El difícil regreso del fujimorismo

 

La presidenta electa hereda un país dividido en dos mitades casi irreconciliables, una economía que conserva fortalezas estructurales pero acusa el desgaste de una década de inestabilidad política, un Congreso donde deberá construir mayorías permanentes y una sociedad que observa su regreso al poder con una mezcla de esperanza, temor y profundo escepticismo.

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Buenos Aires - Veintiséis años después de la caída del régimen encabezado por su padre, el apellido Fujimori vuelve a instalarse en el Palacio de Gobierno de Lima. La victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2026 constituye uno de los acontecimientos políticos más trascendentes de la historia reciente del Perú. No solamente representa el retorno al poder de la fuerza política más influyente de las últimas tres décadas, sino también el cierre provisional de un ciclo político marcado por la fragmentación institucional, la sucesión ininterrumpida de presidentes, la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y el agotamiento del denominado antifujimorismo como principal factor ordenador de la política peruana.

La confirmación oficial de los resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras un escrutinio excepcionalmente prolongado debido a la estrechísima diferencia entre los dos candidatos, puso fin al proceso electoral, aunque no consiguió clausurar la controversia política. Roberto Sánchez continúa denunciando irregularidades en el procesamiento de las actas provenientes del exterior y rechaza reconocer la legitimidad política de la nueva mandataria. Las autoridades electorales, sin embargo, rechazaron todas las impugnaciones presentadas y ratificaron la victoria de la candidata de Fuerza Popular.

La diferencia final apenas superó los cuarenta y nueve mil votos sobre más de dieciocho millones de sufragios válidos emitidos. Pocas veces en la historia republicana peruana un gobierno comenzó su mandato con una legitimidad jurídica tan sólida y una legitimidad política tan discutida.

Paradójicamente, la propia Keiko Fujimori es plenamente consciente de esa contradicción. Su victoria no expresa una adhesión mayoritaria al proyecto político del fujimorismo sino el resultado de una sociedad profundamente polarizada que continúa votando más contra sus adversarios que a favor de quienes finalmente resultan elegidos.

La presidenta electa llega al poder después de cuatro intentos presidenciales distribuidos a lo largo de quince años. Perdió frente a Ollanta Humala en 2011, frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y frente a Pedro Castillo en 2021. Durante todo ese período el denominado antifujimorismo consiguió articular una heterogénea coalición integrada por sectores liberales, izquierdistas, centristas e incluso conservadores que compartían una única prioridad: impedir el regreso al poder del movimiento fundado por Alberto Fujimori. Esa coalición terminó desintegrándose bajo el peso de la propia crisis política peruana.

Los sucesivos gobiernos que sucedieron al mandato de Ollanta Humala fueron incapaces de reconstruir la confianza ciudadana. Pedro Pablo Kuczynski terminó renunciando acosado por el Congreso. Martín Vizcarra fue destituido mediante la discutida figura de la incapacidad moral permanente. Manuel Merino apenas permaneció algunos días en el poder antes de verse obligado a dimitir por una intensa movilización social. Francisco Sagasti condujo una transición precaria. Pedro Castillo protagonizó un fallido intento de autogolpe antes de ser destituido y encarcelado. Dina Boluarte gobernó bajo niveles históricamente bajos de aprobación mientras enfrentaba graves protestas sociales y denuncias por el uso excesivo de la fuerza.

En apenas una década el Perú conoció nueve presidentes. Ese extraordinario deterioro institucional modificó profundamente las prioridades del electorado. El principal problema dejó de ser la memoria del régimen de Alberto Fujimori para convertirse en la incapacidad del Estado de garantizar orden, estabilidad y seguridad.

El politólogo José Incio ha sostenido que el antifujimorismo dejó de funcionar como identidad política dominante porque las nuevas generaciones comenzaron a valorar con mayor intensidad las promesas de estabilidad que las advertencias sobre el pasado autoritario del país. En una línea semejante, Ricardo Cuenca interpreta la victoria de Fujimori como el producto del agotamiento colectivo frente a años de incertidumbre permanente. Para una parte considerable del electorado, la candidata dejó de representar el mayor de los riesgos para convertirse en el mal menor.

No significa que la sociedad peruana haya reconciliado su relación con el legado político de Alberto Fujimori. Muy por el contrario. La figura del antiguo presidente continúa dividiendo profundamente a la opinión pública.

Para millones de peruanos continúa siendo el dirigente que derrotó militarmente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, estabilizó una economía devastada por la hiperinflación y sentó las bases del extraordinario crecimiento económico experimentado por el país durante las décadas siguientes.

Otros millones sigue siendo el responsable del autogolpe de 1992, de graves violaciones a los derechos humanos, del control político del Poder Judicial, del Congreso y de los medios de comunicación, así como del gigantesco entramado de corrupción organizado alrededor de Vladimiro Montesinos. Keiko Fujimori carga inevitablemente con ambas memorias.

Durante toda la campaña reivindicó los logros económicos y de seguridad alcanzados por el gobierno de su padre, pero procuró distanciarse de sus prácticas autoritarias. Prometió respetar plenamente el orden constitucional, fortalecer la institucionalidad democrática y combatir simultáneamente la corrupción y la criminalidad organizada. El desafío consiste precisamente en convencer de esa promesa a una sociedad extraordinariamente desconfiada.

Diversas encuestas realizadas durante la campaña mostraban que la imagen negativa de Fujimori continuaba superando ampliamente a su imagen favorable. Ningún presidente peruano reciente ha llegado al poder arrastrando semejantes niveles de rechazo social. La paradoja no deja de ser notable.

Nunca antes había conseguido ganar una elección presidencial, pero probablemente nunca antes había despertado tan pocas expectativas positivas entre quienes finalmente terminaron votando por ella. La explicación se encuentra menos en la fortaleza del fujimorismo que en la extraordinaria fragmentación del sistema político peruano. La primera vuelta electoral dejó un dato revelador. Keiko Fujimori apenas obtuvo alrededor del diecisiete por ciento de los votos válidos, convirtiéndose en la candidata más votada dentro de un universo de treinta y cinco postulantes presidenciales. Roberto Sánchez alcanzó apenas el doce por ciento. Entre ambos reunieron menos de un tercio del electorado.

En cualquier otro sistema político semejante resultado habría sido interpretado como una evidencia de extrema debilidad. En el Perú contemporáneo constituye, por el contrario, una demostración del grado de atomización alcanzado por la representación política.

La desaparición práctica de los grandes partidos nacionales produjo un escenario donde casi todas las organizaciones políticas poseen liderazgos personalistas, escasa implantación territorial y estructuras extremadamente frágiles. Los gobiernos llegan al poder sin bases parlamentarias suficientemente sólidas y deben negociar permanentemente con agrupaciones cuya cohesión interna suele modificarse en cuestión de meses. Ese fenómeno constituye probablemente el mayor desafío institucional que enfrentará la nueva presidenta. La victoria electoral no significa el final de la crisis política peruana. En muchos aspectos apenas inaugura una nueva etapa de la misma.

La sociedad permanece dividida casi exactamente por mitades. El mapa electoral reproduce antiguas fracturas territoriales entre Lima y las regiones andinas, entre la costa y el interior, entre los sectores urbanos relativamente integrados a la economía formal y amplias zonas rurales donde el Estado continúa siendo una presencia extremadamente limitada. La legitimidad territorial del nuevo gobierno también presenta claroscuros.

Aunque Fujimori terminó imponiéndose en el resultado nacional gracias al decisivo respaldo obtenido entre los peruanos residentes en el exterior, dentro del territorio peruano la distribución del voto volvió a mostrar una geografía profundamente fragmentada. Las regiones del sur andino continúan siendo particularmente refractarias al fujimorismo, mientras la costa central y norte volvió a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales.

