Creciente riesgo de una nueva escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán

  

Mientras las armas callan de forma provisional, el pulso estratégico en Oriente Próximo parece intensificarse en silencio. Informes de inteligencia, movimientos militares y declaraciones de alto voltaje político alimentan la hipótesis de que la tregua no es más que un interludio antes de una nueva fase del conflicto.

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Buenos Aires.- La aparente calma que siguió a la última tregua en la confrontación indirecta —y cada vez menos encubierta— entre Estados Unidos, Israel e Irán está lejos de ser interpretada como un paso hacia la distensión. Por el contrario, múltiples indicios sugieren que los actores implicados están utilizando este compás de espera para reforzar sus capacidades militares y redefinir sus objetivos estratégicos. La región, lejos de estabilizarse, podría estar entrando en una fase preparatoria de mayor intensidad bélica, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego informal que puso fin a la guerra de los doce días de junio de 2025 y por el temor a una reanudación de las hostilidades a gran escala.

Las señales más inquietantes provienen del propio terreno. Según información recogida por Defence Review, al menos seis aviones de carga procedentes de China habrían aterrizado en territorio iraní en días recientes con los transpondedores desactivados, lo que sugiere operaciones de transferencia de material sensible. Las sospechas apuntan a sistemas de defensa aérea y misiles, en un momento en que Teherán busca reforzar su vulnerabilidad frente a posibles ataques aéreos. Esta actividad se inscribe en un patrón más amplio de cooperación militar creciente entre Irán, Rusia y China, consolidado desde la guerra en Ucrania y el aislamiento internacional de Moscú, y que ha sido confirmado recientemente por el propio ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien admitió en una entrevista que su país recibe “cooperación militar” de ambos socios estratégicos, sin entrar en detalles pero subrayando la profundidad de los lazos políticos, económicos y defensivos.

A ello se suma la aparición, documentada por fuentes OSINT, de un sistema MANPADS ruso Igla-S en un acto público en Ahvaz, armamento no registrado previamente en los arsenales iraníes. Aunque la evidencia es aún fragmentaria, encaja con un patrón más amplio de cooperación militar creciente entre Irán, Rusia y China, que incluye no solo transferencias de tecnología de drones y misiles, sino también inteligencia satelital rusa para mejorar la precisión de los ataques iraníes y suministros chinos de componentes duales que fortalecen las capacidades de defensa y contraataque de Teherán.

En paralelo, la retórica oficial iraní ha endurecido su tono. Un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cualquier ataque a infraestructuras energéticas será respondido “con la misma moneda”, incluyendo la posibilidad de minar el estrecho de Ormuz o cerrar Bab el-Mandeb, dos arterias clave del comercio energético global. Esta amenaza no es retórica vacía: informes recientes de inteligencia estadounidense, recogidos por medios como Axios y CBS News, indican que Irán ya habría colocado nuevas minas navales en Ormuz en las últimas semanas —al menos una docena según estimaciones de Washington—, elevando el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una escalada inmediata y disruptiva para los mercados globales de energía. Expertos en seguridad marítima advierten que estas acciones, combinadas con la posible pérdida de control sobre algunas de las minas por parte de la propia Armada iraní, podrían prolongar el bloqueo efectivo del estrecho y generar un shock económico mundial con consecuencias impredecibles para los precios del petróleo y la estabilidad de las rutas comerciales.

Del lado israelí, las declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, no dejan margen a la ambigüedad. En un mensaje grabado, Katz afirmó que su país espera la “luz verde” de Washington para reanudar las operaciones militares contra Irán, anticipando una estrategia centrada en atacar infraestructuras energéticas críticas. “Las cosas serán diferentes ahora”, advirtió, prometiendo llevar a Irán “a la edad oscura” si fuera necesario. Estas declaraciones reflejan un cambio doctrinal significativo y se alinean con anuncios recientes del propio Katz, quien ha insistido en que los ataques conjuntos israelíes y estadounidenses contra el régimen iraní y sus infraestructuras “aumentarán significativamente” en los próximos días, con énfasis en objetivos simbólicos del poder estatal y mecanismos de represión interna. Israel parece considerar que la fase anterior del conflicto no logró sus objetivos estratégicos y que una nueva campaña debería centrarse en debilitar la base económica del régimen iraní, en lugar de limitarse a objetivos militares convencionales o a la guerra en la sombra.

Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en la región de forma visible. La llegada del portaaviones USS George H.W. Bush (CVN-77) al área de operaciones del Comando Central eleva a tres el número de grupos de ataque desplegados, junto al USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford. Esta concentración naval no tiene precedentes recientes fuera de contextos de guerra abierta y representa una demostración de fuerza sin parangón, destinada tanto a disuadir como a preparar posibles operaciones sostenidas de superioridad aérea y control marítimo. Además, la intercepción de un superpetrolero vinculado a exportaciones iraníes —el M/T Majestic X— en el océano Índico sugiere que Washington está ensayando doctrinas de control marítimo destinadas no solo a Teherán, sino también a enviar un mensaje estratégico a Pekín. La dimensión global del conflicto se hace así cada vez más evidente, con implicaciones que trascienden la región y afectan directamente a la seguridad energética mundial y al equilibrio de poder en el Indo-Pacífico.

En el plano regional, actores no estatales alineados con Irán también han elevado el tono. Hezbolá, a través de su dirigente Mahmoud Qamati, advirtió que cualquier reanudación de los ataques israelíes será respondida sin límites temporales, anticipando una guerra prolongada. Este posicionamiento refuerza la idea de que el conflicto podría expandirse rápidamente a múltiples frentes, desde el Líbano hasta Irak y Yemen, reactivando redes de proxies que, aunque debilitadas tras los enfrentamientos previos, siguen representando una amenaza asimétrica significativa.

