Durante décadas, la República
Islámica logró contener el descontento mediante una combinación de represión,
control social y una narrativa ideológica que prometía justicia, independencia
y dignidad frente a Occidente. En enero de 2026, ese andamiaje se encuentra
peligrosamente erosionado. Las protestas que sacuden Irán ya no son una simple
reacción emocional ni un estallido sectorial: son la expresión de un colapso
económico, político y moral que se extiende por todo el país.
Contenido:
Las
manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el corazón simbólico
del poder económico iraní, el Gran Bazar de Teherán. Comerciantes
tradicionalmente leales al régimen cerraron sus tiendas y salieron a la calle
cuando el Banco Central eliminó el tipo de cambio preferencial para
importadores, lo que disparó de un día para otro el precio de productos básicos
como el pollo, el aceite y el arroz. El rial, ya debilitado, se desplomó hasta
rondar los 1,4 millones por dólar, pulverizando salarios y ahorros. En cuestión
de horas, la protesta económica se transformó en una impugnación política.
Hoy,
más de cien ciudades y pueblos, desde las grandes metrópolis como Teherán,
Mashhad y Shiraz hasta localidades rurales y provincias kurdas del oeste, han
sido escenario de manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos estiman
que al menos entre 38 y 45 personas han muerto, centenares han resultado
heridas y más de 2.000 han sido detenidas. Los medios estatales apenas
reconocen cifras parciales y hablan también de bajas entre las fuerzas de
seguridad, lo que confirma que el nivel de violencia es elevado y sostenido.
El
trasfondo de esta rebelión es una economía devastada. La inflación anual supera
el 42 por ciento y en algunos rubros esenciales, como alimentos, alcanza cifras
cercanas al 70 por ciento. La sequía más grave en seis décadas ha reducido la
producción agrícola y obligado al racionamiento del agua. Las sanciones de
Estados Unidos y de Naciones Unidas, reimpuestas tras los ataques a
instalaciones nucleares iraníes en 2025, han congelado activos, paralizado
transacciones y reducido las exportaciones de petróleo. A todo ello se suma una
corrupción estructural que ha creado una élite obscenamente rica en medio de
una sociedad cada vez más empobrecida.
Lo
que distingue a estas protestas de otras anteriores es su composición social y
su tono político. A diferencia de 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini
encendió una revuelta liderada por mujeres y jóvenes urbanos, ahora el núcleo
inicial lo formaron comerciantes, trabajadores y sectores populares golpeados
por la inflación. Cuando el bazar, históricamente aliado del clero, se subleva,
el régimen pierde uno de sus pilares tradicionales. Y cuando en las calles se
escucha no solo “muerte al dictador” sino también “Pahlavi volverá”,
la crisis deja de ser coyuntural para convertirse en existencial.
La
respuesta del poder ha sido la esperada. La policía, la milicia Basij y la
Guardia Revolucionaria han utilizado gas lacrimógeno, munición real,
detenciones selectivas y asaltos a hospitales para capturar a manifestantes
heridos. Paralelamente, el régimen ha impuesto un apagón digital que redujo
drásticamente el acceso a internet y telefonía móvil, una táctica recurrente
para aislar a la población antes de una represión más amplia. El líder supremo,
Ali Jamenei, de 86 años, ha calificado a los manifestantes de “alborotadores”
y ha dejado claro que el Estado no dudará en emplear la fuerza. El presidente
Masoud Pezeshkian, de perfil reformista, intenta mantener una fachada de
moderación, llamando al diálogo y anunciando subsidios en efectivo que resultan
insignificantes frente al derrumbe del poder adquisitivo.
Desde
el exterior, la presión se intensifica. Donald Trump ha advertido que Estados
Unidos “golpeará muy duro” si Teherán masacra a manifestantes pacíficos,
mientras la Unión Europea ha expresado su respaldo al “valiente pueblo de
Irán”. Israel, que hace solo meses bombardeó territorio iraní, observa con
atención un estallido interno que podría cambiar el equilibrio regional.
En
este clima ha reaparecido con fuerza la figura de Reza Pahlavi, hijo del último
sha. Exiliado desde la Revolución Islámica de 1979, Pahlavi se presenta como un
líder secular, liberal y prooccidental, capaz de encarnar una transición
ordenada. No propone explícitamente restaurar una monarquía absoluta, sino más
bien una monarquía constitucional o un proceso que desemboque en una república
democrática. Sus mensajes, amplificados por canales satelitales y redes
sociales, han sido seguidos dentro de Irán por millones de personas, como
demuestran los cánticos y los llamados coordinados a gritar desde las ventanas
a una hora determinada. Para muchos iraníes, Pahlavi no simboliza tanto
nostalgia monárquica como la memoria de un Estado laico, económicamente integrado
al mundo y sin la tutela clerical.
Sin
embargo, Pahlavi no es la única figura posible en un escenario de transición.
En las cárceles iraníes se encuentran dirigentes reformistas de larga
trayectoria como Mostafa Tajzadeh, antiguo viceministro del Interior, que ha
pedido abiertamente la abolición de la teocracia y una reestructuración
democrática del sistema. Fuera del país, activistas de derechos humanos como
Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, se han convertido en símbolos de
resistencia cívica. En el ámbito religioso, algunos clérigos disidentes de Qom
han criticado la corrupción y la instrumentalización del islam por parte del
régimen. Ninguno de ellos tiene hoy una estructura política organizada, pero
todos representan semillas de una alternativa.
La
gran incógnita es el comportamiento de las fuerzas armadas y de la Guardia
Revolucionaria. Con más de medio millón de efectivos combinados y enormes
intereses económicos, estos cuerpos son el verdadero sostén del sistema. Si
permanecen cohesionados, el régimen puede sobrevivir incluso a una ola de
protestas masivas. Pero si una parte significativa decide no disparar o
negociar una salida, la República Islámica podría colapsar con sorprendente
rapidez.