Esa fractura geográfica trasciende las preferencias partidarias. Expresa modelos distintos de desarrollo económico, percepciones diferentes acerca del Estado y memorias históricas frecuentemente incompatibles. Gobernar ese país exigirá algo más complejo que administrar una mayoría parlamentaria. Exigirá reconstruir una comunidad política cuya cohesión viene deteriorándose desde hace más de una década. Y esa será probablemente la prueba más difícil del segundo fujimorismo.

Gobernar con una minoría política: el verdadero desafío de Keiko Fujimori

Si la victoria electoral de Keiko Fujimori puso fin a una larga espera personal de quince años, el ejercicio efectivo del poder comenzará inmediatamente bajo condiciones que distan mucho de ser favorables. El mayor desafío de su administración no será la oposición de la izquierda ni la persistencia del antifujimorismo. Su principal problema será construir gobernabilidad en un sistema político cuya característica dominante ha dejado de ser la confrontación ideológica para convertirse en la fragmentación institucional.

El dato que mejor resume esa realidad suele quedar eclipsado por el resultado del balotaje. Fujimori llega a la Presidencia después de haber obtenido apenas alrededor del diecisiete por ciento de los votos en la primera vuelta. Aunque ese porcentaje fue suficiente para encabezar una competencia extraordinariamente atomizada, revela que la nueva mandataria parte de una base política reducida. Su victoria definitiva en la segunda vuelta respondió mucho más a la lógica del rechazo hacia Roberto Sánchez que a una adhesión mayoritaria a su programa de gobierno. Esa circunstancia condicionará toda su administración.

En los sistemas presidenciales latinoamericanos resulta relativamente frecuente que un mandatario llegue al poder sin mayoría legislativa. Lo excepcional en el caso peruano es que el presidente tampoco dispone de un respaldo social consolidado capaz de compensar esa debilidad parlamentaria. La legitimidad electoral existe y nadie puede discutirla desde el punto de vista jurídico. La legitimidad política, en cambio, deberá construirse diariamente mediante resultados tangibles. La experiencia reciente del Perú constituye una advertencia permanente.

Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, prácticamente ningún presidente consiguió ejercer plenamente el mandato para el que había sido elegido. La figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente terminó convirtiéndose en un instrumento de presión política que alteró profundamente el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Lo que originalmente aparecía como un mecanismo excepcional de control terminó utilizándose como una herramienta ordinaria para resolver conflictos políticos. Ese precedente condicionará inevitablemente la conducta del nuevo gobierno.

No obstante, existen diferencias importantes respecto de los presidentes que la precedieron. Diversos analistas, entre ellos Ricardo Cuenca y José Incio, coinciden en que Keiko Fujimori enfrenta un riesgo institucional inferior al que afrontaron Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra o Pedro Castillo. La razón es sencilla. A diferencia de aquellos mandatarios, Fujimori no gobernará frente a un Congreso estructuralmente hostil.

Fuerza Popular no contará con una mayoría propia capaz de imponer unilateralmente su agenda legislativa. Sin embargo, dispondrá de la bancada más numerosa y, sobre todo, de una extensa experiencia negociadora acumulada durante más de una década de intensa actividad parlamentaria. Ninguna otra organización política peruana posee semejante capacidad para construir alianzas coyunturales. La propia evolución del sistema político favorece esa posibilidad.

El Congreso peruano ha experimentado una profunda transformación desde comienzos de la década. La reinstauración de la bicameralidad modifica nuevamente los incentivos de la negociación política. El nuevo Senado adquiere un peso considerable dentro del proceso legislativo y concentra facultades institucionales particularmente relevantes para la estabilidad gubernamental. En ese escenario, la capacidad de tejer acuerdos transversales adquiere un valor incluso mayor que la simple acumulación de escaños.

Keiko Fujimori conoce mejor que ningún otro dirigente peruano el funcionamiento interno del Parlamento.

Durante años fue acusada precisamente de ejercer desde el Congreso una influencia desproporcionada sobre la vida política nacional. Sus adversarios la responsabilizan de haber impulsado la estrategia de confrontación que terminó precipitando la caída de varios presidentes. Sus partidarios sostienen, por el contrario, que aquella actuación respondió a la necesidad de controlar gobiernos débiles e incapaces de combatir la corrupción.

Sea cual fuere la interpretación, existe un hecho difícilmente discutible. La futura presidenta comprende con precisión las dinámicas parlamentarias que desestabilizaron a sus predecesores. Esa experiencia puede convertirse simultáneamente en su mayor fortaleza y en su principal riesgo. Fortaleza, porque probablemente evitará reproducir errores que terminaron aislando políticamente a otros presidentes. Riesgo, porque buena parte de la sociedad teme que el fujimorismo reproduzca desde el Ejecutivo la misma concentración de poder que históricamente ejerció desde el Legislativo. La cuestión trasciende la mera aritmética parlamentaria.

Lo que verdaderamente estará en juego será la capacidad del sistema político para abandonar la lógica permanente de la confrontación institucional.

Durante los últimos años, el Perú vivió inmerso en un conflicto casi permanente entre los poderes del Estado. Presidentes y congresistas actuaron frecuentemente como adversarios irreconciliables antes que como instituciones obligadas a cooperar dentro del marco constitucional. Esa dinámica paralizó reformas fundamentales, debilitó la confianza de los inversores y alimentó una creciente frustración ciudadana hacia el conjunto de la clase política. La nueva administración tiene la oportunidad de modificar esa tendencia. Pero también enfrenta la tentación de profundizarla. La estabilidad dependerá, en buena medida, de la composición del primer gabinete ministerial.

En las democracias parlamentarias el gabinete constituye una prolongación natural del gobierno. En el Perú contemporáneo se ha convertido además en una señal política dirigida a los mercados, al Congreso y a la comunidad internacional.

Los mercados financieros observarán especialmente la continuidad de la autonomía del Banco Central de Reserva, el respeto por la disciplina fiscal y la preservación del modelo de economía social de mercado que permitió al Perú convertirse durante más de dos décadas en una de las economías más estables de América Latina. En ese aspecto, la presidenta electa parece haber comprendido el mensaje.

Durante toda la campaña evitó cualquier planteamiento que pudiera interpretarse como una ruptura con el consenso macroeconómico construido desde comienzos del siglo XXI. Por el contrario, prometió fortalecer la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica, acelerar las asociaciones público-privadas, simplificar la burocracia administrativa y preservar la independencia de las principales instituciones económicas.

La reacción inicial del sector empresarial ha sido moderadamente favorable. No responde únicamente a afinidades ideológicas. También refleja el convencimiento de que un gobierno encabezado por Fujimori ofrecerá mayor previsibilidad regulatoria que las alternativas representadas por la izquierda radical. Esa percepción constituye uno de los principales activos políticos con los que inicia su mandato.

 

Zelenski: el crepúsculo de un liderazgo forjado en la adversidad

 

Cuatro años de guerra han erosionado el liderazgo de Volodimir Zelenski y hoy mantiene fuertes disputas con Polonia y Bielorrusia además del conflicto inconcluso con Rusia, mientras la legitimidad de su gobierno es puesta en duda.