Analistas internacionales coinciden en que la tregua actual presenta características clásicas de una “pausa operativa”. El exdiplomático estadounidense Dennis Ross ha señalado en diversas ocasiones que “las treguas en Oriente Próximo rara vez son preludios de paz; con frecuencia son intervalos para rearmarse”. En una línea similar, la experta del International Crisis Group, Ellie Geranmayeh, ha advertido que el actual equilibrio es “extremadamente frágil” y que cualquier incidente en el Golfo podría desencadenar una escalada de gran magnitud, con riesgos de un conflicto prolongado que genere conmociones económicas globales y altere el panorama de seguridad en toda la región.

Uno de los escenarios más inquietantes que emerge en este contexto es la posibilidad —todavía remota pero cada vez más discutida en círculos estratégicos— de que Estados Unidos contemple el uso de armas nucleares tácticas en caso de un conflicto abierto con Irán. Aunque ningún alto funcionario ha planteado públicamente esta opción, doctrinas militares estadounidenses prevén su empleo en situaciones de alta intensidad contra objetivos endurecidos o profundamente enterrados, como instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, expertos como Lawrence Freedman subrayan que el uso de este tipo de armamento tendría consecuencias geopolíticas “incalculables”, no solo por la respuesta iraní, sino por el impacto en la arquitectura global de no proliferación. En palabras del propio Freedman, “cruzar ese umbral transformaría un conflicto regional en una crisis internacional de primer orden”.

Por ahora, la disuasión sigue siendo el lenguaje dominante. Pero la acumulación de fuerzas, el endurecimiento del discurso, los indicios de rearme y la confirmación de apoyos externos a Irán sugieren que la tregua podría ser apenas una ilusión pasajera. En Oriente Próximo, donde la historia reciente está marcada por escaladas súbitas tras periodos de calma aparente, la pregunta no es tanto si se reanudarán las hostilidades, sino cuándo y con qué intensidad, en un tablero donde cada movimiento de los actores principales —y de sus aliados— redefine el delicado equilibrio entre contención y confrontación total.

 

Marruecos consolida apoyos latinoamericanos para su Plan de Autonomía en el Sáhara

 

La diplomacia marroquí ha encontrado en América Latina un terreno fértil para consolidar apoyos en torno a una de sus principales prioridades estratégicas: la resolución del contencioso del Sáhara.

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En ese tablero internacional, la reciente aproximación entre Marruecos y Ecuador marca un punto de inflexión que en Rabat se presenta ya como el inicio de una “nueva era” en las relaciones bilaterales, con implicaciones que trascienden lo estrictamente diplomático y se proyectan sobre la arquitectura geopolítica de las alianzas Sur-Sur.

El giro ecuatoriano no es menor. Tras retirar en 2024 su reconocimiento a la inexistente  República Árabe Saharaui Democrática, Quito ha ido alineando progresivamente su posición con la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, presentada en 2007 ante Naciones Unidas. En los últimos encuentros de alto nivel celebrados en Rabat, la ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, ha reiterado el respaldo de su país a esta iniciativa, calificándola como la única solución “seria, creíble y realista” para un conflicto que se prolonga desde hace décadas .

Este apoyo no se limita a una declaración política. Se traduce en decisiones concretas que reflejan una convergencia estratégica entre ambos países. Ecuador ha decidido extender su cobertura consular al territorio del Sáhara bajo administración marroquí y ha manifestado su voluntad de promover inversiones y proyectos económicos en la región, considerada por Rabat como una plataforma de conexión con África. La próxima visita del embajador ecuatoriano a las provincias del sur apunta precisamente a materializar esta cooperación en iniciativas tangibles.

El fortalecimiento de los lazos se inscribe en una dinámica más amplia impulsada por el rey Mohammed VI, cuya estrategia diplomática ha buscado diversificar alianzas más allá de los tradicionales socios europeos. Bajo su impulso, Marruecos ha desplegado una política activa hacia África y América Latina, basada en la cooperación económica, la proyección de estabilidad institucional y la promoción de grandes proyectos de integración regional. Ecuador, en este contexto, ha expresado abiertamente su “alto aprecio” por el liderazgo del monarca alauí en el continente africano y por las reformas estructurales emprendidas en el país magrebí .

La sintonía entre Rabat y Quito se apoya también en afinidades en materia de multilateralismo y seguridad. Ambos países han intensificado su coordinación en foros internacionales y han manifestado su voluntad de respaldar mutuamente sus candidaturas en organismos globales, en una lógica de reciprocidad que refuerza su peso diplomático. La apertura recíproca de embajadas y la futura creación de una comisión mixta económica y comercial consolidan una relación que aspira a traducirse en un aumento significativo de los intercambios y de las inversiones bilaterales .

En paralelo, el respaldo latinoamericano a la posición marroquí se ha visto reforzado por la República Dominicana, que ha reiterado en fechas recientes su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Durante un encuentro celebrado en el marco de la Unión Interparlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados dominicana, Alfredo Pacheco Osoria, subrayó la convicción de su país en la “credibilidad y pertinencia” de la propuesta marroquí, alineándose con las resoluciones del Consejo de Seguridad que consideran la autonomía como la vía más viable para resolver el conflicto .

Este respaldo, que se suma al de otros países del Caribe y de África, refuerza los argumentos de Rabat sobre el creciente consenso internacional en torno a su iniciativa. Desde la perspectiva marroquí, se trata de aislar progresivamente las posiciones favorables a los separatistas del Frente Polisario y consolidar un bloque de apoyos que legitimen sus derechos soberanos sobre sus “provincias del sur”.

La ofensiva diplomática marroquí combina así pragmatismo económico y activismo político. La cooperación con Ecuador ilustra esta doble dimensión: por un lado, la promoción de acuerdos de inversión, comercio y logística; por otro, la alineación en cuestiones clave de política exterior. La presencia de delegaciones empresariales, los proyectos de protección de inversiones y la articulación de mecanismos institucionales bilaterales reflejan la voluntad de transformar la afinidad política en resultados concretos.

