auspicios de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), representantes del oeste y del este del país firmaron un acuerdo destinado a modificar el marco electoral y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales y legislativas dentro de un plazo máximo de 24 meses. El pacto fue alcanzado por el denominado encuentro reducido o “Small Convening”, integrado por representantes de las instituciones rivales y de las dos grandes estructuras de poder libias. Naciones Unidas lo considera un paso importante hacia la reunificación institucional y la celebración de comicios nacionales.

El acuerdo contempla la recomposición del órgano directivo de la Alta Comisión Electoral Nacional y la resolución de las cuestiones jurídicas y constitucionales que bloquearon las elecciones previstas para diciembre de 2021. Establece asimismo que las elecciones presidenciales y legislativas se celebren simultáneamente y bajo una autoridad ejecutiva unificada. El texto prevé, además, modificaciones destinadas a evitar algunos de los obstáculos que hicieron fracasar el proceso electoral anterior. Entre ellos figura la posibilidad de que militares y ciudadanos con doble nacionalidad puedan presentarse como candidatos, aunque quien resulte elegido y posea otra ciudadanía deberá renunciar a ella antes de asumir el cargo.

El significado político del acuerdo resulta difícil de exagerar, aunque tampoco conviene confundirlo con el nacimiento de un Estado nuevamente reunificado. El problema central de Libia continúa siendo precisamente que existen dos centros de poder que han construido durante años sus propios aparatos administrativos, financieros y militares. En Trípoli funciona el Gobierno de Unidad Nacional, dirigido por Abdul Hamid Dbeibah y reconocido internacionalmente, mientras en el este la Cámara de Representantes mantiene su alianza con el Ejército Nacional Libio del mariscal Jalifa Haftar. Ambas estructuras disponen de redes políticas, económicas y armadas propias y han contado con el respaldo de diferentes potencias extranjeras.

Para comprender la magnitud del desafío hay que regresar a 2011. La rebelión contra Gadafi, iniciada durante la denominada Primavera Árabe, se transformó rápidamente en una guerra civil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en marzo de aquel año la resolución 1973, que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil y estableció una zona de exclusión aérea. La intervención de la OTAN terminó inclinando militarmente la balanza en favor de los insurgentes. Gadafi fue capturado y muerto en las proximidades de Sirte el 20 de octubre de 2011. Días después, Naciones Unidas puso fin formalmente al mandato que había permitido la campaña aérea aliada.

La caída del dictador, sin embargo, no produjo el Estado democrático y estable que muchos de sus protagonistas habían imaginado. El régimen había mantenido durante décadas un sistema político altamente personalista, en el que las instituciones estatales coexistían con estructuras tribales, redes de seguridad y mecanismos informales de distribución de poder. Una vez desaparecida la autoridad central, miles de combatientes que habían participado en la insurrección conservaron sus armas y sus propias áreas de influencia.

El vacío fue ocupado por milicias, ciudades rivales, grupos islamistas y redes tribales. La debilidad de las instituciones facilitó además la expansión del Estado Islámico, que llegó a controlar Sirte durante un periodo. Las elecciones y los intentos de construir nuevas instituciones no consiguieron superar la fragmentación. En 2014, el país quedó dividido entre gobiernos rivales en Trípoli y el este, mientras Haftar consolidaba progresivamente su poder militar.

La segunda guerra civil convirtió a Libia en un escenario de competencia internacional. Turquía se convirtió en el principal sostén del Gobierno instalado en Trípoli, proporcionando apoyo militar y enviando combatientes sirios aliados de Ankara. En el otro extremo, Haftar recibió respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La presencia del Grupo Wagner y posteriormente de estructuras vinculadas al Africa Corps ruso otorgó a Moscú una posición particularmente relevante en el este y el sur libios. La guerra dejó de ser, por tanto, únicamente una disputa interna: pasó a formar parte de la competición estratégica por el Mediterráneo, el norte de África, las rutas migratorias y los recursos energéticos.

La ofensiva de Haftar contra Trípoli, iniciada en 2019, agravó esa internacionalización. El riesgo de una guerra abierta entre las potencias que apoyaban a cada bando condujo finalmente a un alto el fuego en octubre de 2020. Fue un punto de inflexión decisivo. La violencia generalizada disminuyó, pero la paz militar no consiguió transformarse en una verdadera reunificación política.

El fracaso más significativo llegó en diciembre de 2021. Las elecciones presidenciales previstas no pudieron celebrarse. Las controversias sobre las candidaturas, las reglas electorales, el fundamento constitucional de los comicios y las condiciones para la participación de figuras militares impidieron la votación. Desde entonces, Libia permanece atrapada en una transición que parece no tener final.

La propia UNSMIL reconoce que las elecciones de 2021 constituyen una de las principales lecciones del actual proceso. La hoja de ruta presentada por su representante especial, Hanna Tetteh, propone avanzar de manera secuencial: primero reformar el marco electoral y fortalecer la comisión encargada de organizar los comicios; después establecer un Gobierno unificado capaz de administrar el país; y finalmente celebrar elecciones nacionales.

Durante 2025 y 2026 se multiplicaron las iniciativas para romper el bloqueo. La Carta de Reconciliación Libia, promovida por la Unión Africana, obtuvo nuevos apoyos y en enero de 2026 fue respaldada formalmente por Mohamed al-Menfi, presidente del Consejo Presidencial. En abril se alcanzó además, con mediación estadounidense, un acuerdo sobre un presupuesto nacional unificado, considerado particularmente significativo porque las instituciones rivales no habían logrado durante más de una década acordar un marco común de gasto público.