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Buenos Aires - En el umbral de un conflicto que ya supera los cuatro años, la trayectoria de Volodímir Zelenski ilustra con crudeza las paradojas inherentes a toda guerra prolongada: cómo el símbolo unificador de la resistencia nacional puede verse erosionado por el peso inexorable del desgaste, las fracturas internas y las complejidades de una geopolítica implacable. El antiguo comediante que en 2019 encarnó la esperanza de renovación anticorrupción y paz en el Donbás se ha convertido, para muchos, en el emblema de una Ucrania asediada; sin embargo, en 2026, su liderazgo enfrenta cuestionamientos que trascienden el campo de batalla y ponen a prueba la resiliencia misma del Estado ucraniano.

La unidad nacional que caracterizó los primeros compases de la invasión rusa de febrero de 2022 fue, sin duda, el principal baluarte de Zelenski. Aquella cohesión inédita permitió que un país históricamente fragmentado se presentara ante el mundo como un bloque monolítico en defensa de su soberanía. No obstante, como advierten los analistas de conflictos prolongados, las guerras de atrición tienden a desvelar fisuras que la urgencia inicial mantenía latentes. La movilización continua de recursos humanos, el estancamiento económico, las pérdidas humanas y la fatiga derivada de una incertidumbre estratégica han comenzado a socavar esa unidad primigenia.

En este contexto adquiere particular relevancia el debate en torno a la legitimidad constitucional del mandato presidencial. Los críticos, entre ellos voces afines a Moscú y ciertos sectores opositores internos, sostienen que el término formal de Zelenski expiró en mayo de 2024, configurando una anomalía democrática. La posición oficial de Kiev, avalada por la mayoría de los gobiernos occidentales y por eminentes constitucionalistas, invoca la Constitución ucraniana y la legislación sobre ley marcial, que prohíben expresamente la celebración de comicios nacionales en tiempo de guerra. Como ha reiterado el propio Zelenski, “permitan un alto el fuego de al menos 60 días y celebraremos elecciones”; una condición que subraya la imposibilidad práctica de un proceso electoral bajo bombardeos constantes y con millones de desplazados y soldados en el frente.

Expertos como Anton Hrushetskyi, director del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), han destacado que, si bien Zelenski mantiene niveles de confianza significativos —alrededor del 60% en encuestas recientes—, este respaldo es más bien funcional, ligado a su rol de líder bélico, que personal o incondicional. Solo una minoría de quienes lo apoyan desearía verlo continuar en el cargo tras la guerra, lo que refleja un anhelo generalizado de renovación política una vez restablecida la paz.

La situación militar refuerza esta dinámica de desgaste. Aunque Ucrania ha exhibido una notable capacidad innovadora —con ataques de drones de largo alcance contra infraestructuras rusas y el desarrollo de una industria de defensa propia—, la realidad estratégica dista de los optimismos iniciales. Rusia mantiene ventajas demográficas, industriales y territoriales sustanciales en una guerra de desgaste donde la reposición de efectivos y la producción militar resultan decisivas. Las discusiones sobre la ampliación de la movilización y la rebaja de la edad de reclutamiento evidencian las tensiones estructurales que enfrenta Kiev.

La dependencia de la ayuda occidental constituye otro pilar vulnerable. Si en Europa la solidaridad oficial permanece intacta —con el Consejo Europeo reafirmando su apoyo político, económico y el compromiso con la adhesión ucraniana a la UE—, fisuras cada vez más notorias emergen en la práctica. Ninguna tan emblemática como la crisis con Polonia, aliado estratégico de primer orden.

Las relaciones polaco-ucranianas han estado históricamente marcadas por memorias contrapuestas, particularmente los trágicos acontecimientos de Volinia y Galicia Oriental entre 1943 y 1944, donde unidades del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) perpetraron matanzas contra población civil polaca —calificadas por Varsovia como genocidio— mientras que, para sectores del nacionalismo ucraniano, representan una lucha por la independencia frente al yugo soviético. Durante los primeros años de la invasión, ambas partes optaron por relegar estas diferencias en aras de la supervivencia común. Polonia se erigió en centro logístico fundamental, acogió a millones de refugiados y proveyó armamento crucial.

La ruptura se produjo en mayo de 2026, cuando Zelenski otorgó un título honorífico a una unidad militar asociada simbólicamente con la tradición del UPA. La reacción polaca fue fulminante: el presidente Karol Nawrocki revocó la Orden del Águila Blanca concedida a Zelenski, la más alta distinción estatal, generando la crisis diplomática más grave desde el inicio del conflicto. Zelenski devolvió la condecoración, y altos funcionarios ucranianos, incluyendo ex presidentes, siguieron su ejemplo. El primer ministro Donald Tusk advirtió que esta disputa solo beneficia a Rusia y llamó a la contención, mientras encuestas revelan un deterioro notable de la imagen de Ucrania entre la opinión pública polaca, influida también por el cansancio con los refugiados y disputas agrícolas.

Como señaló el presidente polaco, “glorificar al UPA proporciona oxígeno a la propaganda rusa”. Analistas coinciden en que, si bien no implica el cese del apoyo militar, esta controversia expone los límites de la solidaridad cuando colisiona con identidades históricas profundamente arraigadas.

En el flanco norte, las tensiones con Bielorrusia alcanzan cotas preocupantes. Zelenski ha acusado públicamente al régimen de Aleksandr Lukashenko de facilitar operaciones rusas mediante estaciones de retransmisión y apoyo logístico para drones. Kiev ha exigido el desmantelamiento de estas instalaciones, amenazando con acciones directas si no se cumplen. Minsk, principal aliado de Moscú, ha evitado hasta ahora una implicación masiva, pero presiones rusas para una mayor integración militar aumentan el riesgo de escalada y de un nuevo frente, lo que supondría una carga intolerable para las fuerzas ucranianas.

En el plano transatlántico, la relación con Estados Unidos ha adquirido un cariz más transaccional bajo la administración Trump. Aunque Washington mantiene cierto respaldo, las negociaciones son constantes y condicionadas, con pausas en entregas y un enfoque prioritario en un acuerdo negociado. Trump ha presionado por un cese rápido de hostilidades, a veces cuestionando la legitimidad de Zelenski por la ausencia de elecciones, lo que añade incertidumbre al flujo de asistencia.

Con la Unión Europea, el panorama es más constructivo, aunque no exento de desafíos: persisten interrogantes sobre los costes de la adhesión, la corrupción endémica y la reconstrucción de un país devastado. Expertos advierten que la fatiga de guerra en Occidente y los escándalos de corrupción en el entorno de Zelenski —aunque él mismo no esté directamente implicado— erosionan la percepción de Kiev como socio confiable.

Zelenski conserva un reconocimiento internacional indudable como rostro de la resistencia. Pero gobierna un Estado sometido a presiones extraordinarias: debe sostener la cohesión interna frente a cuestionamientos sobre su mandato, una guerra de desgaste contra una potencia superior, la unidad de aliados cada vez más exigentes, tensiones históricas con Polonia que amenazan la narrativa identitaria ucraniana y el riesgo de escalada con Bielorrusia. Como observa el analista Mick Ryan, Ucrania ha evolucionado hacia un actor más autónomo, pero la sostenibilidad de su esfuerzo depende de equilibrar estos frentes simultáneos.

La gobernabilidad ucraniana se decidirá en la interacción de estos vectores. Si el conflicto se prolonga sin avances decisivos, las tensiones internas y externas se agudizarán. Si, en cambio, se abre una vía negociada que estabilice el frente y ofrezca horizontes de reconstrucción, Zelenski podría recuperar iniciativa. En esta encrucijada histórica, su desafío no se limita a resistir a Rusia: consiste en preservar la unidad de una nación exhausta, la confianza de socios fatigados y la legitimidad democrática en medio de corrientes históricas, geopolíticas y constitucionales turbulentas. De su capacidad para navegarlas dependerá no solo su legado personal, sino el destino de la Ucrania que emerja de la guerra.