En última instancia, la nueva etapa en las relaciones entre Marruecos y Ecuador no puede entenderse como un episodio aislado, sino como parte de una estrategia más amplia diseñada desde el Palacio Real de Rabat. Bajo el liderazgo de Mohammed VI, el país ha logrado tejer una red de apoyos que, desde África hasta América Latina, refuerzan su posición en el tablero internacional y reconfiguran el equilibrio diplomático en torno al Sáhara. En ese proceso, Ecuador emerge como un socio clave en la región andina, mientras que la República Dominicana consolida el anclaje caribeño de una política exterior que ha hecho de la diversificación y la persistencia sus principales señas de identidad.

 

África se alinea con Rabat: el plan de autonomía para el Sáhara gana terreno diplomático

 

El respaldo creciente de países africanos, reforzado desde el retorno de Marruecos a la Unión Africana y acompañado por señales de apoyo europeo, consolida el impulso internacional a una solución bajo soberanía marroquí

Buenos Aires — La cuestión del Sáhara, uno de los contenciosos más prolongados del sistema internacional, atraviesa una fase de renovado dinamismo diplomático en favor de Marruecos. El plan de autonomía presentado por Rabat ante Naciones Unidas, durante años defendido como una vía pragmática para cerrar el conflicto, está encontrando un respaldo cada vez más amplio en África, donde el regreso del reino a la Unión Africana en 2017 ha actuado como catalizador de una estrategia de reintegración política y económica que hoy comienza a rendir frutos visibles.

En las últimas semanas, dos países africanos han reiterado de manera explícita su apoyo a la posición marroquí, subrayando una tendencia que Rabat presenta como irreversible. La República Gabonesa reafirmó su respaldo a la “marroquinidad” del Sáhara y calificó el plan de autonomía como la única solución “creíble y realista”, en línea con la adopción de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, que consolida este enfoque como base de negociación.

En términos similares se pronunció Santo Tomé y Príncipe, cuya diplomacia reiteró su apoyo a la soberanía territorial de Marruecos sobre el Sáhara y destacó los avances socioeconómicos impulsados por Rabat en las denominadas Provincias del Sur, un argumento recurrente en la narrativa marroquí para legitimar su propuesta de autonomía.

Estos posicionamientos no constituyen episodios aislados. Forman parte de una estrategia más amplia desplegada por el rey Mohammed VI, basada en una intensa actividad diplomática en el continente africano, con acuerdos de cooperación, inversiones y una creciente red de alianzas políticas. Desde su retorno a la organización panafricana, Marruecos ha buscado reposicionarse como un actor clave en África occidental y central, desplazando progresivamente apoyos históricos al Frente Polisario y erosionando el reconocimiento de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.

El propio seno de la Unión Africana, tradicionalmente dividido sobre esta cuestión, refleja hoy un cambio de clima. Aunque la organización mantiene formalmente el reconocimiento de la falsa e inexistente RASD, la creciente alineación de varios de sus Estados miembros con la postura marroquí ha reducido sustancialmente el reconocimiento a esa entidad fantasma. Diplomáticos africanos reconocen en privado que la influencia económica y política marroquí ha alterado el equilibrio interno del bloque.

A este respaldo africano se suma ahora una señal significativa desde Europa. Durante una reciente visita a Rabat, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sostuvo que una autonomía “verdadera” podría representar una de las soluciones más factibles para resolver el conflicto. La declaración, respaldada por los 27 Estados miembros, supone un matiz relevante en la posición europea, que tradicionalmente se había mantenido más ambigua.

El respaldo europeo, aunque cuidadosamente formulado, coincide con la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que consolida el plan de autonomía como una base “seria, creíble y duradera” para las negociaciones. Este encuadre internacional refuerza la tesis marroquí de que la solución pasa por un compromiso político dentro de su soberanía, descartando otras opciones como el referéndum de autodeterminación, cada vez más relegado en la práctica diplomática.

El giro africano, en este contexto, adquiere una relevancia estratégica. Durante décadas, el apoyo de numerosos países del continente al Frente Polisario fue un pilar de legitimidad para la causa separatista. Hoy, sin embargo, la apertura de consulados en ciudades como El Aaiún por parte de varios Estados africanos y la reiteración de apoyos oficiales al plan marroquí evidencian una transformación profunda del tablero regional.

Rabat interpreta esta evolución como la confirmación de una “dinámica internacional irreversible”, fruto de una diplomacia que combina pragmatismo económico, presencia institucional y una narrativa centrada en la estabilidad regional. Sus críticos, en cambio, advierten que el conflicto sigue sin resolverse en términos de derecho internacional y que cualquier solución duradera deberá contar con el consentimiento de la población saharaui.

En medio de este pulso diplomático, el Sáhara continúa siendo un escenario donde se cruzan intereses geopolíticos, equilibrios regionales y estrategias de influencia. Lo que ha cambiado, y de manera notable, es el mapa de apoyos. África, que durante décadas fue terreno favorable a las tesis independentistas, parece inclinarse ahora, al menos en parte, hacia Rabat. Y ese desplazamiento, más que cualquier declaración puntual, podría terminar definiendo el desenlace de uno de los conflictos más longevos del continente.

 

Rabat se consagra como capital del libro: una feria internacional entre diplomacia cultural y posicionamiento global

 

La capital marroquí acoge en mayo la 31ª edición del Salón Internacional de la Edición y el Libro, con Francia como invitada de honor, en el marco de un ambicioso programa que la proyecta como Capital Mundial del Libro 2026 y símbolo de una estrategia cultural impulsada desde la más alta instancia del Estado.