Estados Unidos ha incrementado paralelamente su implicación diplomática. Su enviado para África, Massad Boulos, ha mantenido contactos con los principales protagonistas libios y ha explorado fórmulas para una redistribución del poder. Washington tiene razones que exceden ampliamente la preocupación por la democratización de Libia: la posición geográfica del país, sus hidrocarburos, la seguridad del Mediterráneo, la lucha contra el terrorismo y la creciente competencia con Rusia constituyen intereses estratégicos de primer orden.

En este contexto debe interpretarse también la muerte de Saif al Islam Gadafi, hijo y antiguo heredero político de Muamar Gadafi. El 3 de febrero de 2026 fue asesinado a tiros en las proximidades de Zintan por varios hombres armados. Las autoridades libias emitieron posteriormente órdenes de arresto contra tres sospechosos, aunque no se estableció públicamente una autoría política definitiva.

La desaparición de Saif tuvo una evidente dimensión política. Había reaparecido en la escena pública como representante de una corriente gadafista que conservaba respaldo en determinados sectores tribales y sociales. En 2021 había intentado presentarse a las elecciones presidenciales que finalmente nunca se celebraron. Su muerte eliminó del tablero a una figura capaz, al menos potencialmente, de introducir un tercer polo en una disputa que progresivamente se había reducido a la competencia entre las estructuras de Dbeibah y Haftar.

El documento de análisis aportado plantea que las circunstancias de su asesinato podrían apuntar a una operación políticamente motivada. Sin embargo, esa interpretación no ha sido demostrada y debe permanecer en el terreno de las hipótesis. Lo comprobado es que el asesinato se produjo en un momento de intensa negociación sobre la futura arquitectura política libia y que las autoridades todavía no han esclarecido públicamente quién ordenó la operación.

La dimensión energética explica, en buena medida, por qué Libia vuelve a ocupar un lugar destacado en las agendas internacionales. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo de África: alrededor de 48.000 millones de barriles, equivalentes a aproximadamente el 41% de las reservas africanas y al 3% de las reservas mundiales. Además, dispone de unos 53 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural, una de las mayores dotaciones del continente.

Es una riqueza extraordinaria para un país de apenas siete millones de habitantes, pero también una de las principales causas de su fragilidad. El petróleo financia prácticamente toda la economía estatal y el control de los yacimientos, oleoductos, puertos y terminales de exportación proporciona un instrumento decisivo de poder político. Los bloqueos de instalaciones petroleras han sido utilizados repetidamente como mecanismo de presión por actores locales.

Europa observa especialmente el sector gasístico. El gasoducto GreenStream conecta la costa libia con Italia y constituye la principal vía de exportación de gas libio hacia Europa. La italiana Eni mantiene una posición central en el sector y en junio de 2026 anunció el inicio del proyecto de compresión de Sabratha, destinado a sostener la producción del campo Bahr Essalam y añadir aproximadamente 800 millones de metros cúbicos anuales de gas.

La importancia de estos recursos se ha multiplicado por la actual guerra entre Estados Unidos e Irán. La prolongada crisis en torno al estrecho de Ormuz ha reducido drásticamente las exportaciones energéticas procedentes de Oriente Próximo y ha provocado un fuerte aumento de los precios del gas en Europa cuando se aproxima el invierno. Reuters informaba esta semana de que el cierre prolongado de Ormuz había provocado una caída del 85% de las exportaciones de gas natural licuado de Oriente Próximo, mientras los precios europeos superaban los 75 euros por megavatio hora.

En ese escenario, Libia aparece como algo más que un productor africano de hidrocarburos. Su proximidad geográfica a Europa, su capacidad potencial para incrementar la producción de petróleo y gas y su conexión directa con Italia convierten la estabilidad libia en una cuestión de seguridad energética europea. Para Washington, además, la consolidación de instituciones libias capaces de garantizar la producción energética, combatir el terrorismo y limitar la penetración rusa ofrece una oportunidad estratégica en el Mediterráneo.

Pero la firma del 30 de agosto no garantiza todavía unas elecciones. El Alto Consejo de Estado no participó formalmente en la ceremonia y algunas fuerzas políticas han cuestionado el procedimiento. El Parlamento tampoco ha ratificado todavía plenamente el acuerdo. Naciones Unidas ha advertido que el éxito dependerá de que todas las instituciones acepten las disposiciones pactadas y permitan su aplicación efectiva.

Libia se encuentra, por tanto, ante una paradoja. Nunca desde 2011 había existido una combinación tan clara de intereses internos y externos favorable a una reunificación: los libios reclaman instituciones legítimas, Europa necesita seguridad energética y control migratorio, Estados Unidos busca estabilidad y limita el espacio estratégico ruso, mientras Naciones Unidas intenta recuperar la autoridad de un proceso político que lleva años bloqueado.

Sin embargo, la misma riqueza que puede financiar la reconstrucción continúa siendo el premio que alimenta la competencia por el poder. Las elecciones sólo serán verdaderamente transformadoras si consiguen trasladar la disputa libia desde las armas, las milicias y el reparto informal de los recursos hacia instituciones aceptadas por todos. El acuerdo de Trípoli ofrece por primera vez en mucho tiempo un calendario. Lo que todavía no ofrece es la certeza de que quienes han vivido de la división estén dispuestos a aceptar las consecuencias de la unidad.

Quince años después de la muerte de Gadafi, Libia no necesita únicamente votar. Necesita que el resultado de las urnas tenga detrás un Estado capaz de hacerlo respetar.