 

La fractura latinoamericana

En buena parte de América Latina se consolida una tendencia política que está redefiniendo los sistemas de partidos construidos durante las últimas décadas. Sociedades profundamente polarizadas entre proyectos de izquierda y opciones de centroderecha observan la irrupción de dirigentes ajenos a las estructuras tradicionales que llegan al poder prometiendo mano dura contra la delincuencia, liberalización económica, conservadurismo cultural y una ruptura radical con las élites políticas establecidas. Sin embargo, la victoria electoral suele ser apenas el comienzo de una etapa marcada por la conflictividad social, la falta de consensos institucionales y la creciente erosión de la confianza democrática.

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Buenos Aires - Durante gran parte del siglo XXI, América Latina fue presentada como un laboratorio político donde coexistían experiencias ideológicas diversas, desde los gobiernos progresistas agrupados en torno a la llamada “marea rosa” hasta administraciones liberales y conservadoras que buscaban fortalecer las economías de mercado. Sin embargo, detrás de las diferencias programáticas existía un elemento común: la persistente incapacidad de los sistemas políticos para responder de manera eficaz a las demandas ciudadanas en materia de seguridad, crecimiento económico, empleo y calidad institucional.

Esa frustración acumulada ha terminado por abrir una brecha profunda entre los ciudadanos y las organizaciones políticas tradicionales. La consecuencia más visible ha sido la aparición de dirigentes que construyen su legitimidad precisamente sobre el rechazo a la política profesional. Son candidatos que se presentan como outsiders, ajenos a los partidos históricos, que denuncian a las élites gobernantes como una casta corrupta e incompetente y que prometen refundar el Estado desde sus cimientos.

La emergencia de estas figuras no constituye un fenómeno aislado ni exclusivamente nacional. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia se observa un patrón recurrente. El deterioro económico, la expansión de la criminalidad organizada, la percepción de corrupción generalizada y el desencanto con las instituciones democráticas han generado las condiciones para que candidatos con discursos disruptivos logren captar el apoyo de amplios sectores sociales.

El politólogo estadounidense Samuel Huntington sostenía que la estabilidad política depende de la capacidad de las instituciones para absorber y canalizar las demandas sociales. Cuando esa capacidad desaparece, surgen liderazgos personalistas que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. América Latina parece encontrarse precisamente en esa fase.

Las nuevas figuras políticas comparten rasgos ideológicos similares. En el terreno económico defienden la reducción del tamaño del Estado, la apertura a las inversiones privadas, la simplificación regulatoria y el fortalecimiento de los mecanismos de mercado. En cuestiones sociales suelen adoptar posiciones conservadoras vinculadas a la defensa de la familia tradicional, la crítica a determinadas expresiones del progresismo cultural y la reivindicación de valores asociados al orden y la autoridad.

Pero es en el ámbito de la seguridad donde encuentran su principal fuente de apoyo popular. La expansión del narcotráfico, el crecimiento de las pandillas, el aumento de los homicidios y la sensación de indefensión ciudadana han convertido la seguridad pública en la principal preocupación de millones de latinoamericanos. Frente a ello, estos líderes ofrecen respuestas contundentes: fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, endurecimiento de las penas, construcción de nuevas cárceles y una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales.

El éxito electoral de estas propuestas resulta comprensible en una región donde numerosos Estados han demostrado ser incapaces de garantizar el monopolio legítimo de la fuerza. Según distintos organismos internacionales, América Latina continúa siendo una de las regiones más violentas del planeta pese a no encontrarse inmersa en conflictos bélicos interestatales.

La paradoja es que muchos de estos dirigentes llegan al poder sin contar con estructuras partidarias sólidas ni experiencia significativa en la administración pública. Su legitimidad deriva fundamentalmente de la identificación emocional que logran establecer con sectores del electorado desencantados con el sistema.

La fragmentación política facilita además su ascenso. En numerosos países latinoamericanos la primera vuelta electoral suele producir una dispersión extrema del voto. Los partidos tradicionales pierden capacidad de movilización mientras proliferan candidaturas personalistas. Como consecuencia, algunos outsiders consiguen acceder a la segunda vuelta con porcentajes relativamente modestos.

Lo ocurrido en distintas elecciones recientes ilustra este fenómeno. Candidatos que inicialmente parecían marginales logran convertirse en receptores del llamado voto negativo, es decir, el sufragio emitido no tanto por adhesión a un proyecto político como por rechazo al adversario. La segunda vuelta termina transformándose así en un plebiscito emocional donde predominan los temores y las identidades antagónicas antes que los debates programáticos.

La politóloga argentina María Esperanza Casullo ha señalado que el auge de estos liderazgos responde a una crisis de representación que atraviesa a toda la región. Los ciudadanos ya no buscan necesariamente gobernantes con experiencia administrativa, sino figuras capaces de encarnar el descontento colectivo y expresar la indignación acumulada contra las élites.

Sin embargo, la victoria electoral suele revelar rápidamente las limitaciones estructurales de estos proyectos. Gobernar resulta mucho más complejo que hacer campaña.

La mayoría de estos presidentes llega al poder sin mayorías legislativas estables. Los sistemas políticos latinoamericanos, caracterizados por una fuerte fragmentación partidaria, obligan a construir alianzas permanentes para aprobar leyes, presupuestos y reformas institucionales. El discurso antipolítico que resultó eficaz durante la campaña se convierte entonces en un obstáculo para la negociación posterior.

Como advertía el sociólogo alemán Max Weber, la política democrática exige la capacidad de pactar con adversarios y construir compromisos. Pero los outsiders suelen haber construido su legitimidad precisamente sobre la descalificación de esos mismos actores con los que luego deben negociar.

La consecuencia es una creciente tensión entre las expectativas generadas durante la campaña y las posibilidades reales de implementación. Los ciudadanos esperan transformaciones rápidas mientras las instituciones imponen ritmos mucho más lentos. En ese contexto, la frustración puede reaparecer con notable rapidez.

La polarización contribuye a agravar el problema. En diversos países latinoamericanos las elecciones han dejado de ser simples mecanismos de alternancia para convertirse en auténticas batallas identitarias. Los sectores enfrentados ya no perciben al adversario como un competidor legítimo sino como una amenaza existencial para el futuro de la nación.

El filósofo político español Daniel Innerarity ha advertido que las democracias contemporáneas atraviesan una crisis derivada de la incapacidad para reconocer la legitimidad del disenso. Cuando cada elección se interpreta como una lucha entre el bien y el mal, la derrota se vuelve psicológicamente insoportable para amplios sectores políticos.

Ese fenómeno aparece reflejado en numerosos episodios poselectorales recientes. En algunos casos, sectores derrotados han cuestionado los resultados electorales, denunciado supuestos fraudes sin pruebas concluyentes o promovido recursos judiciales destinados a retrasar la proclamación de los vencedores. El material aportado para este análisis muestra precisamente ejemplos de controversias poselectorales donde candidatos derrotados cuestionan la legitimidad de los resultados y anuncian movilizaciones sociales para sostener sus reclamos.

Posteriormente, cuando los resultados terminan consolidándose, la confrontación suele trasladarse desde las instituciones hacia las calles. Las protestas sociales pasan a desempeñar un papel central en la estrategia de oposición.

No toda movilización constituye una amenaza para la democracia. La protesta forma parte esencial de cualquier sistema democrático saludable. Sin embargo, cuando las manifestaciones buscan explícitamente impedir el ejercicio legítimo del poder por parte de autoridades electas, la situación adquiere una dimensión distinta.