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Buenos Aires - Rabat se prepara para convertirse, una vez más, en epicentro de la cultura escrita en el mundo árabe y africano. Entre el 1 y el 10 de mayo, la ciudad acogerá la 31ª edición del Salón Internacional de la Edición y el Libro (SIEL), un evento que este año adquiere una dimensión singular al integrarse en el programa más amplio de Rabat como Capital Mundial del Libro 2026, designación otorgada por la UNESCO. En este cruce de agendas, Marruecos despliega no solo una feria editorial de gran escala, sino una declaración de principios sobre el papel estratégico de la cultura en su modelo de desarrollo.

La edición de 2026 del SIEL, organizada bajo el Alto Patrocinio del rey Mohammed VI, contará con Francia como país invitado de honor, en un gesto que refleja la intensidad de las relaciones culturales entre ambos países. La participación francesa no será meramente simbólica: incluirá 125 actividades y la presencia de 15 escritores de primer nivel, entre ellos figuras de renombre internacional como Annie Ernaux. Esta presencia se inscribe en una dinámica de cooperación reforzada tras la destacada participación marroquí en el Festival del Libro de París en 2025, consolidando un eje cultural franco-marroquí basado en el intercambio intelectual y literario.

El SIEL de este año reunirá a 891 expositores procedentes de 61 países, con más de 130.000 títulos y alrededor de tres millones de ejemplares expuestos, cifras que confirman su posición como una de las mayores ferias del libro del mundo y la más importante del continente africano. La temática elegida, centrada en el relato de viajes y el legado del célebre viajero marroquí Ibn Battuta, añade una dimensión histórica y simbólica que conecta la tradición literaria con la apertura contemporánea.

Más allá de las cifras, el contenido del programa refleja una clara orientación hacia la democratización del acceso a la cultura. Encuentros con autores, debates, conferencias, talleres y actividades dirigidas a jóvenes buscan devolver el libro al centro de la vida pública, en un contexto marcado por la competencia de las nuevas tecnologías. La apuesta por la juventud será especialmente visible en el pabellón francés, concebido como un espacio de interacción directa entre escritores y lectores, en línea con la temática cultural del Instituto Francés de Marruecos.

Esta edición del SIEL no puede entenderse al margen del ambicioso programa Rabat Capital Mundial del Libro 2026, que se desarrollará entre abril de este año y abril de 2027 con más de 340 actividades. El proyecto articula una visión integral basada en cuatro ejes: el desarrollo de la industria editorial, la inclusión social, la mediación cultural y el fortalecimiento de alianzas. Se trata de una estrategia que trasciende la celebración puntual de eventos para aspirar a la creación de un ecosistema sostenible en torno al libro.

La designación de Rabat por parte de la UNESCO reconoce precisamente ese ecosistema en expansión: una red de 54 editoriales, un tejido creciente de librerías y una feria internacional que actúa como motor cultural. Pero también pone el acento en el impacto social de estas políticas, orientadas a mejorar la educación, promover la lectura entre jóvenes y mujeres, y combatir el analfabetismo en sectores desfavorecidos.

Durante la presentación oficial del programa, el ministro de Juventud, Cultura y Comunicación, Mehdi Bensaïd, subrayó que este reconocimiento internacional constituye “una proclamación del triunfo del saber” y una oportunidad para consolidar la cultura como un derecho accesible. Sus palabras reflejan una concepción de la política cultural como herramienta de cohesión social y proyección internacional, en la que el libro se convierte en vehículo de diálogo entre culturas.

Esa visión no es improvisada. Responde a una estrategia de largo plazo impulsada desde la jefatura del Estado. La política cultural de Marruecos sigue las directrices expresas del rey Mohammed VI, orientadas a situar la cultura en el centro del desarrollo nacional, no solo como patrimonio, sino como industria y como instrumento de diplomacia. Bajo su impulso, el país ha invertido en infraestructuras culturales —teatros, museos, bibliotecas— y ha promovido iniciativas destinadas a ampliar el acceso al conocimiento.

El propio Bensaïd ha señalado que esta dinámica responde a una “visión real” que concibe la cultura como motor económico y social, integrando las industrias creativas en el modelo de crecimiento. En este contexto, la feria del libro deja de ser un evento aislado para convertirse en plataforma de diálogo global, donde se cruzan editores, autores, lectores y responsables políticos.

El programa de Rabat Capital Mundial del Libro incluye iniciativas innovadoras como la creación de bibliotecas urbanas, actividades en espacios públicos y proyectos específicos para colectivos con acceso limitado a la lectura. La intención es clara: sacar el libro de los espacios tradicionales y convertirlo en un elemento cotidiano, accesible y compartido.

La dimensión territorial también juega un papel clave. Autoridades locales y regionales han subrayado la importancia de integrar la cultura en las estrategias de desarrollo, apostando por el libro como motor económico y atractivo turístico. En una ciudad con más de dos mil años de historia y reconocida como Patrimonio de la Humanidad, la cultura se presenta como puente entre tradición y modernidad.

En este entramado, el SIEL actúa como catalizador. Durante diez días, Rabat se transforma en un foro internacional donde se debaten ideas, se construyen redes y se proyecta una imagen de Marruecos como espacio de encuentro entre África, Europa y el mundo árabe. La elección de Francia como invitada de honor refuerza esta vocación de apertura, al tiempo que simboliza una relación cultural basada en la reciprocidad.

La edición de 2026, por tanto, no es solo una feria del libro. Es la expresión visible de una política cultural coherente, sostenida y profundamente estratégica. En un mundo marcado por tensiones identitarias y fragmentaciones, Rabat apuesta por la literatura como territorio común, donde el conocimiento se convierte en herramienta de entendimiento.

Así, entre pabellones repletos de libros y encuentros entre autores y lectores, Marruecos ensaya una narrativa propia: la de un país que hace de la cultura no solo un patrimonio, sino una promesa de futuro.

 

Londres se prepara para la guerra que no desea

El Reino Unido reactiva su maquinaria estratégica con determinación ante el temor de un conflicto de alta intensidad en Europa, mientras revive viejos manuales de movilización total en un continente que, una vez más, habla el lenguaje de la guerra.