En
un primer horizonte posible, el régimen logra imponer el orden a sangre y
fuego. El apagón digital se convierte en un cierre casi total, los líderes
informales son arrestados o ejecutados, y las calles quedan bajo control
militar. Irán seguiría existiendo como Estado, pero transformado en una
fortaleza sitiada, aún más aislada y dependiente de la coerción, con una
economía todavía más degradada y una población profundamente resentida.
En
otro escenario, más probable a medio plazo, la crisis se prolonga. Las
protestas no desaparecen del todo, sino que entran y salen en oleadas,
erosionando la autoridad del Estado y agravando la fuga de capitales y
cerebros. La República Islámica se convertiría en una suerte de Estado fallido
funcional, incapaz de ofrecer prosperidad ni legitimidad, sostenido únicamente
por la fuerza y por alianzas externas frágiles con Rusia o China.
Existe
también la posibilidad de una ruptura histórica. Si el deterioro económico se
vuelve insoportable, si las sanciones se endurecen y si una parte de las élites
militares o religiosas decide que Jamenei y el sistema ya no son sostenibles,
podría abrirse un proceso de transición. En ese contexto, figuras como Reza
Pahlavi, Tajzadeh o Mohammadi podrían converger en un frente amplio que
conduzca a un referéndum o a una asamblea constituyente. La restauración de la
dinastía Pahlavi no sería automática ni segura, pero el solo hecho de que se
grite su nombre en las calles de Irán ya indica que el monopolio simbólico de
la Revolución Islámica se ha roto.
Lo
que ocurre hoy en Irán es, en esencia, una lucha entre un régimen envejecido y
una sociedad agotada. La economía ha desnudado la fragilidad de una teocracia
que durante décadas se presentó como invencible. Puede que los ayatolás
sobrevivan a esta tormenta, pero incluso si lo hacen, ya no gobernarán el mismo
país. El miedo, que fue su principal aliado, ha comenzado a disiparse, y cuando
eso ocurre, la historia suele acelerarse.
Un
sunami que amenaza a todo Medio Oriente
Si
el régimen iraní colapsara o entrara en una transición profunda, el impacto no
se limitaría a las fronteras del país. Irán no es solo un Estado nacional: es
el centro ideológico, financiero y militar de un sistema de poder regional
construido durante cuatro décadas por la República Islámica. Hezbollah en
Líbano, las milicias chiíes de Irak, los hutíes en Yemen y buena parte de la
arquitectura militar del régimen sirio dependen, en distinto grado, de Teherán
para su financiamiento, su entrenamiento, su armamento y su legitimidad
religiosa. La caída del poder clerical en Irán sería, para todos ellos, un
golpe existencial.
Hezbollah,
el actor no estatal más poderoso de Medio Oriente, ha sido históricamente la
joya estratégica de Irán. Sin el flujo constante de dinero, armas y
asesoramiento que proviene de la Guardia Revolucionaria, su capacidad para
sostener una confrontación prolongada con Israel se vería severamente reducida.
Más aún, su narrativa de “resistencia islámica” perdería parte de su sustento
ideológico si el propio régimen que la promovió es derrocado por su pueblo. En
Irak, donde decenas de milicias chiíes operan bajo la tutela informal de
Teherán, un colapso iraní podría provocar una fragmentación caótica, con grupos
que busquen autonomía, alianzas con potencias regionales rivales o incluso una
integración forzada en el Estado iraquí.
En
Yemen, los hutíes también quedarían debilitados. Su guerra contra Arabia Saudí
y sus ataques contra el tráfico marítimo en el mar Rojo dependen en gran medida
del apoyo iraní, tanto material como político. Un Irán en transición,
concentrado en sus propias crisis internas y en normalizar relaciones con
Occidente, difícilmente podría sostener esa proyección de poder. El conflicto
yemení podría entonces entrar en una fase de negociación real, algo que hasta
ahora ha sido bloqueado por el respaldo estratégico de Teherán a los rebeldes.
El
equilibrio de poder en Medio Oriente cambiaría de manera profunda. Israel vería
disminuir la presión de su principal enemigo indirecto y podría enfrentar a
Hezbollah y a Hamás en un contexto menos hostil. Arabia Saudí y los Estados del
Golfo, que durante años han vivido bajo la sombra de la expansión iraní,
ganarían margen para consolidar su influencia. Turquía, por su parte,
intentaría ocupar parte del vacío geopolítico en Siria, el Cáucaso y Asia
Central. Estados Unidos y Europa, finalmente, tendrían una oportunidad
histórica para integrar a Irán en un sistema de seguridad regional más estable.
Pero
este reordenamiento no estaría exento de riesgos. La desarticulación del eje
iraní podría provocar guerras internas dentro de las milicias, luchas por el
control de rutas de contrabando y territorios estratégicos, e incluso nuevos
conflictos civiles en países ya frágiles como Irak, Líbano o Yemen. La caída de
un poder hegemónico raramente produce una paz inmediata; más bien abre un
período de incertidumbre en el que actores locales y regionales compiten por
redefinir el mapa.
Lo
que está en juego en las calles de Teherán, por tanto, no es solo el futuro de
la República Islámica, sino el de todo el sistema político y militar que
Irán ha construido desde 1979. Si ese sistema se derrumba, Medio Oriente
entrará en su transformación más profunda desde el final de la Guerra Fría. Y
por primera vez en décadas, ese cambio no estaría impulsado por ejércitos
extranjeros, sino por la presión de una sociedad iraní que ha decidido desafiar
al poder que durante una generación la gobernó con miedo y dogma.