El riesgo es particularmente elevado en sociedades caracterizadas por elevados niveles de desigualdad, fragmentación territorial y debilidad institucional. América Latina reúne con frecuencia esos tres elementos.

El historiador británico Niall Ferguson ha señalado que las sociedades polarizadas suelen entrar en ciclos de radicalización mutua donde cada bando interpreta las acciones del adversario como una justificación para intensificar su propia respuesta. El resultado puede ser una espiral de conflictividad que erosiona progresivamente la gobernabilidad.

En este contexto, los nuevos gobiernos enfrentan un desafío doble. Por un lado, deben cumplir las promesas que les permitieron conquistar el poder. Por otro, necesitan demostrar que son capaces de gobernar para la totalidad de la sociedad y no únicamente para sus bases electorales.

La experiencia histórica demuestra que ninguna administración puede sostenerse exclusivamente sobre la confrontación permanente. Incluso los liderazgos más carismáticos requieren instituciones eficaces, acuerdos legislativos y niveles mínimos de consenso social.

La gran incógnita que atraviesa actualmente a América Latina es si estos nuevos dirigentes lograrán transformar el descontento ciudadano en reformas duraderas o si terminarán reproduciendo las mismas dinámicas de frustración que facilitaron su llegada al poder.

Lo que parece indiscutible es que la región atraviesa una profunda transición política. Los sistemas partidarios construidos durante las últimas décadas muestran signos evidentes de agotamiento. La ciudadanía exige respuestas inmediatas frente a problemas que los gobiernos tradicionales no han logrado resolver. La inseguridad, la corrupción y el estancamiento económico continúan alimentando la demanda de liderazgos disruptivos.

Sin embargo, la historia latinoamericana ofrece una advertencia permanente. La renovación política puede abrir oportunidades para fortalecer las democracias, pero también puede desembocar en nuevas formas de polarización si no viene acompañada de instituciones sólidas, cultura de diálogo y respeto por las reglas del juego democrático.

Entre la promesa de un nuevo comienzo y el riesgo de una confrontación permanente, América Latina parece encontrarse en una encrucijada histórica. El futuro de la región dependerá menos de la capacidad de los outsiders para ganar elecciones que de su habilidad para construir consensos en sociedades cada vez más fragmentadas. Porque conquistar el poder es apenas el primer acto; gobernar en medio de la división es, como siempre, la verdadera prueba de fuego de la democracia.

 

 

Abelardo de la Espriella llega a la presidencia: el desafío de gobernar una Colombia dividida entre el orden y el cambio

 

El abogado y empresario cordobés, convertido en fenómeno político en apenas un año, conquista la presidencia prometiendo seguridad, crecimiento económico y una drástica reducción del Estado. Su victoria abre una nueva etapa en Colombia, marcada por profundas divisiones sociales, interrogantes sobre la gobernabilidad y el debate sobre el rumbo ideológico del país.

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Buenos Aires.– La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia constituye uno de los acontecimientos políticos más significativos de la historia reciente del país. Su llegada a la Casa de Nariño representa mucho más que la alternancia entre gobiernos de izquierda y de centroderecha. Simboliza el agotamiento de una parte importante del electorado con la experiencia política inaugurada por Gustavo Petro en 2022 y la búsqueda de respuestas distintas frente a problemas que continúan condicionando la vida nacional: la inseguridad, el estancamiento económico, la expansión de los grupos armados ilegales y la creciente desconfianza hacia las instituciones.

La trayectoria del nuevo mandatario resulta tan singular como controvertida. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque desarrolló gran parte de su vida en Montería, en el departamento de Córdoba. Hijo del jurista Abelardo de la Espriella Juris y de María Eugenia Otero Aldana, creció en un entorno vinculado al derecho y a la vida pública. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y posteriormente realizó especializaciones en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario.

Antes de irrumpir en la política, De la Espriella ya era una figura ampliamente conocida en Colombia. Su despacho jurídico, fundado a comienzos de la década de 2000, lo convirtió en uno de los abogados penalistas más mediáticos del país. Durante años participó en algunos de los procesos judiciales de mayor repercusión nacional y construyó una imagen pública asociada tanto al éxito profesional como a una marcada exposición mediática. A diferencia de muchos dirigentes colombianos, su prestigio no surgió de la militancia partidaria ni de la gestión pública, sino de los tribunales, los negocios y los medios de comunicación.

Esa notoriedad, sin embargo, siempre estuvo acompañada de polémicas. Entre sus clientes figuraron personajes que ocuparon titulares durante años, entre ellos el empresario venezolano Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense por presuntas operaciones de corrupción vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. También representó a personas relacionadas con procesos derivados del fenómeno de la parapolítica y a individuos vinculados a estructuras paramilitares. Sus críticos sostienen que esas relaciones profesionales reflejan proximidades incómodas con sectores oscuros del poder colombiano. Sus defensores responden que el ejercicio de la abogacía implica precisamente garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano y recuerdan que jamás fue condenado por actividades ilícitas relacionadas con dichos clientes.

Las controversias se extendieron además a los cuestionamientos surgidos alrededor de la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), creada por él en 2005. Diversas investigaciones periodísticas examinaron los contactos que esa organización mantuvo con integrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Aunque las actuaciones judiciales terminaron archivadas y nunca se establecieron responsabilidades penales contra De la Espriella, el episodio continúa formando parte del debate público y reaparece periódicamente en la discusión política nacional.

A ello se suman las críticas provenientes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han cuestionado su frecuente utilización de acciones judiciales contra periodistas y comunicadores. Para sus detractores, esa práctica refleja una tendencia a confrontar agresivamente a la prensa crítica. Para sus seguidores, constituye simplemente una defensa legítima del derecho al honor frente a informaciones consideradas falsas o difamatorias.

Pese a esos antecedentes, o quizá precisamente gracias a la notoriedad acumulada durante años, De la Espriella logró construir una candidatura extraordinariamente eficaz. En pocos meses transformó su imagen de abogado mediático en la de líder político dispuesto a combatir lo que definía como el fracaso del modelo impulsado por Gustavo Petro. Su movimiento, Defensores de la Patria, se convirtió rápidamente en el vehículo electoral de un amplio sector de ciudadanos desencantados tanto con la izquierda como con los partidos tradicionales de centroderecha.

Buena parte de la prensa internacional ha intentado encuadrarlo dentro de la categoría de ultraderecha. Sin embargo, esa caracterización resulta discutible desde una perspectiva politológica rigurosa. Aunque De la Espriella mantiene posiciones conservadoras en cuestiones culturales y propone una fuerte agenda de seguridad pública, su programa económico se inscribe principalmente dentro de la tradición liberal clásica. Asimismo, defiende el pluralismo electoral, la economía de mercado y las instituciones republicanas. La utilización indiscriminada del término ultraderecha para describir cualquier propuesta conservadora corre el riesgo de vaciar de contenido una categoría que históricamente ha estado asociada a movimientos autoritarios, fascistas o antidemocráticos. En términos comparativos, la ubicación ideológica de De la Espriella parece corresponder con mayor precisión al espacio del liberalismo conservador y la centroderecha liberal.

Su programa de gobierno se articula sobre dos pilares fundamentales: la seguridad y la economía. En materia de orden público propone abandonar la estrategia de negociación simultánea con múltiples organizaciones armadas impulsada por Petro y sustituirla por una política de confrontación directa contra grupos guerrilleros, bandas narcotraficantes y estructuras criminales. Inspirado parcialmente por la experiencia salvadoreña de Nayib Bukele, ha defendido la construcción de nuevos complejos penitenciarios de alta seguridad, el endurecimiento de las penas y una mayor presencia de las fuerzas estatales en territorios donde el Estado perdió control efectivo durante los últimos años.