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Buenos Aires - Trescientos años después de que la popular canción infantil “Mambrú se fue a la guerra” evocara con ironía la supuesta muerte del duque de Marlborough, John Churchill, el eco de aquella melodía resuena hoy con una literalidad inquietante. El Reino Unido, heredero de aquella tradición militar que forjó imperios y definió el equilibrio europeo, vuelve a prepararse para un escenario que muchos creían desterrado para siempre: una confrontación a gran escala en el Viejo Continente.

Este giro estratégico no es ni aislado ni improvisado. Se inscribe en un clima continental marcado por la prolongación indefinida de la guerra en Ucrania —que ya supera los cuatro años de hostilidades abiertas—, la creciente confrontación entre la OTAN y Rusia, y la percepción, cada vez más explícita entre los altos mandos militares, de que Europa ha entrado en una “zona gris” entre la paz y el conflicto armado. El primer ministro Keir Starmer ha sido taxativo al respecto. En marzo de 2026, durante una cumbre de defensa europea, advirtió que Occidente enfrenta una “guerra en dos frentes”: la persistente crisis en Ucrania y los crecientes focos de inestabilidad en Oriente Próximo, especialmente vinculados al conflicto iraní y sus ramificaciones regionales. “Tenemos que aceptar que hay una guerra en dos frentes —el conflicto iraní y el continuo conflicto ucraniano—”, declaró, subrayando la necesidad de una respuesta generacional ante un entorno de inseguridad profunda.

Este cambio de tono trasciende la mera retórica política. En los últimos meses, Londres ha acelerado un conjunto de medidas que, vistas en su conjunto, configuran un retorno a la lógica de la movilización nacional propia de las grandes guerras del siglo XX. Entre ellas destaca la actualización del llamado “Libro de Guerra” —un documento estratégico cuyos orígenes se remontan a la Primera Guerra Mundial y que estructuró la respuesta británica ante crisis de gran escala durante décadas—. La nueva versión, según ha detallado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el mariscal del Aire Sir Richard Knighton, no se limita al ámbito castrense. En un discurso pronunciado el 15 de diciembre de 2025 ante el think tank RUSI, Knighton presentó un ambicioso plan de preparación a gran escala para la nación, adaptado a las amenazas modernas y a una sociedad e infraestructuras contemporáneas. El documento incorpora lecciones de la Guerra Fría, de los conflictos recientes en Ucrania y de escenarios híbridos, contemplando desde la reorganización de hospitales y la protección de infraestructuras críticas (plantas energéticas, suministro de agua y redes de comunicación) hasta la movilización industrial y la preparación de la población civil para escasez, interrupciones energéticas, ciberataques o sabotajes.

Knighton ha sido una de las voces más insistentes y autorizadas en subrayar la gravedad del momento. “La relativa paz de la que ha disfrutado Gran Bretaña durante los últimos treinta años está cada vez más amenazada”, afirmó. En su intervención, instó a una “respuesta de toda la sociedad” que va más allá del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas: “Necesitamos más personas dispuestas a luchar por su país, tanto en el Ejército regular como en las reservas. Debemos construir capacidad industrial para reabastecer y rearmar, y desarrollar las habilidades que la industria de defensa necesita”. Sus palabras —“hijos e hijas, compañeros, veteranos… todos tendrán un papel que desempeñar. Construir, servir y, si es necesario, luchar”— evocan directamente el sacrificio colectivo de las grandes movilizaciones del pasado, pero actualizadas a un contexto donde la resiliencia nacional incluye universidades, industria energética, manufactura y el propio Servicio Nacional de Salud (NHS).

Sobre el terreno, esta preparación adopta formas concretas y visibles. Tropas británicas participan activamente en ejercicios de alta intensidad en el flanco oriental de la OTAN, especialmente en los países bálticos. En Estonia, por ejemplo, unidades del Ejército británico se han desplegado en la base de Tapa para maniobras como el Ejercicio Resolute Warrior 25 y Spring Storm 26, donde se ensayan escenarios de “guerra total” con Rusia: combate en trincheras, operaciones con munición real, simulaciones de enfrentamientos directos y guerra en entornos urbanos o árticos. Estos entrenamientos replican las lecciones aprendidas en Ucrania, con énfasis en la brutalidad extrema del combate moderno —trincheras, drones, guerra electrónica y ataques saturantes—. El general Richard Shirreff, excomandante adjunto de la OTAN en Europa, ha descrito estos escenarios con crudeza: se trata de una guerra “de extrema brutalidad”, comparable a los conflictos más devastadores del siglo XX. Paralelamente, el Reino Unido ha intensificado su presencia en el Alto Norte y el Ártico, duplicando el número de tropas en Noruega y participando en ejercicios conjuntos como Cold Response y Lion Protector 2026, donde se protegen infraestructuras críticas frente a posibles sabotajes rusos.

El esfuerzo británico se refleja también en el plano presupuestario y tecnológico. El Gobierno de Starmer se comprometió en febrero de 2025 a elevar el gasto en defensa hasta el 2,5 % del PIB en 2027 —tres años antes de lo previsto inicialmente—, con la ambición de alcanzar el 3 % en el próximo Parlamento (posiblemente antes de 2029, según exploraciones en curso en febrero de 2026). Este incremento, el mayor sostenido desde el fin de la Guerra Fría, equivale a unos 13.400 millones de libras adicionales anuales y se financia en parte mediante la reducción del gasto en ayuda internacional del 0,5 % al 0,3 % del ingreso nacional bruto. Los fondos se destinan a la modernización de capacidades clave: submarinos de ataque, sistemas nucleares, drones, guerra digital y, especialmente, la reconstrucción de la base industrial de defensa. En noviembre de 2025, el Ejecutivo anunció la construcción de al menos seis nuevas fábricas de municiones y energéticos (explosivos y propelentes), con una inversión inicial de 1.500 millones de libras en un “pipeline always on” que permitirá escalar la producción rápidamente en caso de necesidad. Parte de los 6.000 millones de libras destinados a municiones en esta legislatura servirán para fabricar hasta 7.000 armas de largo alcance en suelo británico, generando más de 1.000 empleos directos y posicionando a la industria de defensa como motor de crecimiento económico en todas las regiones del país.