La dimensión económica constituye el segundo gran eje de su proyecto. De la Espriella sostiene que Colombia necesita recuperar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales mediante una reducción sustancial del tamaño del Estado, una simplificación regulatoria y una disminución de la presión fiscal sobre el sector productivo. Entre sus objetivos figura la reducción del gasto público, la reorganización administrativa, la eliminación de estructuras burocráticas consideradas redundantes y la promoción de la inversión privada como motor principal del crecimiento.

Su equipo económico plantea una estrategia basada en el fortalecimiento de la agroindustria, el turismo, los servicios tecnológicos y el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. El nuevo presidente considera que la intervención estatal excesiva ha limitado durante años la competitividad colombiana y sostiene que una economía más abierta y menos regulada permitirá acelerar la creación de empleo y aumentar la productividad.

Pero el verdadero desafío comenzará ahora. De la Espriella hereda una Colombia profundamente compleja. El gobierno de Gustavo Petro deja avances sociales valorados por amplios sectores de la población, pero también importantes problemas estructurales sin resolver. La expansión territorial de organizaciones armadas ilegales, la persistencia del narcotráfico, el deterioro fiscal, las dificultades del sistema sanitario y los numerosos enfrentamientos políticos acumulados durante los últimos años configuran un escenario particularmente exigente para cualquier administración.

A ello se añade un problema político fundamental: la legitimidad de origen obtenida mediante una victoria extremadamente ajustada. Aunque ganó las elecciones, lo hizo en un país prácticamente dividido por mitades. Millones de colombianos votaron por una opción distinta y una parte considerable de la ciudadanía observa con preocupación algunas de sus propuestas más ambiciosas. Esa realidad limitará inevitablemente el margen de maniobra del nuevo gobierno.

La gobernabilidad tampoco aparece garantizada. Su movimiento político carece de una estructura territorial comparable a la de los partidos tradicionales y deberá construir mayorías parlamentarias mediante acuerdos con sectores diversos del espectro político. La izquierda, fortalecida por el elevado caudal electoral obtenido por el oficialismo, se perfila como una oposición activa y combativa. Sindicatos, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y colectivos vinculados al petrismo ya han anticipado resistencia frente a eventuales reformas que consideren regresivas en materia de derechos sociales o laborales.

La experiencia latinoamericana demuestra además que los gobiernos que llegan al poder con discursos de transformación profunda suelen enfrentarse rápidamente a las restricciones impuestas por la realidad institucional. Las promesas de cambios rápidos chocan con frecuencia contra la complejidad burocrática, las limitaciones presupuestarias, la fragmentación política y las exigencias de una sociedad plural. De la Espriella deberá demostrar que posee capacidades de gestión equivalentes a la eficacia comunicacional que exhibió durante la campaña.

La magnitud de la expectativa creada constituye al mismo tiempo una fortaleza y un riesgo. Para millones de votantes representa la posibilidad de recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y restaurar la confianza en las instituciones. Para sus adversarios encarna el peligro de una excesiva concentración de poder y de una agenda conservadora que podría tensionar algunos consensos alcanzados durante las últimas décadas.

En cualquier caso, su victoria marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia. El país que hace apenas cuatro años eligió al primer presidente de izquierda de su historia moderna opta ahora por un dirigente que promete recorrer el camino inverso. El éxito o el fracaso de esa apuesta no dependerá únicamente de la voluntad del nuevo mandatario, sino también de su capacidad para gobernar una nación diversa, polarizada y atravesada por desafíos históricos que ningún gobierno ha conseguido resolver plenamente.

La presidencia de Abelardo de la Espriella comienza bajo el signo de una paradoja. Llega al poder como símbolo de ruptura, pero deberá gobernar mediante acuerdos. Promete autoridad, aunque necesitará consensos. Ofrece transformaciones profundas, pero enfrentará instituciones diseñadas precisamente para moderar los cambios abruptos. De cómo gestione esas tensiones dependerá no sólo el futuro de su administración, sino también el rumbo político de Colombia durante la próxima década.

Ginebra, la otra cumbre: la protesta global que desafía al G-7 y el lugar que busca ocupar el Frente Polisario en la nueva galaxia antisistema

Miles de manifestantes convierten la frontera franco-suiza en el principal escenario de contestación a las potencias occidentales mientras organizaciones ecologistas, feministas, sindicales y anticapitalistas denuncian el orden económico internacional. Entre ellas, una delegación del Frente Polisario intenta mantener visibilidad en los espacios progresistas internacionales en un contexto marcado por la transformación del conflicto del Sahara y el creciente respaldo internacional a la propuesta marroquí de autonomía.

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La imagen de la cumbre del G-7 celebrada en la localidad francesa de Évian pretendía transmitir estabilidad en un mundo sacudido por guerras, crisis energéticas, tensiones comerciales y rivalidades geopolíticas. Sin embargo, a pocos kilómetros de los hoteles y centros de conferencias donde se reunieron los líderes de las principales democracias industrializadas, otra escena captó la atención de observadores, activistas y analistas políticos: decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de Ginebra para denunciar el modelo económico internacional representado por el grupo de las siete potencias occidentales. El dispositivo de seguridad desplegado por Francia y Suiza, con miles de policías y militares movilizados y numerosos pasos fronterizos cerrados, terminó convirtiéndose en una demostración involuntaria de la profundidad de las tensiones que atraviesan a las sociedades occidentales.

Las protestas reunieron a una heterogénea constelación de organizaciones feministas, ecologistas, sindicales, antirracistas, propalestinas y movimientos de izquierda radical procedentes de numerosos países europeos. La denominada Coalición Internacional No-G7, integrada por decenas de colectivos, presentó la reunión de Évian como la expresión contemporánea de un sistema económico global que consideran responsable del aumento de las desigualdades, del deterioro ambiental y de la proliferación de conflictos internacionales. Los manifiestos distribuidos durante las jornadas denunciaban el poder de las grandes corporaciones, el peso de las instituciones financieras internacionales y la influencia de los complejos industriales militares sobre la toma de decisiones globales.

La decisión francesa de impedir manifestaciones en las inmediaciones de la cumbre trasladó el epicentro de la movilización al lado suizo de la frontera. Ginebra, ciudad históricamente vinculada a la diplomacia multilateral y sede de numerosas organizaciones internacionales, se convirtió así en el escenario simbólico de la contestación. Durante varios días se organizaron conferencias, talleres, debates y asambleas destinados a articular una respuesta común frente a lo que los participantes describieron como una gobernanza mundial dominada por los intereses económicos de las grandes potencias.

La protesta alcanzó su máxima expresión durante la gran manifestación del 14 de junio. Aunque comenzó de manera pacífica, terminó derivando en violentos enfrentamientos entre grupos radicales y las fuerzas de seguridad. La policía suiza empleó gases lacrimógenos y vehículos antidisturbios después de que algunos manifestantes lanzaran piedras, botellas y material pirotécnico. Varias entidades financieras, oficinas corporativas y edificios institucionales sufrieron daños materiales. Los incidentes recordaron a muchos observadores las protestas que acompañaron la anterior cumbre celebrada en Évian en 2003, cuando el movimiento antiglobalización se encontraba en uno de sus momentos de mayor influencia internacional.

Pero las movilizaciones de 2026 mostraron también una diferencia significativa respecto de aquellas protestas de comienzos de siglo. Si entonces el protagonismo correspondía principalmente a organizaciones antiglobalización occidentales, hoy la contestación reúne causas muy diversas, desde el cambio climático hasta Palestina, desde los derechos de las mujeres hasta las críticas al capitalismo financiero. Esa diversidad ha permitido la incorporación de movimientos políticos que buscan nuevos espacios de legitimidad internacional.

Entre ellos figuró una delegación del Frente Polisario, organización que durante décadas centró su actividad política y diplomática en la reivindicación de la independencia del Sahara. Su presencia en los actos paralelos al G-7 llamó la atención de varios observadores debido a la progresiva transformación que viene experimentando el movimiento separatista en los últimos años.

Durante gran parte de la Guerra Fría y de las décadas posteriores, el Polisario construyó su identidad internacional sobre la base de la autodeterminación saharaui y de su reconocimiento por diversos países y organizaciones como interlocutor del conflicto. Sin embargo, el contexto geopolítico en torno al Sahara ha cambiado de forma significativa durante los últimos años.

La creciente aceptación internacional de la Propuesta de Autonomía impulsada por Marruecos como la única solución justa, posible y aceptable ha modificado profundamente los equilibrios diplomáticos. Numerosos gobiernos occidentales y árabes consideran actualmente que dicha iniciativa constituye la base más realista para alcanzar una solución política negociada y estable al conflicto. Ese respaldo ha reducido progresivamente los márgenes diplomáticos del Polisario y ha obligado a la organización separatista a replantear parte de su estrategia internacional.

En paralelo, diversas organizaciones de derechos humanos, antiguos militantes y sectores críticos han cuestionado durante años la estructura política y organizativa existente en los campamentos de Tinduf, denunciando déficits democráticos, limitaciones al pluralismo político y una fuerte concentración del poder en la dirección histórica del movimiento. Los dirigentes del Polisario rechazan esas acusaciones y sostienen que las condiciones excepcionales derivadas del conflicto explican muchas de las características de su funcionamiento institucional. No obstante, dichas críticas han contribuido a erosionar parte de la imagen internacional que la organización había procurado cultivar durante décadas.

Ante ese escenario, varios especialistas en política magrebí observan una evolución estratégica del Polisario hacia espacios vinculados a movimientos de izquierda radical, organizaciones anticapitalistas y plataformas antisistema internacionales. La presencia de delegaciones saharauis en foros alterglobalizadores, encuentros feministas, manifestaciones propalestinas y movilizaciones contra instituciones occidentales se ha vuelto cada vez más frecuente.

Para algunos analistas, esta orientación responde a la necesidad de conservar visibilidad internacional en un contexto de pérdida de influencia diplomática tradicional. Para otros, refleja una afinidad ideológica real entre sectores del Polisario y las corrientes que cuestionan el orden económico y político internacional liderado por Occidente. Sea cual sea la interpretación, resulta evidente que la organización busca hoy nuevos espacios de interlocución en ámbitos donde sus reivindicaciones continúan encontrando alguna receptividad.

Las protestas contra el G-7 ofrecieron precisamente uno de esos escenarios. En las calles de Ginebra, las banderas polisarias compartieron espacio con símbolos ecologistas, pancartas feministas, consignas propalestinas y mensajes contra el capitalismo global. La imagen ilustra la creciente integración del Polisario en una red transnacional de movimientos que articulan demandas diversas bajo una crítica común al sistema internacional vigente.

Mientras tanto, dentro de la propia cumbre, los líderes occidentales debatían cuestiones que reflejan las prioridades estratégicas del momento: la guerra en Ucrania, la crisis de Oriente Próximo, la seguridad energética, las cadenas globales de suministro y el impacto económico de los conflictos armados. La distancia entre esas preocupaciones y las consignas escuchadas en las calles de Ginebra revela la persistencia de una brecha política que atraviesa no solo a las sociedades occidentales sino también a buena parte del sistema internacional.

La reunión de Évian confirmó que el G-7 continúa siendo una plataforma central de coordinación entre las grandes democracias industrializadas. Sin embargo, también puso de manifiesto que las contestaciones al orden internacional adoptan formas cada vez más complejas y heterogéneas. El movimiento antiglobalización clásico ha dado paso a una constelación de causas y actores minoritarios que encuentran puntos de convergencia en la crítica a las élites políticas y económicas.

En ese mosaico de organizaciones, el Frente Polisario intenta redefinir su papel en un escenario muy distinto al que existía cuando surgió hace medio siglo. La evolución del conflicto del Sahara, los cambios en las posiciones internacionales y las transformaciones internas del propio movimiento han reducido los espacios tradicionales de actuación diplomática. La búsqueda de nuevas alianzas en los foros progresistas y antisistema aparece así como una de las respuestas a un entorno cada vez más adverso.

Las calles de Ginebra, convertidas durante unos días en la capital mundial de la protesta contra el G-7, ofrecieron una instantánea reveladora de esa transformación. Mientras las grandes potencias debatían el futuro del orden internacional a orillas del lago Lemán, miles de manifestantes intentaban demostrar que existe otra narrativa sobre la globalización, el poder y la legitimidad política. Entre ellos, el Polisario buscaba también reafirmar su presencia en una conversación global de la que teme quedar progresivamente excluido.

 

Xi en Pyongyang: la reconstrucción del eje asiático que desafía el orden internacional

 

La visita del presidente chino a Corea del Norte tras siete años de ausencia marca mucho más que un gesto protocolario. En un contexto de rivalidad creciente con Estados Unidos, del fortalecimiento de la alianza entre Moscú y Pyongyang y de la transformación del equilibrio estratégico en Asia-Pacífico, el encuentro entre Xi Jinping y Kim Jong-un revela el intento de Pekín por consolidar un bloque de poder capaz de alterar la arquitectura geopolítica construida tras el final de la Guerra Fría.

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La llegada de Xi Jinping a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un constituye uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes de 2026. Aunque oficialmente el viaje estuvo revestido de referencias a la amistad histórica entre ambos países, las implicaciones reales de la visita trascienden ampliamente el ámbito bilateral. Detrás de los discursos sobre cooperación económica, camaradería socialista y estabilidad regional se encuentra una compleja disputa por la configuración del poder en Asia y, en última instancia, por la naturaleza misma del orden internacional emergente.

Durante dos jornadas cuidadosamente coreografiadas en Pyongyang, Xi y Kim acordaron profundizar la cooperación política, económica y estratégica, reafirmando una relación que ambos regímenes describen como una amistad "forjada con sangre". El simbolismo fue evidente en cada detalle: la visita a la Torre de la Amistad dedicada a los soldados chinos caídos durante la Guerra de Corea, el recorrido por centros de formación ideológica del Partido de los Trabajadores y los gestos destinados a mostrar una sintonía que durante los últimos años había sido puesta en duda por el acercamiento creciente de Corea del Norte a Rusia.

La importancia histórica de las relaciones sino-norcoreanas resulta difícil de exagerar. Desde la intervención china en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, la supervivencia del régimen norcoreano ha estado estrechamente vinculada al apoyo de Pekín. La entrada de centenares de miles de soldados chinos en la península evitó el colapso de las fuerzas comunistas y selló una alianza estratégica que ha perdurado durante más de siete décadas. Aquella guerra convirtió a Corea del Norte en una pieza fundamental del sistema de seguridad chino, una especie de Estado tapón entre el territorio continental de China y las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur.

Sin embargo, esa relación nunca estuvo exenta de tensiones. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, Pyongyang desarrolló una política exterior más autónoma que la de sus predecesores. Los ensayos nucleares, las pruebas de misiles balísticos y la ejecución en 2013 de Jang Song-thaek —considerado por Pekín uno de sus principales interlocutores dentro del régimen norcoreano— deterioraron sensiblemente la confianza mutua. Durante varios años, Xi evitó reunirse con Kim y llegó incluso a visitar primero Corea del Sur, un gesto interpretado en Pyongyang como una humillación diplomática.