Sin embargo, el Reino Unido no actúa en solitario. En todo el continente europeo se multiplican las señales de una preparación similar, aunque desigual en intensidad y enfoque. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha impulsado un servicio nacional voluntario de diez meses para jóvenes, con el objetivo de reforzar las reservas y proyectar disuasión. En Polonia, uno de los ejércitos más grandes de la OTAN, se ha implementado desde 2024 un programa de entrenamiento militar básico voluntario de un mes, ampliable a nueve o once meses para quienes deseen incorporarse. Alemania, que suprimió el servicio obligatorio en 2011, analiza la reintroducción de un modelo voluntario o por sorteo a partir de 2026, con exámenes médicos obligatorios para jóvenes de 18 años. Los países nórdicos, más expuestos geográficamente, lideran esta transformación. Suecia reactivó en 2017 un sistema de registro obligatorio para jóvenes de ambos sexos y desarrolla una estrategia de “defensa total” que involucra a toda la sociedad; Finlandia y Noruega mantienen desde hace décadas el servicio militar obligatorio, integrando a la población civil en la planificación de defensa. Dinamarca extendió la conscripción a las mujeres en julio de 2025, mientras que Estonia, Letonia y Lituania mantienen sistemas de reclutamiento activo.

Más llamativa aún resulta la preparación civil. Suecia ha distribuido manuales de crisis a todos los hogares, con instrucciones precisas sobre almacenamiento de alimentos, localización de refugios y respuesta ante ataques. Lituania y otros estados bálticos han elaborado guías similares. En contraste, las sociedades de Europa occidental, incluido el Reino Unido, aún muestran cierta resistencia psicológica a asumir plenamente la posibilidad de un conflicto de gran escala. Esa brecha de percepción preocupa a los estrategas. Knighton ha señalado que el Reino Unido “no percibe la amenaza con la misma intensidad” que algunos aliados orientales, lo que podría ralentizar la respuesta en un momento crítico. De ahí la insistencia en abrir un debate público sobre los costes de la defensa, la necesidad de una movilización más amplia y la formación de reservas y cadetes para fomentar una cultura de resiliencia nacional.

La posibilidad de una guerra directa entre Rusia y los países europeos sigue siendo, en términos estrictos, un escenario que todos los actores afirman querer evitar. Moscú niega intenciones ofensivas contra la OTAN y denuncia la expansión de la Alianza como una amenaza existencial. Sin embargo, la acumulación de tensiones —militarización progresiva, incidentes en el Báltico, ciberataques y guerra híbrida—, junto con la fragilidad de los equilibrios actuales, alimenta la preocupación de que un incidente o una escalada mal calculada pueda desencadenar un conflicto mayor. En este contexto, el Reino Unido parece decidido a no repetir los errores del pasado. La reactivación del “Libro de Guerra”, el aumento del gasto militar, la apuesta por fábricas de municiones y la apelación directa a la sociedad civil forman parte de una estrategia que busca anticiparse a lo impensable, haciendo del país un “objetivo más duro” para cualquier adversario.

Como en tiempos del duque de Marlborough, la guerra no es un destino deseado, pero sí una posibilidad que exige preparación rigurosa y colectiva. La vieja canción infantil hablaba de un regreso incierto. En la Europa de 2026, la pregunta no es solo quién irá a la guerra, sino si el continente será capaz de evitarla mediante disuasión creíble y unidad. Entretanto, en Londres y en otras capitales europeas, los preparativos avanzan con una determinación que revela hasta qué punto la historia, lejos de haber terminado, vuelve a reclamar su lugar con urgencia renovada. El desafío es claro: transformar la resiliencia en disuasión real, antes de que sea demasiado tarde.

Perú en la encrucijada: el país que nadie desea heredar

En vísperas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, Perú se encuentra ante un umbral delicado. El próximo presidente no recibirá un país en ruinas, pero tampoco uno en paz.

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Buenos Aires — El próximo presidente peruano heredará una nación suspendida en una tensión crónica: por un lado, la solidez macroeconómica que ha resistido turbulencias regionales; por el otro, un sistema político erosionado por una década de inestabilidad, con ocho jefes de Estado en diez años y una ciudadanía profundamente desconfiada. Quien asuma el mando en Palacio de Gobierno enfrentará un Estado con legitimidad debilitada, urgencias acumuladas y un margen de maniobra cada vez más estrecho.

Durante los últimos años, Perú ha vivido una crisis política casi permanente. Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022 hasta la presidencia de transición de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de protestas masivas, episodios de violencia y un Congreso ampliamente cuestionado por su fragmentación y su distancia de las demandas ciudadanas. La desconfianza hacia las instituciones se ha convertido en un rasgo estructural de la vida pública, alimentada por la percepción de corrupción endémica, la desconexión de las élites limeñas y la ausencia de resultados palpables en la vida cotidiana de millones de peruanos. Como advierte el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, esta inestabilidad no es un episodio pasajero, sino el resultado de un ciclo que se inició en 2016 con el rechazo a los resultados electorales y que ha dejado al país sin un sistema de partidos consolidado ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Sin embargo, en el terreno económico, Perú sigue exhibiendo algunos de los fundamentos más robustos de América Latina. La disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y el peso estratégico de la minería han permitido esquivar desbordes inflacionarios o crisis de deuda como las que han golpeado a otros países de la región. Proyecciones recientes del Banco Mundial estiman un crecimiento moderado del 2,7 % para 2026, impulsado principalmente por la inversión minera y la cartera de infraestructura, aunque con riesgos asociados a cuellos de botella estructurales.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, es más optimista y proyecta un promedio anual del 3,2 % entre 2026 y 2029, sustentado en grandes proyectos mineros y asociaciones público-privadas. No obstante, esa estabilidad macroeconómica convive con realidades menos alentadoras: un crecimiento todavía débil para generar empleo de calidad, una informalidad que sigue afectando a más del 70 % de la fuerza laboral y una pobreza que, aunque reducida en la última década, ha repuntado tras la pandemia y sigue dejando brechas profundas en salud, educación e infraestructura.