La reconciliación comenzó en 2018, cuando las sanciones internacionales y las dificultades económicas obligaron a Kim a buscar nuevamente el respaldo chino. Desde entonces, los contactos se intensificaron, aunque un nuevo factor alteró la ecuación: el acercamiento entre Pyongyang y Moscú tras la guerra de Ucrania. La firma de un tratado de defensa mutua entre Corea del Norte y Rusia en 2024 y el envío de tropas norcoreanas para apoyar a las fuerzas rusas transformaron profundamente la dinámica estratégica regional.

Precisamente por ello, muchos especialistas consideran que el objetivo principal de Xi durante esta visita fue recuperar influencia sobre un aliado que comenzaba a escapar parcialmente de la órbita china. El académico Ankit Panda ha señalado que Pekín busca garantizar que sus intereses estratégicos sigan protegidos en Corea del Norte mientras Moscú incrementa su presencia política y militar en el país. Una Corea del Norte excesivamente dependiente de Rusia reduciría la capacidad de China para moldear la evolución de la península coreana.

La dimensión económica del vínculo explica buena parte de esa preocupación. China continúa siendo, con diferencia, el principal socio comercial norcoreano. La mayor parte de las importaciones de alimentos, combustibles, maquinaria y bienes de consumo que llegan a Corea del Norte proceden del mercado chino. Las exportaciones chinas hacia Pyongyang alcanzaron recientemente niveles no observados desde antes de la pandemia, mientras se reactivaron conexiones ferroviarias y proyectos de cooperación económica suspendidos durante años.

Para Kim Jong-un, mantener una relación estrecha con Pekín sigue siendo una necesidad estratégica. Rusia puede proporcionar armamento, tecnología militar y apoyo político, pero carece de la capacidad económica para sustituir el papel que desempeña China como sostén estructural de la economía norcoreana. La supervivencia del régimen continúa dependiendo en gran medida del acceso al mercado chino y de la tolerancia de Pekín respecto a la aplicación de las sanciones internacionales.

No obstante, el aspecto más significativo de la visita se encuentra probablemente en el terreno de la seguridad. Uno de los elementos que más llamó la atención de los observadores internacionales fue el énfasis puesto por Xi en la ampliación de la coordinación estratégica, los intercambios militares y la cooperación en materia de seguridad. Más reveladora aún resultó la ausencia de referencias explícitas a la desnuclearización de la península coreana, un objetivo que China había defendido formalmente durante décadas.

Para analistas como Leif-Eric Easley o Lim Eul-chul, esta omisión puede interpretarse como una señal de que Pekín está adaptando su política a una nueva realidad: la aceptación tácita de Corea del Norte como potencia nuclear de facto. No significa necesariamente un respaldo abierto al programa atómico norcoreano, pero sí refleja que para China la prioridad actual es la estabilidad estratégica frente a Estados Unidos y sus aliados, incluso si ello implica convivir con una Corea del Norte nuclearizada.

La consolidación de una cooperación militar más estrecha entre China y Corea del Norte tendría consecuencias profundas para la seguridad regional. Washington, Seúl y Tokio observan con preocupación cualquier indicio de convergencia estratégica entre ambos países. Una coordinación más intensa podría fortalecer la capacidad de disuasión de Pyongyang y complicar los planes defensivos de Estados Unidos en el noreste asiático. Además, podría acelerar la integración de los sistemas de seguridad de Corea del Sur y Japón con las fuerzas estadounidenses, alimentando una nueva espiral de competencia militar.

La visita adquiere todavía mayor relevancia si se observa desde la perspectiva más amplia de Asia-Pacífico. Durante los últimos años, China ha enfrentado un entorno estratégico cada vez más hostil. Las alianzas impulsadas por Estados Unidos, la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Japón y Washington, el fortalecimiento de mecanismos como el Quad y las tensiones en torno a Taiwán han incrementado la sensación de cerco estratégico en Pekín.

En ese contexto, Corea del Norte adquiere un valor geopolítico extraordinario. Como ha señalado el investigador Victor Cha, para China resulta preferible mantener un Estado aliado, estable y fuertemente armado en su frontera nororiental antes que enfrentarse a la posibilidad de una península coreana unificada bajo influencia estadounidense.

La relación con Rusia constituye otro elemento central de esta ecuación. Aunque China y Rusia mantienen una asociación estratégica cada vez más estrecha, también existe una competencia silenciosa por la influencia en determinadas áreas de Eurasia. El acercamiento de Moscú a Pyongyang ha proporcionado a Kim Jong-un nuevas alternativas diplomáticas y económicas. Sin embargo, la visita de Xi puede interpretarse como un recordatorio de que China sigue considerando a Corea del Norte parte esencial de su esfera de influencia estratégica.

La interacción con India y Pakistán añade una dimensión adicional al análisis. China mantiene una estrecha asociación estratégica con Pakistán, considerado desde hace décadas uno de sus principales aliados en Asia. El corredor económico chino-pakistaní, la cooperación militar y la convergencia diplomática convierten a Islamabad en una pieza fundamental de la estrategia china para equilibrar el poder de India.

Nueva Delhi, por su parte, observa con creciente inquietud la consolidación de un espacio estratégico integrado por China, Rusia, Corea del Norte y Pakistán. Aunque India mantiene relaciones relativamente cordiales con Moscú y participa junto con China en foros multilaterales como los BRICS, la rivalidad sino-india continúa siendo uno de los principales factores de inestabilidad geopolítica en Asia. El fortalecimiento de los vínculos entre Pekín y Pyongyang puede ser percibido en Nueva Delhi como una nueva manifestación de la creciente capacidad china para proyectar influencia simultáneamente en varios frentes estratégicos.

Desde una perspectiva global, la visita de Xi Jinping a Corea del Norte refleja la emergencia de un mundo cada vez más multipolar. La reunión no representa la formación de una alianza ideológica homogénea comparable a los bloques de la Guerra Fría. Más bien simboliza la convergencia de intereses entre actores que comparten el objetivo de limitar la influencia occidental y promover una redistribución del poder internacional.

El propio Xi ha insistido reiteradamente en la necesidad de construir un orden mundial multipolar y de oponerse a lo que denomina hegemonismo. La visita a Pyongyang se inscribe plenamente en esa narrativa. Al mostrarse capaz de dialogar simultáneamente con Washington, Moscú y Pyongyang, el dirigente chino busca proyectar la imagen de una potencia indispensable para la estabilidad internacional y para la resolución de los principales conflictos globales.

Sin embargo, la apuesta entraña riesgos significativos. Un apoyo excesivo a Corea del Norte podría deteriorar aún más las relaciones de China con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. También podría alimentar la carrera armamentística regional y reforzar la percepción de que Pekín está liderando un bloque revisionista dispuesto a cuestionar las reglas internacionales vigentes.

La visita de Xi Jinping a Pyongyang, por tanto, no constituye simplemente un episodio más de la diplomacia asiática. Es una señal de que China está redefiniendo sus prioridades estratégicas en un entorno internacional marcado por la competencia entre grandes potencias. La recuperación de la influencia sobre Corea del Norte, la gestión de la relación con Rusia, el equilibrio frente a India y el fortalecimiento de su posición frente a Estados Unidos forman parte de una misma ecuación. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de la península coreana, sino también la configuración del equilibrio de poder que definirá el siglo XXI.