El próximo presidente deberá gobernar, además, un territorio socialmente fragmentado. Las regiones andinas y amazónicas continúan denunciando un abandono estatal histórico, mientras que en Lima se concentran las decisiones políticas y económicas. Este desequilibrio territorial ha sido uno de los motores principales de las protestas más intensas de los últimos años, que dejaron decenas de muertos y heridas abiertas entre el Estado y amplios sectores de la población. Informes recientes del Observatorio de Conflictos Sociales registran hasta 257 protestas en un solo mes, lo que refleja una conflictividad que no cesa y que exige respuestas urgentes más allá de la mera contención.

Las urgencias de un país en tensión

La primera tarea del nuevo Gobierno será reconstruir la legitimidad del poder político. Sin una base mínima de confianza ciudadana, cualquier reforma estará condenada al bloqueo o al rechazo frontal. Para ello, expertos como la politóloga Milagros Campos Ramos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coinciden en la necesidad imperiosa de impulsar una reforma institucional profunda que redefina el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, reduzca la fragmentación partidaria —evidenciada en los 35 candidatos que compiten en estos comicios— y establezca reglas claras para evitar la reiterada crisis de gobernabilidad que ha marcado la última década.

En paralelo, la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. El avance del crimen organizado, especialmente vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, ha erosionado la sensación de orden en varias regiones del interior del país. El próximo presidente deberá fortalecer a la Policía Nacional y al sistema judicial, pero también atacar las raíces económicas de estas actividades ilícitas, que se alimentan precisamente de la informalidad y la falta de oportunidades formales.

Otro frente ineludible será la reactivación económica con inclusión social. No bastará con mantener los equilibrios macroeconómicos: será necesario generar empleo formal, mejorar la productividad y cerrar brechas históricas en educación, salud e infraestructura. La inversión pública, largamente rezagada por la inestabilidad política, deberá convertirse en un motor real de desarrollo, especialmente en las zonas más postergadas del país.

Asimismo, el país enfrenta el desafío de redefinir su modelo de desarrollo en torno a sus recursos naturales. La minería seguirá siendo clave —con una cartera de proyectos que promete dinamizar la economía en los próximos años—, pero las tensiones socioambientales exigen nuevas formas de diálogo con las comunidades, mayor transparencia en la distribución de beneficios y una gestión más equitativa de los impactos.

Un margen de error reducido

El próximo presidente no tendrá el lujo del tiempo. La impaciencia social, acumulada tras años de promesas incumplidas y gobiernos efímeros, reducirá rápidamente el capital político inicial. Cualquier señal de continuidad con las prácticas cuestionadas del pasado podría reactivar de inmediato la conflictividad latente. A ello se suma un escenario internacional incierto, con riesgos de desaceleración global y volatilidad en los precios de los minerales, que siguen siendo el pilar de las exportaciones peruanas. La capacidad del nuevo Gobierno para navegar ese contexto dependerá tanto de su pericia técnica como de su habilidad para construir consensos en un Congreso fragmentado, donde, según el analista Paolo Sosa, es probable que el Legislativo mantenga un rol dominante y complique aún más la gobernabilidad.

Gobernar bajo la sombra de los tribunales

Pero hay un factor adicional que convierte la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo político y personal: la suerte judicial de quienes han ocupado el poder. En las últimas décadas, varios expresidentes han sido investigados, procesados o encarcelados por causas de corrupción, en particular a raíz del escándalo de Odebrecht, que atravesó transversalmente al sistema político.

Casos como los de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción; Alejandro Toledo, extraditado y procesado; Ollanta Humala, investigado por financiamiento ilícito; o Pedro Pablo Kuczynski, bajo arresto domiciliario, han configurado una imagen inquietante: la presidencia como antesala de los tribunales. Incluso el suicidio de Alan García en 2019, cuando iba a ser detenido, marcó un punto de inflexión simbólico en la relación entre política y justicia. Desde entonces, el poder en Perú no solo se mide en términos de capacidad de gobernar, sino también en la exposición permanente al escrutinio judicial.

Este escenario tiene efectos ambivalentes. Por un lado, refleja un sistema judicial más activo y una sociedad menos tolerante con la corrupción. Por otro, introduce incentivos perversos: decisiones de gobierno condicionadas por el temor a futuras investigaciones, parálisis administrativa ante el riesgo de sanciones y, en algunos casos, el uso político de la justicia como herramienta de disputa. Asumir la presidencia en un país con tantos expresidentes presos o procesados implica un riesgo personal y político sin precedentes: el nuevo mandatario no solo heredará un Estado frágil, sino que se convertirá en blanco potencial de una justicia que, aunque necesaria para combatir la impunidad, puede convertirse en un instrumento de desgaste o venganza. Analistas coinciden en que este “efecto disuasivo” ahuyenta a perfiles técnicos y reformistas, favorece candidaturas populistas y condiciona la toma de decisiones, ya que cada acto de gobierno debe blindarse contra posibles futuras investigaciones. El resultado es una gobernabilidad aún más precaria, donde la audacia reformista choca con la prudencia defensiva.

Entre la oportunidad y el desgaste

Perú ha demostrado, a lo largo de su historia reciente, una notable capacidad de resistencia. Pero esa resiliencia tiene límites. Las elecciones de 2026 no solo definirán un nuevo liderazgo, sino que pondrán a prueba la posibilidad de encauzar institucionalmente un malestar profundo que ya no admite más prórrogas.

El próximo presidente no partirá de cero: heredará un país con fortalezas indudables —desde su potencial minero hasta su estabilidad macroeconómica— pero también con fracturas evidentes que demandan acción inmediata. Su desafío será convertir esa tensión persistente en un punto de inflexión hacia la estabilidad y no en el preludio de una nueva crisis. En ese delicado equilibrio se jugará no solo el éxito de su mandato, sino el rumbo mismo del Perú en los años por venir.

 

Europa y Estados Unidos refuerzan su respaldo al Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara

La creciente adhesión internacional a la propuesta de un Plan de Autonomía para la región del Sáhara presentada por Rabat consolida la estrategia exterior de Marruecos, que bajo el liderazgo del rey Mohammed VI ha logrado situar su iniciativa como la única opción realista y posible para terminar con el diferendo artificial en el Sáhara.

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Buenos Aires.— La cuestión del Sáhara, uno de los conflictos más prolongados del escenario internacional contemporáneo, atraviesa una fase de inflexión marcada por un cambio paulatino pero sostenido en las posiciones de actores clave. En los últimos días, el respaldo explícito de Países Bajos y la reiteración del apoyo de Estados Unidos, a través de su embajador en Rabat, Richard Duke Buchan III, han vuelto a situar el plan de autonomía propuesto por Marruecos en el centro de la agenda diplomática internacional.

El pronunciamiento neerlandés no ha sido ambiguo. Durante una visita oficial a Rabat, el ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, afirmó que una autonomía “real” bajo soberanía marroquí constituye la solución “más factible” al diferendo. La declaración, recogida en un comunicado conjunto tras su encuentro con Nasser Bourita, va más allá de una mera expresión de apoyo político: implica una disposición a actuar en consecuencia tanto en el plano diplomático como económico, en consonancia con el derecho internacional.

Este posicionamiento se inscribe en una tendencia más amplia dentro de Europa, donde la percepción del conflicto ha evolucionado desde esquemas rígidos heredados de la Guerra Fría hacia enfoques pragmáticos centrados en la estabilidad regional. En ese contexto, el plan marroquí —que propone una amplia autonomía para el territorio sahariano bajo soberanía de Rabat, reservando al Estado competencias en defensa, política exterior y moneda— ha ganado terreno como alternativa “seria, creíble y realista”, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La dimensión transatlántica de este respaldo resulta igualmente significativa. En Marrakech, en el marco de un foro económico internacional, el embajador estadounidense reafirmó que Washington considera el plan marroquí como una vía hacia la resolución del conflicto y la prosperidad regional. Sus palabras no solo reflejan la continuidad de la posición estadounidense, sino que introducen un elemento clave: el interés creciente del sector privado. Según Buchan, empresas estadounidenses observan en el Sáhara un espacio de oportunidades “ilimitadas”, lo que añade una dimensión económica a una cuestión tradicionalmente dominada por consideraciones políticas y jurídicas.

Este cruce entre diplomacia e inversión ilustra uno de los pilares de la estrategia marroquí. Lejos de limitarse a la defensa de su soberanía, Rabat ha promovido activamente el desarrollo económico de sus “provincias del sur”, atrayendo capital extranjero en sectores como las energías renovables, el turismo o las infraestructuras. La narrativa de prosperidad compartida ha sido cuidadosamente integrada en su acción exterior, reforzando la idea de que la autonomía no solo es una solución política, sino también un proyecto de crecimiento económico e integración territorial.

El creciente respaldo internacional no puede entenderse sin tener en cuenta la coherencia y continuidad de la diplomacia marroquí en los últimos años. Bajo las directrices de Mohammed VI, Marruecos ha desplegado una estrategia multifacética que combina relaciones bilaterales intensificadas, presencia activa en foros multilaterales y una política africana dinámica. La labor de su cuerpo diplomático, encabezado por Bourita, ha sido decisiva para traducir esa visión en apoyos concretos.

Más de un centenar de países han expresado ya su respaldo, explícito o implícito, al Plan de Autonomía. Entre ellos figuran potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania o España, así como actores relevantes del mundo árabe y africano. Este consenso creciente contrasta con la posición defendida por los separatistas del Frente Polisario, que abogan por un referéndum de autodeterminación y cuentan únicamente con el apoyo de Argelia.

En el seno de Naciones Unidas, el giro también es perceptible. Las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad han reforzado la centralidad de la propuesta marroquí como base para una solución política negociada, al tiempo que respaldan los esfuerzos del enviado personal del secretario general, Staffan de Mistura. Sin embargo, el proceso sigue enfrentando obstáculos estructurales, entre ellos la falta de consenso pleno entre las partes implicadas y las tensiones regionales persistentes.

La evolución de la postura neerlandesa resulta particularmente reveladora. Tradicionalmente alineado con las posiciones europeas más cautelosas, el Gobierno de La Haya ha optado ahora por un apoyo más definido, reconociendo no solo la viabilidad del plan marroquí, sino también el papel de Marruecos como actor clave en la estabilidad regional. Este reconocimiento se produce en un contexto de relaciones bilaterales reforzadas, que abarcan ámbitos como la seguridad, la justicia y la gestión migratoria.

En paralelo, la implicación estadounidense añade peso geopolítico al proceso. Más allá del respaldo político, el énfasis en las oportunidades económicas sugiere una convergencia de intereses que podría acelerar la consolidación del plan marroquí como marco de referencia internacional.

A medida que se acumulan los apoyos, el conflicto del Sáhara parece desplazarse desde un terreno de confrontación ideológica hacia uno de realismo político. En ese tránsito, Marruecos ha logrado posicionar su propuesta como el punto de encuentro posible entre soberanía, autonomía y desarrollo. El desafío, ahora, reside en traducir ese consenso creciente en una solución efectiva que cierre definitivamente una de las disputas más longevas del siglo XX.